En Puerto Esperanza se destruirán las motos que circulen con escapes adulterados

Puerto Esperanza se convirtió en el primer municipio de la provincia en establecer la destrucción total de motocicletas como sanción única por circular con escapes libres, adulterados o que generan explosiones y contraexplosiones. La medida quedó establecida en la Ordenanza N° 30, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, que habilita al Ejecutivo a retener, decomisar y eliminar los rodados completos.

La decisión marca una diferencia respecto de las regulaciones que ya tienen otras localidades de la tierra colorada. Tales son los casos de Posadas, Oberá, San Vicente y Gobernador Roca que también cuentan con ordenanzas que contemplan el decomiso y la destrucción de escapes antirreglamentarios, pero sus disposiciones no alcanzan a la totalidad de las motocicletas. En Esperanza, en cambio, la sanción comprende el cuadro, el motor, el sistema de escape y todas las partes integrantes del vehículo.

La normativa considera estas conductas faltas muy graves contra la seguridad vial, el ambiente y la convivencia comunitaria. Entre sus fundamentos, señala que los ruidos provocados por estos vehículos afectan el descanso y la tranquilidad pública, especialmente de niños y niñas, adultos mayores, personas con trastornos del espectro autista, personas enfermas y animales.

La prohibición alcanza a motocicletas, ciclomotores y demás motovehículos que circulen, sean conducidos o utilizados en la vía pública con sistemas de escape que incumplan las condiciones reglamentarias.

En ese sentido, contempla los rodados que carezcan de silenciador o tengan escape libre; aquellos cuyo sistema original haya sido suprimido, perforado, abierto, recortado, reemplazado o modificado para incrementar el ruido; y los que tengan silenciadores ineficaces, regulables o mecanismos de apertura y derivación.

Incluso, la prohibición comprende a las motos que emitan ruidos manifiestamente superiores a los normales de su modelo, aunque no pueda determinarse inmediatamente qué mecanismo los produce.

Cómo se realizarán los controles y las retenciones

La ordenanza establece que, cuando los agentes municipales de Tránsito detecten alguna de estas situaciones, deberán disponer la retención preventiva inmediata de la moto y su traslado al depósito municipal. Para constatar la infracción podrán utilizar inspecciones visuales o mecánicas, fotografías, registros audiovisuales, pruebas de funcionamiento, informes técnicos o mediciones con instrumental homologado.

Sin embargo, la normativa aclara que no será indispensable medir los decibeles en el lugar del procedimiento cuando se constate alguna alteración material visible o la producción deliberada de contraexplosiones. En esos casos, la constatación de un agente municipal será suficiente para disponer la retención preventiva.

Estos inspectores deberán confeccionar un acta con la fecha, hora y lugar del procedimiento; los datos del conductor y del titular; la identificación del vehículo; una descripción de las modificaciones detectadas y de los ruidos producidos; las pruebas obtenidas y el estado general del rodado.

Las actuaciones y la moto retenida deberán remitirse al Juzgado Municipal Administrativo de Faltas dentro de las 24 horas hábiles posteriores al procedimiento, salvo que exista una imposibilidad material debidamente documentada.

No habrá multas

Uno de los aspectos más llamativos de la ordenanza es que establece como sanción única, principal y obligatoria el decomiso definitivo del motovehículo completo y su posterior destrucción total. A diferencia de otros regímenes de infracciones de tránsito, no se permitirá recuperar el rodado mediante el pago voluntario de una multa, la reparación del escape o una regularización técnica posterior.

La medida alcanza a todo el vehículo, independientemente de su cilindrada, valor, antigüedad o estado de conservación. Esto significa que el decomiso comprende el cuadro o chasis, el motor, el sistema de escape y las demás partes integrantes.

La sanción será aplicada exclusivamente por el Juzgado Municipal Administrativo de Faltas, que deberá garantizar previamente el derecho de defensa del conductor y del titular registral. Para ello, deberá citarlos, permitirles acceder a las actuaciones, presentar descargos y producir pruebas antes de dictar una sentencia fundada.

La ordenanza también establece que el decomiso podrá avanzar aunque el conductor no sea el titular registral de la motocicleta, siempre que este último haya sido debidamente citado.

No obstante, se contemplan excepciones siempre y cuando se demuestre que el rodado había sido robado, hurtado, objeto de una estafa, retención indebida u otro desapoderamiento ilegítimo antes de la infracción. También quedarán excluidos los vehículos alcanzados por una orden judicial vigente que impida disponer de ellos.

Se exige sentencia firme antes del desarmado

La destrucción no podrá ejecutarse inmediatamente después de la retención ni de la primera constatación de la infracción. La ordenanza exige que exista una sentencia de decomiso firme y consentida, con los plazos para presentar los recursos administrativos o judiciales vencidos, o una resolución judicial firme que confirme la sanción.

Además, establece que los recursos tendrán efecto suspensivo, por lo que no se podrá destruir el rodado mientras exista una instancia de impugnación pendiente que impida la firmeza de la decisión.

Una vez cumplidos esos requisitos, el Departamento Ejecutivo Municipal estará a cargo de ejecutar la destrucción mediante aplastamiento, compactación, trituración u otro procedimiento que imposibilite definitivamente la circulación y reutilización de la motocicleta.

Antes de avanzar con esa instancia, deberán individualizar nuevamente el vehículo y realizar un registro fotográfico o audiovisual. También tendrán que retirar y disponer de manera segura los combustibles, aceites, baterías y otros fluidos o componentes peligrosos.

El procedimiento incluirá además la comunicación y tramitación de la baja registral ante los organismos competentes y la confección de un acta de destrucción, en la que deberán constar el expediente, la sentencia, la identificación del rodado, el método utilizado, la fecha, el lugar y los funcionarios presentes.

En cuanto al material que resulte de este procedimiento, la norma establece que podrá disponerse o venderse como chatarra, de acuerdo con las disposiciones ambientales, patrimoniales y registrales. Lo obtenido de esas ventas deberá destinarse específicamente a programas municipales de seguridad vial, control del tránsito y protección ambiental.