Marcha de los días: Federalismo en serio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en casi tres años de mandato venía sorteando diversos escándalos políticos. Ahora pareciera que no podrá evitar el inicio de un juicio político o impeachment, como se conoce en el país del norte. Esta semana se puso en marcha una investigación para dar inicio a ese proceso y si es posible, avanzar hacia el juicio político que debe llevarse a cabo en el Congreso, con vistas a una posible destitución del mandatario estadounidense. La presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció el martes el inicio de las investigaciones para realizar un juicio político contra el presidente Donald Trump. 

La investigación comenzó por solicitud de congresistas demócratas tras filtrarse una charla en la que supuestamente Trump presionó al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, para obtener información comprometedora sobre el demócrata Joe Biden, uno de sus oponentes políticos de cara a las elecciones del próximo año. En su defensa, Trump y sus seguidores alegan que Biden, que fue vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama, utilizó su influencia política para salvar de una investigación criminal a su hijo Hunter Biden, quien fue miembro ejecutivo de una importante empresa energética en Ucrania. Es decir, aunque Trump reconoció que sí habló sobre Biden y su hijo con Zelensky, descartó que fuese en los términos por los que se abrió la investigación para iniciar un potencial proceso de impeachment. Las crónicas indican que la conversación telefónica en cuestión tuvo lugar entre Trump y Zelensky el pasado 25 de julio, y que durante el diálogo se alega que el presidente estadounidense presionó a su homólogo en Ucrania para que investigase a Joe Biden. Según la acusación, para presionarle se habló de los 250 millones de dólares que el Congreso de Estados Unidos había aprobado destinar a Ucrania y cuyo envío fue retrasado hasta mediados de septiembre. 

La presidenta de la Cámara de Representantes dio comienzo a la investigación al considerar que Trump traicionó su juramento al cargo y que sus acciones violaron la Constitución. Es que el proceso debe ser iniciado por ese ámbito legislativo y, para concretarlo, necesita de una mayoría simple para ser activado; es decir, el 51% por ciento del voto de los miembros. La situación es más compleja al llegar al Senado, donde se requiere de una supermayoría, es decir que se pongan de acuerdo como mínimo el 67% de los miembros. Estas exigencias hicieron que en la historia institucional de los Estados Unidos, sólo un grupo reducido de presidentes fueran llevados a juicio político, pero sin que se llegara a concretar la destitución. El caso más reciente fue el de Bill Clinton. En la Cámara se avanzó, pero en el Senado se estuvo lejos de conseguir los votos requeridos para apartarlo del cargo. Estuvo más cerca Andrew Johnson. Faltó un solo voto para que destituyeran a quien ocupó el máximo cargo de ese país, por dos períodos hace 151 años. Tampoco prosperó contra Richard Nixon. 

Los motivos que pueden llevar a la destitución de un presidente, según lo establece la Constitución estadounidense, es si es condenado por traición, soborno u otros crímenes o delitos graves.  Todo en medio de los movimientos preelectorales, con Trump intentará lograr su reelección el año que viene. Por ahora, todos los sondeos le dan perdedor en un eventual enfrentamiento electoral con Joe Biden, el favorito de los demócratas. En cuanto al impeachment, representa el inicio de un camino incierto, y mientras dure el proceso, que en los tres casos promedió cerca de 100 días, la espada de Damocles penderá esta vez sobre la cabeza de Trump y habrá que ver los efectos colaterales, tanto para demócratas como pata republicanos. 

Aquarela do Brasil

Mientras el presidente del país más poderoso del mundo está en serios problemas, en la tierra del samba y la pandereta otro ex mandatario podría quedar en libertad si se anulara la sentencia en su contra. Se trata del ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. El Supremo Tribunal Federal de ese país concluyó que el ex juez Sergio Moro violó el derecho de defensa en decenas de condenas, lo cual podría beneficiar al ex mandatario, preso desde el 7 de abril de 2018 en una celda de la Policía Federal en Curitiba. El fallo representa un golpe duro para el proceso judicial que fue conocido como la operación anticorrupción más grande de la historia, liderada en ese momento por el juez Moro. 

La Fiscalía había considerado culpable a Lula de recibir un departamento supuestamente como coima de la constructora OAS. El líder del Partido de los Trabajadores que gobernó Brasil ya está en condiciones de hacer uso del arresto domiciliario, tanto por buen comportamiento como por haber cumplido un sexto de la pena impuesta por parte de los quince fiscales de la operación Lava Jato. Pero Lula busca que la Corte reconozca la manipulación del caso, sobre todo tras las revelaciones de supuesta corrupción judicial en Lava Jato. Publicaciones del sitio The Intercept afirman que Moro y los fiscales presionaron a los arrepentidos e incluso llegaron a fraguar pruebas a fin de condenar, a como diese lugar, a Lula da Silva. Se destacó que uno de los casos más sonados es el del empresario Leo Pnheiro, de la constructora OAS, el principal acusador del ex mandatario, quien para tener una condena más corta modificó varias veces su relato, carente de pruebas. Todas las pruebas y datos aportados por The Intercept complican aún más a Moro y podrían darle la libertad a Lula.

En la recta final

En la Argentina se comienzan a transitar las últimas cuatro semanas antes de las elecciones generales que podrían ser definitivas. A 28 días de los comicios, el escenario político poco se ha modificado al menos para el gobierno de Mauricio Macri. Desde las elecciones  primarias de agosto, todos los indicadores fueron negativos y empeorando en lo económico. Como se destacó en numerosas oportunidades en esta columna, el gobierno prefería hablar de la nada misma por recomendación del asesor ecuatoriano Jaime Duran Barba, a fin de evitar tocar el tema económico. Representó uno de los grandes errores cometidos por la administración nacional, porque a la gente sí le interesa lo que sucede día a día con la economía, porque la sufre de manera cotidiana. 

