Concejo Deliberante

Oberá actualiza la norma para regular las antenas de telecomunicaciones

La ordenanza crea el Registro Municipal de Infraestructura de Telecomunicaciones, que permitirá identificar y georreferenciar las instalaciones.

El Concejo Deliberante de Oberá aprobó, durante la 32° Sesión Ordinaria, la Ordenanza que establece un nuevo régimen integral para la localización, instalación, habilitación, registro, mantenimiento y desmantelamiento de estructuras de soporte de telecomunicaciones, antenas e instalaciones complementarias en el ejido municipal.

La normativa aprobada, reemplaza las Ordenanzas N° 033/2007 y N° 051/2007, con el objetivo de actualizar un marco regulatorio que había quedado desfasado frente a los avances tecnológicos y la expansión de los servicios de conectividad.

El proyecto fue trabajado durante casi un año en el ámbito de las comisiones del Concejo Deliberante, con la participación de profesionales especializados y representantes del sector, a fin de abordar los distintos aspectos técnicos, urbanísticos y administrativos que comprende esta actividad.

Al respecto, el presidente del Concejo Deliberante, Pablo Ullón, explicó que la iniciativa surgió a partir de una solicitud presentada en octubre del año pasado por una empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones. A partir de allí, se desarrollaron reuniones y consultas con especialistas, entre ellos el ingeniero en Telecomunicaciones Juan Cruz Mirgone y Francisco Stevenson.

“Sabíamos que la ordenanza del año 2007 había quedado un poco obsoleta y por eso empezamos a trabajar en esto. Después de casi un año de debate y consultas, llegamos a una ordenanza integral, que abarca todos los aspectos y que va a perdurar en el tiempo”, señaló Ullón.

Entre los principales aspectos de la nueva regulación se encuentra la clasificación de las infraestructuras según sus características, contemplando desde grandes torres y antenas instaladas sobre edificios hasta pequeñas celdas, sistemas distribuidos y estructuras mimetizadas con el entorno urbano. Asimismo, establece procedimientos diferenciados y simplificados para aquellas instalaciones de menor impacto.

La ordenanza también crea el Registro Municipal de Infraestructura de Telecomunicaciones, que permitirá identificar y georreferenciar las instalaciones, conocer a sus titulares y operadores, y realizar un seguimiento de las habilitaciones, modificaciones e inspecciones.

En materia de control, establece que los responsables deberán garantizar el mantenimiento y la seguridad estructural de las instalaciones, actualizar la documentación correspondiente y comunicar cualquier modificación significativa. Además, contempla inspecciones municipales, medidas preventivas y un régimen de infracciones y sanciones económicas ante incumplimientos.

Otro de los puntos abordados es la integración urbana y paisajística, promoviendo la compartición de estructuras para evitar la proliferación innecesaria de torres y reducir el impacto visual.

Respecto de las competencias, Ullón aclaró que la Municipalidad tendrá intervención en el emplazamiento de las estructuras, las condiciones urbanísticas, la seguridad y las inspecciones, mientras que las cuestiones vinculadas al espectro radioeléctrico, las frecuencias y las radiaciones no ionizantes continúan bajo jurisdicción nacional.

Por su parte, el ingeniero en Telecomunicaciones Juan Cruz Mirgone, quien participó como asesor técnico en la elaboración del proyecto junto a los concejales, destacó la necesidad de incorporar los avances registrados en las últimas dos décadas.

“Desde 2007 hasta ahora surgieron nuevas tecnologías, como 3G, 4G y actualmente el 5G, además de proveedores de Internet que brindan servicios inalámbricos mediante antenas. Había varias cuestiones que quedaban excluidas de la normativa anterior y la idea fue actualizarnos y abarcar estos nuevos servicios y tecnologías”, explicó.

Mirgone también remarcó que uno de los objetivos centrales es dotar al Municipio de herramientas para controlar y regular las instalaciones que realizan las empresas privadas, garantizando que se desarrollen de manera adecuada y segura.

En cuanto a las estructuras que ya se encuentran instaladas, la nueva ordenanza establece un plazo de 180 días corridos desde su entrada en vigencia para que sus titulares soliciten la inscripción o actualización registral y, en los casos que corresponda, inicien los trámites de regularización municipal.

 

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