Caso Adorni: ordenan a ARBA levantar el secreto fiscal por la propiedad en el country

La Justicia solicitó a ARBA información detallada sobre un inmueble vinculado al jefe de Gabinete y su esposa, en el marco de una investigación penal en curso.

El juez federal Ariel Lijo dispuso levantar el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa ante la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), en el marco de una causa que investiga la evolución patrimonial del funcionario.

La medida apunta a obtener información detallada sobre un lote ubicado en el country Indio Cua Golf Club, identificado como partida 20070, sobre el cual la fiscalía busca reconstruir el comportamiento fiscal vinculado al pago del Impuesto Inmobiliario.

En ese sentido, el requerimiento incluye el detalle completo de los pagos realizados desde enero de 2022 hasta la actualidad, con fechas, montos y medios de cancelación. También se solicitó la valuación fiscal del inmueble durante ese período, así como datos sobre posibles deudas, intereses acumulados y eventuales planes de regularización.

La investigación se enmarca en una causa delegada bajo el artículo 196 del Código Procesal Penal, lo que permite al Ministerio Público impulsar de manera directa la recolección de pruebas. Fuentes vinculadas al expediente indicaron que, hasta el momento, la Justicia no respondió formalmente al pedido de levantamiento del secreto fiscal, aunque el organismo recaudador avanzará con la recopilación de la información requerida.

Este pedido se suma a otras medidas en curso, que incluyen el análisis de distintas propiedades en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de contrastar los datos fiscales con los ingresos declarados por el funcionario y su entorno familiar.

En paralelo, la causa continúa avanzando con nuevas diligencias. Este miércoles se espera la declaración del hijastro de una de las jubiladas que figuran como acreedoras en la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. El testigo fue citado para aportar detalles sobre la operación, que según el expediente se concretó por un valor declarado de 230 mil dólares, con un anticipo en efectivo y el resto financiado por las propias vendedoras, un esquema que despertó sospechas entre los investigadores.

Por otra parte, el fiscal Gerardo Pollicita rechazó recientemente un pedido de detención inmediata contra Adorni al considerar que no existe un “riesgo real o grave” que justifique esa medida en esta etapa de la investigación. No obstante, dejó abierta la posibilidad de avanzar con otras medidas cautelares, como restricciones de contacto con determinados testigos.

Además, la Justicia ordenó el peritaje del teléfono celular de un contratista que declaró en la causa, con el objetivo de verificar presuntos intercambios de mensajes con el funcionario y su esposa.

Mientras avanza el expediente, el caso sigue sumando elementos en el análisis judicial sobre el patrimonio de Adorni, en un contexto político marcado por fuertes repercusiones y cruces en torno a la investigación.

Temas de esta nota
Te puede interesar