El Gobierno activa el protocolo antipiquetes y advierte que no tolerará cortes en la marcha al Congreso
La Casa Rosada afina el operativo para la movilización convocada por la CGT, las dos CTA y organizaciones políticas y sociales frente al Congreso, en rechazo a la reforma laboral que comenzará a debatirse en la Cámara alta. En el oficialismo aseguran que se aplicará sin excepciones el denominado “protocolo antipiquetes” y advierten que no permitirán cortes ni bloqueos.
Fuentes del Poder Ejecutivo señalaron que se está analizando quiénes convocan, el número estimado de manifestantes y los puntos de concentración para diagramar el despliegue. “El protocolo está siempre activo”, remarcan en despachos oficiales, y agregan que será aplicado durante toda la jornada.
El operativo estará coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, que conduce Alejandra Monteoliva. Se conformará un comando unificado con participación de fuerzas federales, mientras que la Policía de la Ciudad acompañará las columnas en su desplazamiento. Las fuerzas nacionales, en tanto, estarán apostadas en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina.
En paralelo, desde el Gobierno endurecen el discurso frente a la dirigencia sindical. Según transmiten fuentes oficiales, “un grupo de sindicalistas eligió mantener intereses sectoriales y privilegios a costa de perjudicar al conjunto de los argentinos”.
En esa línea, defienden la reforma bajo tratamiento al sostener que apunta a los trabajadores informales, a las pymes y a los jóvenes que no logran insertarse en el mercado laboral. En Casa Rosada insisten en que hoy el 50% de los trabajadores —alrededor de cinco millones de personas— se desempeñan en la informalidad, sin acceso a derechos básicos.
También subrayan que la Argentina mantiene desde hace doce años prácticamente la misma cantidad de trabajadores registrados y que el país exhibe uno de los niveles más bajos de creación de empresas en América Latina cada 100.000 habitantes. A ello suman que figura entre los tres países con mayor presión impositiva de la región.