Adorni dilata su declaración jurada pese a las presiones de Bullrich y Villarruel y la presentaría recién a principios de junio
Pese a la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se resiste a que la senadora Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel le marquen los tiempos para la presentación de su declaración jurada.
Según trascendió, el ministro coordinador aspira a hacerla pública a principios de junio, en la previa al inicio del Mundial, pero evita actuar en base a las presiones que detecta desde distintos sectores del propio oficialismo.
"No lo van a apurar ni Bullrich ni Villarruel ni ningún otro que vaya a pedir que lo anticipe", sostuvieron desde el entorno del funcionario.
La interna que dejó al descubierto
En Casa Rosada no cayó bien el pedido de Bullrich para que Adorni anticipara la declaración y explicara su situación judicial. El malestar se extendió centralmente al presidente Javier Milei y, en particular, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien le factura la autonomía que mantiene la legisladora.
"A Patricia le hicieron la cruz. La querían matar", admitió una fuente de mesa política.
Ante la situación, el presidente se vio obligado a interrumpir su viaje a Estados Unidos para aclarar que Bullrich había adelantado un movimiento que el oficialismo preparaba. "Patricia spoileó a Manuel, adelantó lo que efectivamente va a suceder, que Manuel tiene ya los números", sostuvo en declaraciones a LN+.
Por su parte, la vicepresidenta planteó en público que estaba esperando la presentación de la declaración jurada del ex vocero, en una señal más del nulo vínculo que mantiene con Casa Rosada.
La causa y los tiempos judiciales
Mientras el contador de Adorni prepara el detalle con el que busca explicar la adquisición de sus propiedades y viajes al exterior, en el núcleo del oficialismo buscan minimizar el impacto de la investigación.
"Se moverá unos meses más y después la causa muere", precisó un colaborador del jefe de Gabinete, descartando además la posibilidad de un llamado a indagatoria por parte de la justicia.
En la administración libertaria sostienen que no quieren interferir en la causa y prefieren que el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo recopilen todas las pruebas necesarias. "Ahí van a determinar si es un ladrón o si efectivamente tiene todo en regla como creemos", indicaron.