Al borde del colapso, Lácteos Verónica corre contra el reloj para no quebrar
Lácteos Verónica, una de las marcas más tradicionales de la industria láctea argentina, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores para intentar esquivar la quiebra, tras meses de parálisis productiva y de incumplimientos salariales que ya venían generando alarma en Santa Fe. La compañía, fundada en 1923 y controlada históricamente por la familia Espiñeira, llegó a este punto con un pasivo que asciende a $15.945 millones.
Un concurso preventivo es, básicamente, el mecanismo legal al que recurre una empresa en problemas para reorganizar sus deudas bajo supervisión judicial y evitar así que un juez decrete directamente su quiebra.
Le permite ganar tiempo para negociar con los acreedores en lugar de liquidar sus bienes de manera inmediata. La presentación quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 17, Secretaría N° 34, de la ciudad de Buenos Aires, y cuenta con el patrocinio del estudio Alegría, Buey Fernández, Fissore & Montemerlo.
Un pasivo que combina deuda bancaria y cheques rechazados
El desglose de las obligaciones que presentó la administración de la empresa, encabezada por la familia Espiñeira, muestra dos frentes principales. Por un lado, $4.745 millones en préstamos con distintas entidades financieras, entre ellas Banco Galicia, Banco Santander, Banco Nación, Banco Provincia, Banco Ciudad, Banco Macro, Banco Industrial y las financieras Catalinas y Credibel. Por el otro, más de 2.900 cheques rechazados que suman $11.200 millones, una cifra que refleja el nivel de incumplimientos acumulados con proveedores y otros acreedores comerciales.
A ese cuadro financiero se suma un conflicto social que lleva ya más de un año. La empresa había intentado antes un Procedimiento Preventivo de Crisis para desvincular a unos 200 empleados, una gestión que finalmente no prosperó, mientras que 150 productores tamberos que le proveían leche cruda reclaman acreencias impagas por unos US$60 millones.
El impacto en Santa Fe y la respuesta de los trabajadores
La compañía opera tres plantas en la provincia de Santa Fe, en las localidades de Clason, Lehmann y Suardi, todas con actividad prácticamente detenida. Desde el Ministerio de Trabajo santafesino, que conduce Roald Báscolo, reconocieron que el desenlace del concurso preventivo era algo esperado, luego de que el propio Estado provincial tuviera que intervenir con asistencia alimentaria, en conjunto con la Municipalidad de Suardi, para sostener a las familias de los operarios afectados por la falta de pago de salarios.
El delegado de Atilra en la planta de Lehmann, Domingo Possetto, resumió el clima entre los trabajadores ante la falta de respuestas concretas del directorio: "No sabemos qué puede ocurrir. Los trabajadores no quieren confrontar sino trabajar y cobrar, algo que hace mucho tiempo no pueden hacer".
Una salida parcial para la planta de Suardi
En paralelo a la crisis judicial, surgió una alternativa que permitirá recuperar parte de la actividad productiva. La cooperativa cordobesa Copalac acordó operar a fasón la planta de Suardi, es decir, utilizar las instalaciones para procesar leche cruda propia y elaborar leche en polvo, sin asumir la propiedad del establecimiento. El acuerdo dará ocupación provisoria a 30 trabajadores, aunque desde el propio gremio se aclaró el carácter acotado de la medida.
Respecto a la situación laboral de quienes se sumen a esta operatoria, la representación sindical precisó que "Copalac asumirá la responsabilidad solidaria por las obligaciones laborales y de la seguridad social de los empleados que se incorporen a prestar tareas en el marco de este acuerdo".
La crisis contrasta con la trayectoria de la firma, que llegó a procesar hasta un millón de litros de leche por día y que, solo entre enero de 2020 y abril de 2025, había exportado manufacturas lácteas por más de US$102 millones a mercados internacionales.