El Estado pagó 110 millones de pesos por un despido y al día siguiente recontrató al mismo funcionario
El Estado nacional indemnizó con casi 110 millones de pesos a un funcionario del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y, apenas 24 horas después, lo reincorporó en otro organismo público. Daniel Alfredo Neira dejó formalmente el Enacom el 31 de julio de 2026 con una liquidación neta de 109.781.999,73 pesos e inició funciones el 1° de agosto como gerente de Contabilidad del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), donde trabajaba desde 2012.
La planilla de egreso incluyó 73.067.618,10 pesos por antigüedad, 9.742.349,08 pesos de preaviso y 24.096.076,72 pesos por vacaciones no gozadas. La desvinculación se encuadró como despido sin causa, en los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Una cronología que despertó sospechas
El dato que agrava el caso no es solo el monto: según la documentación publicada, los trámites para designarlo en el INTA comenzaron el 1° de julio, 23 días antes de que le notificaran la rescisión en el Enacom, el 24 de julio. Quedó habilitado para cobrar el 28, cesó el 31 y el 1° de agosto ya estaba otra vez en la nómina estatal. No hubo, en los papeles, un solo día de desocupación real.
Fuentes cercanas al organismo señalaron que Neira "simuló su despido" cuando desde la Secretaría de Agricultura lo convocaron para asumir en el INTA, y que debería haber pedido un traslado o presentado la renuncia, algo que no habría disparado el pago millonario. Según esas fuentes, se trató de "un fraude orquestado con los directivos". Desde el gremio APINTA, que pidió la remoción inmediata del funcionario, calificaron la maniobra como una "empleomanía clientelar de alta gama" y advirtieron que "el perjuicio fiscal ocasionado por el ardid no es menor a los 110 millones de pesos".
La Procuración del Tesoro considera al Estado un único empleador en sentido amplio: el mismo bloque que lo echó lo volvió a tomar. Abogados especializados en derecho administrativo advierten que esa secuencia puede configurar un enriquecimiento sin causa y habilitar un reclamo de repetición del dinero.
Controles que no funcionaron
El Consejo Directivo del INTA trató el expediente en una reunión cerrada y consultó a su área Jurídica, que sostuvo que un despido sin causa no impide reingresar al sector público y que no se violó la Ley de Ética Pública. Fuentes gubernamentales, en cambio, expresaron desconcierto ante la falta de controles y se preguntaron cómo la operación logró sortear los filtros habituales de la gestión.
El organismo, por ahora, no tomó una decisión de fondo. Neira sigue bajo una designación transitoria de 180 días, aprobada el 3 de septiembre con efecto retroactivo al 1° de agosto. Una fuente oficial admitió que "pudo haber un error en no fijarse si había sido indemnizado" y que el caso podría revisarse en una próxima reunión.
El episodio queda expuesto en pleno discurso oficial de recorte del gasto público: mientras el Enacom pagó una salida millonaria, el INTA cubrió el puesto sin concurso, por "urgencia" tras una tanda de retiros voluntarios, y con una recomendación interna. Por ahora, el funcionario cobró la indemnización y conserva el cargo.