Comunidad Mbya reclama participación en el debate del Súper Rigi por sus posibles impactos ambientales

La Justicia Federal de Oberá emplazó al Poder Legislativo para que responda, en un plazo de 11 días hábiles, a la demanda presentada por la Comunidad Mbya Guaraní Tape MirÄ© contra el régimen conocido como Súper Rigi. La presentación reclama que se frene el trámite legislativo de la iniciativa mientras persistan las omisiones denunciadas en materia de acceso a la información ambiental y del derecho de los pueblos indígenas a la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI).

La medida fue dispuesta por el juez Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga, titular del Juzgado Federal de Oberá, quien resolvió tramitar la causa mediante el procedimiento sumarísimo, bajo el expediente FPO 39913/2026. 

La resolución reconoce la urgencia del planteo, ante la posibilidad de que la demora judicial torne ilusoria la protección efectiva de los derechos territoriales y ambientales de la comunidad.

El reclamo cuestiona la falta de instancias de participación durante la formación de la normativa y la ausencia de evaluaciones sobre sus posibles consecuencias socioambientales. La demanda invoca garantías contempladas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Acuerdo de Escazú, instrumentos internacionales ratificados por Argentina.

La acción judicial también tiene una presentación paralela en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el expediente radicado en Misiones pone en discusión el ejercicio de los derechos de la comunidad en su propio territorio.

El reclamo por la participación indígena

La abogada Bárbara Bertola, vinculada a la representación de la comunidad, explicó que el planteo se originó en la falta de acceso a información y de mecanismos de participación ciudadana durante el proceso de elaboración de la ley. “El planteo es que la ley, si bien se la presenta como una ley de extensiones impositivas y promociones industriales, en realidad tiene en su concepción una transformación muy profunda en lo que es la gestión y la explotación de los recursos naturales y un reordenamiento territorial”, sostuvo durante una entrevista radial.

Según explicó, una normativa con semejante capacidad de transformación requiere instancias previas de información y participación. La comunidad había realizado un reclamo administrativo ante el Senado, pero, de acuerdo con lo señalado por la abogada, el Congreso no brindó respuesta. Ante esa situación, se avanzó con la demanda judicial.

Bertola recordó que inicialmente la presentación se realizó en Capital Federal, debido a que el cuestionamiento está relacionado con el proceso de formación de una ley en el Congreso de la Nación. 

Posteriormente, la causa fue trasladada a Misiones, al considerar que el ejercicio de los derechos reclamados por la comunidad se desarrolla en territorio provincial.

Agua, energía y territorio entre las preocupaciones 

Uno de los argumentos centrales de la demanda está relacionado con la ausencia de estudios sobre las consecuencias que podrían generar las actividades económicas promovidas por el régimen. Bertola aclaró que los posibles efectos no alcanzarían exclusivamente a las comunidades indígenas, sino también al conjunto de la población argentina. “Este es un proyecto que no es que va a tener una afectación puntual. No se sabe qué afectación va a tener, porque para saber qué afectación o qué impactos va a tener, el Estado tiene que realizar determinados estudios. Esos estudios existen, se pueden hacer, pero el Estado no los hizo”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó la instalación de mega data centers, una de las actividades contempladas entre las inversiones que busca promover la iniciativa. 

Según explicó, estas infraestructuras requieren grandes cantidades de agua y energía, además de superficies territoriales amplias.

La preocupación radica en las consecuencias que podría generar una instalación masiva de estos establecimientos en el país, particularmente sobre la disponibilidad de recursos esenciales para las comunidades y las poblaciones urbanas.

La abogada también señaló que los centros de datos generan emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que consideró necesario evaluar cómo se compatibilizaría su expansión con los compromisos ambientales asumidos por Argentina. “Para promover una instalación masiva de data centers era necesario hacer evaluaciones de qué disponibilidad de agua hay en la Argentina para dedicarla a otras industrias”, explicó. También planteó la necesidad de determinar qué capacidad existe para absorber nuevas emisiones sin comprometer los objetivos de mitigación ambiental.

Para Bertola, el Estado tenía la obligación de producir esa información antes de avanzar con una legislación de semejante alcance.

 Además, aseguró que esos estudios fueron solicitados por las partes y que no obtuvieron respuesta.

Por qué la demanda apunta al Poder Legislativo

La letrada explicó por qué la presentación está dirigida al Poder Legislativo y no al Ejecutivo nacional. 

Según argumentó, el Estado está obligado a garantizar el acceso a la información y la participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas, pero en este caso el proceso de formación de la normativa se encuentra bajo responsabilidad del Congreso. “El Estado Nacional está compuesto por tres poderes. En este momento, el que está a cargo del proceso de formación de la política pública es el Poder Legislativo. Por eso el Poder Legislativo es el obligado”, señaló.

Bertola recordó que, antes de recurrir a la Justicia, solicitaron una audiencia pública en el Senado como mecanismo posible para garantizar la participación de la ciudadanía y de las comunidades indígenas.

Como antecedentes, mencionó los debates parlamentarios vinculados con la Interrupción Voluntaria del Embarazo y la Ley de Glaciares, en los que el Congreso habilitó instancias de participación ciudadana.

Sin embargo, indicó que el pedido relacionado con el Súper RIGI fue tratado durante una reunión de comisión y finalmente descartado. Según su relato, durante ese debate el senador Monteverde fundamentó el rechazo a partir del artículo 7, inciso 2, del Acuerdo de Escazú, referido a la participación en proyectos y actividades económicas.

La abogada cuestionó que no se considerara el inciso 3 del mismo artículo, que contempla la participación ciudadana en la elaboración de políticas, estrategias, planes, programas y normas. “El inciso 3 establece que la información y la participación de la ciudadanía en la formación de las políticas públicas se da en la formación de políticas públicas y de normas. Esa omisión fue deliberada”, sostuvo.

Consulta previa y protección de los derechos territoriales

Bertola consideró que corresponde garantizar una instancia de consulta indígena debido a los posibles efectos directos que la normativa podría generar sobre las comunidades. 

De todos modos, remarcó que el derecho a participar en las decisiones ambientales alcanza al conjunto de la sociedad. “El cuidado del ambiente merece que toda la población argentina y en especial las comunidades participen en toda la formulación de políticas públicas que puedan llegar a tener un impacto transformador en el ambiente y en las condiciones de vida”, expresó.

La demanda busca que el Congreso responda por las omisiones denunciadas y que se garantice el ejercicio de los derechos de la comunidad antes de que avance una iniciativa que podría producir transformaciones sobre los recursos naturales y la organización territorial.

La resolución del Juzgado Federal de Oberá abre ahora una instancia de respuesta del Poder Legislativo, que deberá comparecer en el plazo establecido.

La representante legal insistió en que una legislación de esta magnitud requiere evaluaciones técnicas previas que permitan anticipar sus consecuencias. Advirtió que algunas transformaciones vinculadas con la explotación de los recursos naturales pueden resultar difíciles de revertir y que existen herramientas científicas para medir los riesgos antes de que se concreten las inversiones. “Uno no puede hacer una ley de esta envergadura solamente confiando en que esto va a traer bonanza si, ante la incertidumbre o sospecha de que puede haber impactos negativos, no se toman los recaudos que la ciencia ya sabe que existen y que se pueden tomar”, concluyó.