Escándalo en Salta: un casamiento VIP en plena reserva natural desata una investigación

La Justicia investiga si se utilizó una autorización falsa para realizar la boda en la Quebrada de las Conchas, un área protegida, donde hubo más de 100 invitados, música y montaje en pleno paisaje natural.

La Justicia de Salta investiga el polémico casamiento realizado en la Quebrada de las Conchas, una zona protegida, luego de que se denunciara que la autorización presentada para llevar adelante el evento sería falsa.

La causa se activó a partir de una presentación de la intendenta de Cafayate, Rita Guevara, quien alertó sobre la existencia de un permiso con firma apócrifa atribuida al área de Turismo y Ambiente.

La investigación quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, con la intervención de la fiscal Sandra Rojas, que busca determinar si existió falsificación de instrumento público y maniobras ilegales para habilitar la celebración.

Un evento en plena reserva y con más de 100 invitados

El caso tomó notoriedad tras la viralización de imágenes de la boda, protagonizada por Nicole Pocoví y Federico Maran, realizada en el paraje La Punilla, sobre la ruta provincial 68.

En las fotos difundidas se observa una celebración montada en plena quebrada, con mesas, decoración, iluminación especial y música, en un entorno natural protegido por ley. Según trascendió, participaron más de 100 invitados y el evento formó parte de un cronograma de varios días bajo el nombre “Cafayate Fantasy”.

Desde la organización, una de las responsables aseguró que la boda se realizó en una propiedad privada dentro de la reserva y que se respetaron las normativas, aunque esa versión es ahora materia de análisis judicial.

Sospechas de falsificación y posible sanción

El ministro de Turismo y Ambiente de la provincia, Alejandro Aldazábal, negó haber autorizado el evento y afirmó que el documento presentado es falso. “No autoricé nada”, sostuvo, al tiempo que remarcó que el permiso carecía de los requisitos formales.

En paralelo, también intervino una unidad fiscal contravencional por posibles infracciones a las normas ambientales y de uso del espacio.

Desde el municipio advirtieron que este tipo de actividades puede generar impacto en la fauna local y en las formaciones geológicas, además de acelerar procesos de erosión en un área especialmente protegida por legislación provincial.

La Justicia ahora deberá determinar responsabilidades y eventuales sanciones, en un caso que volvió a poner en debate los límites entre el uso privado y la preservación de espacios naturales.

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