Así se refleja con lo que sucede con el comportamiento de las divisas. En septiembre de 2017 se necesitaban 17,7 pesos para comprar un dólar, contra un promedio de 60 pesos ahora. Lo mismo en el momento de concurrir a un supermercado, donde se notan los efectos de la inflación, estimada por encima del 55% anual. En el último año aumentaron la pobreza, el desempleo y el cierre de empresas.

En cuanto a la deuda externa, es una carga pesada para la economía nacional. Datos oficiales indican que los vencimientos en dólares se duplicaron desde 2017. Como se recordará, este gobierno endeudó al país en 57.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. El 22% del préstamo del Fondo aún debe ser desembolsado. Son 5.400 millones de dólares, cuyo pago estaba previsto para mediados de mes, más cinco pagos trimestrales de unos 1.000 millones cada uno hasta finales de 2020. Todo ese desembolso está frenado y sería hasta definirse quién será el nuevo presidente en el país. Es que el pago de la deuda representa uno de los principales condicionantes para el gobierno que asuma en diciembre. De hecho, Macri ya asumió que no podía pagar y pidió más tiempo, aplicando el llamado reperfilamiento de la deuda, que en términos reales, según hay coincidencia entre economistas de la oposición, se trata lisa y llanamente de un default. El FMI no liberó los 5.400 millones de dólares y todo indica que aguardará el resultado de las elecciones de octubre para hacerlo. Es que para entonces, se podría ratificar el triunfo de agosto de Alberto Fernández, que superó en esa oportunidad a Macri por más de 4 millones de votos. 

En lo estrictamente electoral, ayer Macri relanzó su campaña con marchas por 30 ciudades. El segmento elegido por ahora son los incondicionales, el núcleo duro del macrismo. Para intentar forzar el balotaje, será necesario convencer a votantes del Frente de Todos para que cambien su voto hacia Juntos por el Cambio. Por lo que sucedió en las Paso, sumado a los desaciertos políticos y económicos posteriores, esa idea se torna improbable. Pero en política, hasta que no se cuenten los votos, todo es posible.  

Pago de deuda a la uruguaya

De ser electo como presidente, Alberto Fernández insinuó cómo sería afrontar el pago de la deuda con el FMI. Sostuvo que lo haría a la uruguaya, es decir, con extensión de plazos pero sin la quita de capital que caracterizó al canje de bonos impuesto durante el kirchnerismo. Afirmó, eso sí, que se necesita tiempo para crecer, dando cuenta que se solicitaría más plazo para empezar a pagar esta carga pesada. En cuanto al plan que estaría analizando aplicar Fernández, es el modelo que implementó Uruguay en el 2003, cuando estaba muy golpeado por la crisis y resolvió posponer durante cinco años todos los vencimientos del 40% de los bonos, al mismo interés y sin quita de capital. Pero al mismo tiempo hizo un duro ajuste, con devaluación de la moneda incluida y el sacrificio de sectores públicos, pero logró ordenar las cuentas a largo plazo.

Aunque paradójico, Macri se quejaba de la administración anterior, pero ahora él dejará un Estado con mayores problemas. Es decir, el que viene efectivamente tendrá una “pesada herencia” y sin tanto tiempo para resolverla. De hecho, en esta administración, con la excusa del “gradualismo”, se avanzó con un endeudamiento extremo, porque “pasaron cosas” muy negativas, y aún más, “lo peor está pasando”.

Un país descentralizado

Con este panorama, el desafío que deberá enfrentar Fernández, de ser electo presidente, es importante. Por tal razón, el candidato del Frente de Todos avanzó esta semana en concretar alianzas con los gobernadores en una reunión concretada en Mendoza. Se insinuó allí un nuevo esquema de poder sobre lo que imagina gobernaría Fernández, quien anunció en presencia de mandatarios actuales o electos, como el caso del misionero Oscar Herrera Ahuad, que pretende hacer realidad el federalismo, que hasta ahora existió siempre sólo en los discursos de los presidentes. Pretende gobernar junto a todos los gobernadores. 

Detalló que comenzaría con un modelo de capital rotativa, con reuniones de gabinete fuera de la capital federal. En el caso de Misiones, la ciudad elegida para este encuentro sería Oberá. Es que por definición, la República Argentina es un estado federal constituido por 23 provincias y una ciudad autónoma. A pesar de que es cierto que cada provincia tiene sus leyes propias y control sobre sus políticas de Estado, del desarrollo macro dependen los fondos del Estado nacional. Por ahora, el poder económico y político está claramente concentrado en Buenos Aires, donde vive el 40% de la población argentina. Y eso que el sistema federal está contemplado en la Constitución. Además, al menos 14 provincias argentinas preexistieron a la Nación, pero ningún presidente hizo cumplir acabadamente el federalismo. 

Ahora Fernández prometió que lo primero en implementar, en caso de llegar a la Casa Rosada el próximo 10 de diciembre,  será una política de descentralización de la administración pública nacional, que garantizará la presencia mensual del gabinete nacional en todo el país. La propuesta tuvo muy buena acogida entre los gobernadores, como sucedió con el electo de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, que en ese momento acompañaba a Alberto Fernández en Mendoza. De llegar Fernández a la presidencia y concretar esta iniciativa, representará un paso trascendente y una  reparación histórica que permitirá determinar e impulsar prioridades. Afirman que además se comprometió a respetar las decisiones soberanas del pueblo, representado por los gobiernos provinciales. Como se indicó, de ser electo deberá lidiar con una pesada herencia y necesitará el acompañamiento de los gobernadores, como estos requieren una seria federalización para ayudar a poner de nuevo en pie al país.