Diputados se presentaron en Casa Rosada para reclamar la reapertura del ingreso a la prensa

Diputados de diversas fuerzas políticas solicitaron la reunión urgente de la Comisión de Libertad de Expresión para abordar el desalojo de la prensa acreditada. Los legisladores sostienen que gobernar bajo el hermetismo daña la transparencia republicana y anunciaron que citarán a los trabajadores afectados.

Lo que el Gobierno define como una medida preventiva de seguridad representa, para gran parte del arco legislativo, un apagón informativo sin antecedentes desde 1983. Trece diputados de diversos bloques se presentaron en Balcarce 50 para entregar un petitorio que rechaza la clausura de la histórica Sala de Periodistas, advirtiendo que el uso de sospechas de espionaje no comprobadas funciona como una cortina de humo para limitar el control social sobre la gestión pública.

La decisión de impedir el ingreso a los cronistas acreditados y sellar su espacio de trabajo generó una reacción inmediata en el Congreso. Legisladores de ocho bloques, incluidos varios que suelen acompañar las leyes del oficialismo, calificaron el hecho como un retroceso inédito en la tradición republicana.

La crítica apunta a la fragilidad del argumento oficial: el secretario de Medios, Javier Lanari, justificó la medida por una supuesta denuncia de espionaje ilegal, una narrativa que ya se había utilizado en marzo para vetar a medios específicos sin aportar pruebas concretas hasta el momento.

Para los diputados firmantes, entre los que se encuentran figuras como Nicolás Massot, Oscar Zago y Marcela Pagano, esta movida oficialista no busca proteger la seguridad nacional, sino disciplinar a la prensa y evitar la presencia de testigos incómodos en los pasillos del poder.

"Se intenta gobernar sin el espejo de la realidad que aporta el periodismo", deslizaron algunos de los presentes tras entregar el documento dirigido a la Casa Militar.

Las grietas internas y el rol de la Comisión de Libertad de Expresión
La medida resultó tan difícil de defender que incluso voces oficialistas, como la de Silvana Giudici, salieron a marcar distancia asegurando que el espacio de prensa no debe cerrarse. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados se activó un pedido de urgencia para convocar a la Comisión de Libertad de Expresión, presidida por el libertario Guillermo Montenegro.

La intención es clara: obligar al Ejecutivo a dar explicaciones sobre una política de comunicación que parece priorizar el hermetismo sobre la transparencia.

El petitorio de los legisladores advierte sobre el peligro de naturalizar estas agresiones e intimidaciones al ejercicio profesional. Los diputados anticiparon que, si la presidencia de la comisión no convoca a sesión formal, se reunirán de todas formas para escuchar a los periodistas inhibidos. La situación deja al descubierto una contradicción central: un Gobierno que pregona la libertad individual parece encontrar límites muy estrictos cuando esa libertad pertenece a quienes tienen la responsabilidad de informar sobre el día a día de la gestión estatal.

Mientras las persianas de la Sala de Periodistas permanecen bajas, la incertidumbre crece en los pasillos de Balcarce 50. La falta de acceso directo a las fuentes oficiales degrada la calidad de la información pública y aleja a la ciudadanía del conocimiento real de los actos de gobierno.

Lo que el oficialismo presenta como un protocolo de seguridad se percibe en la calle como un síntoma de intolerancia al escrutinio periodístico, una herramienta vital para cualquier sistema que se pretenda democrático.

Te puede interesar