Revés judicial para el Gobierno: la Justicia federal frenó la eliminación del programa “Volver al Trabajo”

Un fallo del Juzgado Federal de Campana hizo lugar a un amparo colectivo y ordenó al Ministerio de Capital Humano mantener las prestaciones para 900 mil beneficiarios. El juez consideró que el recorte fue "abrupto e irrazonable" y que los vouchers educativos no compensan la pérdida del sustento económico.

En un fallo que impacta directamente en la estrategia de ajuste del Poder Ejecutivo, la Justicia federal ordenó este martes la suspensión de la eliminación del programa Volver al Trabajo. La medida cautelar, dictada por el juez Adrián González Charvay, obliga a la cartera dirigida por Sandra Pettovello a restablecer en un plazo de tres días los pagos de $78.000 que percibían casi un millón de trabajadores de la economía popular.

El magistrado argumentó que la decisión del Gobierno nacional representó un "corte abrupto" en una política de profundo contenido social, dejando a miles de familias en situación de extrema vulnerabilidad sin un ingreso básico. Según la resolución, el Ministerio de Capital Humano no implementó medidas efectivas para reemplazar este beneficio, cayendo en una decisión "arbitraria e irrazonable".

El cuestionamiento a los "vouchers"

Uno de los puntos más sólidos del fallo es la crítica a la falta de equivalencia entre el programa eliminado y las nuevas propuestas oficiales. El juez señaló que la implementación de vouchers educativos no puede considerarse un reemplazo válido para una prestación monetaria mensual que atendía necesidades básicas de subsistencia.

Para la Justicia, las referencias genéricas a capacitaciones no logran cubrir el bache económico que genera la baja del plan en un sector que carece de inserción en el mercado laboral formal.

Resistencia en la calle y en los tribunales

La demanda que dio origen a este freno judicial fue impulsada por un grupo de beneficiarios y respaldada por organizaciones sociales como la UTEP, bajo la consigna "Trabajo sin salario es esclavitud". Las movilizaciones, que incluyeron protestas frente a la residencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, buscaron visibilizar lo que los demandantes califican como una "medida regresiva e inconstitucional".

Con este fallo, el Gobierno nacional recibe un límite judicial a su política de recorte en programas sociales, al menos hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo del amparo colectivo presentado por los trabajadores afectados.

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