El fallo de la Corte por la ley de tierras abre la puerta para que el INYM recupere sus facultades sobre el precio de la yerba

El martes 29 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023.

Ese artículo es el que Javier Milei usó para derogar la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales, que desde 2011 ponía límites a la compra de campos por extranjeros.

Con esta medida, la Corte despertó en el Congreso una discusión que estaba cajoneada, la del rechazo al Mega DNU. El Senado rechazó el DNU en marzo de 2024, pero en diputados nunca se avanzó. Ahora la oposición intenta completar el trámite. En ese DNU está la desregulación que llevó al sector yerbatero a una crisis profunda que paralizó buena parte de la economía de Misiones.

La Corte fue cuidadosa al aclarar los alcances de su decisión: el fallo "no supone abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo 154" ni implica una interferencia sobre las atribuciones del Congreso. Lo que resolvió es que la entidad que promovió la demanda —el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM)— carecía de legitimación para hacerlo. Dicho en términos más simples, la Corte no dijo que el DNU es válido. Dijo que ese demandante no podía cuestionarlo. Y al hacerlo, corrió el problema de regreso al Congreso.

La resolución generó, un cimbronazo político que tomó por sorpresa incluso al Gobierno nacional. En pocas horas, la oposición leyó el fallo como una habilitación para actuar con el medio rechazo que falta para bajar el DNU.

El jefe del bloque Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, planteó que "los objetivos son claros, el pueblo en las calles y el rechazo pleno del DNU 70". El senador radical Martín Lousteau fue más preciso y afirmó que "en 2024 voté en el Senado contra el DNU 70/2023 porque es inconstitucional. Lo sigue siendo. Ahora, en Diputados tenemos la oportunidad de revertirlo".

La coalición que busca forzar la sesión reúne a Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y sectores de Provincias Unidas. Para habilitar el debate necesitan 129 diputados —quórum mínimo— y una mayoría simple de los presentes para voltear el decreto. El Senado ya lo rechazó en marzo de 2024. Si Diputados hace lo mismo, el DNU 70/2023 queda derogado en su totalidad. La intención es llamar a sesión especial para el 7 o el 14 de octubre.

Pero la señal más significativa de que el DNU pende de un hilo vino desde adentro del propio espacio gobernante. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, reconoció que el intento de avanzar con la extranjerización de tierras por vía legislativa fue "apresurado" y que el fallo de la Corte podría costarle al Gobierno la caída del mega decreto. "Tendríamos que haber esperado que la Justicia hable como habló ahora del decreto 70 en el capítulo de tierras y recién después enviar esa ley, porque sino vamos contra nuestros propios actos", dijo.

Y ante la consulta sobre si la oposición podría voltear el DNU, respondió que 'es una posibilidad".

El DNU 70 y la crisis yerbatera

El debate nacional gira en torno a la Ley de Tierras. Pero el DNU 70/2023 no es solo el artículo 154. Es un decreto de 366 artículos que, entre otras cosas, eliminó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberó las tasas bancarias; desreguló el mercado aéreo; y modificó de manera estructural el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate.

Antes del DNU, el INYM tenía facultades para fijar un precio de referencia para el kilogramo de hoja verde, la herramienta central que equilibraba la relación entre los miles de pequeños productores y el reducido grupo de empresas con poder de mercado. Además tenía una serie de regulaciones para el mercado yerbatero que permitìan sostener cierto equilibrio dentro de la cadena de producción. 

El DNU 70/2023 derogó esas facultades u regulaciones. Desde entonces, el sector arrastra 28 meses consecutivos en señal roja según el Semáforo de Economías Regionales de CONINAGRO.

El precio que recibe el productor se encuentra muy por debajo del costo de producción. Las 13.500 familias que dependen de la actividad no llegan a cubrir sus costos.

El ministro del Agro de Misiones, Facundo López Sartori, describió la situación como "una destrucción de la economía yerbatera". Pero apesar de esto el propio ministro Federixo Sturzenegger, cuando se reunió con el directorio del INYM en julio, fue categórico, "no habrá cambios", les dijo

Si la oposición logra los votos para derogar el DNU 70/2023 en Diputados, esa postura del gobierno nacional se vuelve irrelevante. Porque la derogación no es artículo por artículo, es total.

Caería el artículo 154 de la ley de tierras, pero también caerían todas las modificaciones al INYM. El organismo recuperaría, de manera automática, las facultades regulatorias que el decreto le quitó en diciembre de 2023.

Lo que ocurra en Diputados dependerá, entre otros factores, de cómo se posicionen los bloques de las fuerzas provinciales.

El oficialismo misionero, tiene diputados nacionales dentro del bloque Argentina Federal -OScar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik- cuya decisión en una eventual sesión será determinante, no solo en términos de quórum sino de señal política hacia el sector yerbatero que representan. Aperta tambièn son parte de la Cámara Baja Emannuel Bianchetti del Pro y Maura Gruber y Diego Hartfield de La Libertad Avanza, de quienes se da por descontado su defensa del Decreto. 

Los senadores misioneros del oficialismo, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, tuvieron una posiciòn tibia y poco comprometida con la realidad provincal cuando en 2024 se trató el DNU en la Cámara Alta. Por orden de Carlos Rovira, quien en aquel 2024 todavìa comandaba los hilos del anterior oficialismo, dieron quorum para que la oposición pudiera avanzar con el tratamiento, pero se abstuvieron a la hora de acompañar o rechazar el documento de la Casa Rosada. 

La realidad política actual del oficialismo provincial es distinta, con Rovira fuera del esquema del gobierno, y con el gobernador Hugo Passalacqua al frente, la postura de los misioneros se volvió más crítica contra las medidas de la Casa Rosada que daña de forma directa a la realidad del misionero. Por eso, es de esperarse que esta vez los legisladores nacionales asuman un compromiso distinto al de aquellos días de marzo del 2024. 

Por estas horas, la oposición en Diputados busca forzar una sesión especial en contra del Decreto 70/ 2023 entre el 7 y el 14 de octubre. Para habilitar el debate necesitan 129 diputados y, una vez alcanzado el quorum, una mayoría simple -la mitad más uno de los presentes- para voltear el DNU que ya fue rechazado por el Senado, en marzo de 2024.