La cifra final del horror: 111 víctimas por el fentanilo contaminado
La Justicia Federal confirmó que ya fue enviado al Cuerpo Médico Forense el listado completo de personas fallecidas por la inoculación de fentanilo contaminado. Según el relevamiento oficial, se registraron 111 víctimas fatales a causa del opioide adulterado.
El informe fue elaborado durante la Feria Judicial, período en el que se analizaron 159 casos en total: de ellos, 48 pacientes lograron sobrevivir tras haber recibido el medicamento contaminado.
Ahora, personal del Cuerpo Médico Forense deberá estudiar las muestras remitidas y ratificar los datos. De confirmarse oficialmente la cifra, podría agravarse la situación procesal de los 14 imputados y detenidos, entre ellos Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.
Fuentes judiciales indicaron que se trató de “un trabajo de depuración muy grande” realizado durante el receso, con revisión de historiales clínicos, certificados de defunción y trazabilidad de los lotes contaminados.
García Furfaro es considerado por la causa como “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales”, acusado de haber provocado al menos 20 muertes, en concurso real con el delito de adulteración peligrosa para la salud pública.
Según el expediente, el empresario habría intervenido junto a otros 16 integrantes de ambos laboratorios en decisiones vinculadas a la fabricación, distribución y comercialización del lote 31202 del fentanilo, destinado al sistema público de salud, cuya orden de producción fue emitida el 16 de diciembre de 2024.
La investigación sostiene que el medicamento fue contaminado durante un proceso de elaboración con múltiples fallas críticas, sobre las que existieron alertas previas que no fueron atendidas. “Las adulteraciones consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por numerosas irregularidades”, señala el documento judicial.
Mientras avanza la pesquisa, los familiares de las víctimas continúan reclamando justicia y el avance de las condenas. Consideran que se trata de la peor crisis sanitaria del país vinculada a un medicamento adulterado.
En más de seis meses de investigación, se realizaron al menos tres marchas en La Plata y Rosario para exigir responsabilidades penales y mantener visible el nombre de las víctimas.