Nuevo round por recursos federales - El Territorio Misiones

Nuevo round por recursos federales

Domingo 13 de septiembre de 2020
La Constitución Nacional establece con claridad desde el primer artículo que la Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Efectivamente, en cada elección presidencial o legislativa, el pueblo elige a sus representantes y por medio de los votos delega el poder a sus gobernantes, entendiendo que a su vez desde la república respetarán y harán respetar la democracia, la separación de poderes. Más allá de los desencuentros propios de cualquier democracia, todo ello se viene cumpliendo con cierta regularidad. Sin embargo, pasaron ya 167 años, desde la vigencia de la Constitución Nacional, y el sentido federal terminó siendo sólo una proclama, casi una letra muerta. Es decir, se cumple con la forma representativa y republicana como una forma de gobierno, pero la forma federal del Estado no termina descentralizándose; ello a pesar de que las provincias, al menos 14 de las 23, son preexistentes a la Nación; por entonces, el sistema tributario era federalista porque la Nación cubría sus gastos con ingresos provenientes del comercio exterior y con impuestos internos, mientras que las provincias, financiaban sus gastos con los impuestos provenientes de la propiedad y sobre el consumo.

Luego vendría el sistema de coparticipación. También se insistiría en la necesidad de fortalecer el sistema federal, mediante la reforma de la Constitución de 1994. Por entonces, se dio un paso más al posibilitar que las provincias tuvieran tres bancas en el Senado sin importar el nivel poblacional e igual número para la ciudad de Buenos Aires, que con la reforma de la carta magna le otorgó un estatus similar a la de las provincias. Se le asignó además, a este órgano legislativo, ser la cámara de origen, como para impulsar proyectos de ley en materia de coparticipación federal, aspecto que hasta ahora no se ha modificado y, por lo tanto, no se cumple con otro precepto constitucional de proveer de herramientas adecuadas para el crecimiento armónico de la Nación y con un desarrollo equilibrado de las provincias y regiones.

Todo ello no ha sucedido, sino más bien fue aumentando como se denomina desde las provincias el centralismo porteño o también históricamente conocido, como el poder del puerto de Buenos Aires. De allí la importancia de que un gobierno como el de Alberto Fernández quiera corregir estas injusticias históricas. En esta misma columna se citaron algunas acciones en ese sentido, como la ley que designa a 24 ciudades como capitales alternas, para trasladarse a discutir cuestiones del Estado nacional que atañe a cada jurisdicción o provincia. En el caso de Misiones, el lugar elegido es Oberá, hasta donde se trasladarían los ministros nacionales cuando la pandemia así lo permita.

Una similar muestra de reparto de responsabilidades del Estado nacional a provincias como Misiones, lo dio la administración nacional al incluir a la tierra colorada en la recientemente creada Hidrovías Sociedad del Estado. En esa oportunidad-hace quince días-, Alberto Fernández  dijo: “Quiero acercar el poder al interior del país y que Dios no atienda sólo en Buenos Aires”. Fue música para los oídos de todos los gobernadores, especialmente para los más relegados como ocurre en provincias como Misiones, sin gas natural, con el combustible más caro del país y peleando para sobrevivir entre dos grandes países como Brasil y Paraguay, con bajas políticas impositivas que las hacen más competitivas. Pero las palabras de Alberto Fernández a su vez encenderían la alerta para el centralismo porteño. Es que el presidente estaba abogando por un país más federal y con ello, una distribución más equitativa de los recursos. Pero cuando se trata de reparto, nadie quiere ceder, menos perder algunos privilegios, a pesar del reconocimiento expreso de que hay una mala distribución de la riqueza en todo el país. Es lo que intenta corregir la administración del Frente de Todos.

En rigor, Alberto Fernández actúa de manera inversa a lo que hizo Mauricio Macri, que por decreto había aumentado los recursos a su ciudad de origen, que gobernó por ocho años. Es decir, mediante un decreto, Macri se apropió durante su gobierno de recursos coparticipables en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en detrimento de otras provincias más necesitadas. Llegó a subir, en 2016, el porcentaje de coparticipación de 1,40 a 3,75, luego se harían algunas correcciones bajando algunos recursos, como lo hizo también esta semana por decreto el presidente Alberto Fernández.

La quita de un punto es para destinarla a la provincia de Buenos Aires y como una forma de reponer un equilibrio que ese distrito perdió a mediados de los 80, cuando cedió 8 puntos de coparticipación federal. Se dejó constancia que tal medida, cumple con el ya citado mandato constitucional de proveer el crecimiento armónico de la Nación, para lo que deben promoverse políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Lo cierto es que quien avisa no traiciona y ya Alberto Fernández había advertido en campaña y luego, como ya se dijo, desde su cargo como jefe de Estado, los desequilibrios en la distribución de recursos, en donde la opulenta Caba se erige con mayores beneficios que otros distritos.

Se venía hablando de esta posibilidad, era una decisión tomada por el nuevo gobierno que se ponía en marcha, pero la pandemia retrasó la idea de la administración nacional. Con el conflicto de la Policía bonaerense se desempolvó el proyecto y se ejecutó.

Por supuesto, los capitalinos pusieron el grito en el cielo, pero 19 gobernadores, incluido el misionero Oscar Herrera Ahuad, salieron a bancar la decisión del gobierno nacional. Mas allá de las presentaciones judiciales de la ciudad en los juzgados contenciosos administrativos, la discusión pasará a la Suprema Corte de Justicia como tribunal originario, encargada de dirimir los conflictos entre Nación y provincias o éstas, entre sí. El decreto de Alberto Fernández, como se dijo, apunta a garantizar los gastos de la policía metropolitana y recuperar recursos para la provincia de Buenos Aires.

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, afirmó que no se le sacaron fondos a Caba sino que se recuperaron fondos que Macri transfirió de manera ilegítima. Sostuvo que no se toman decisiones en contra de ningún argentino, sino que se toman a favor del federalismo.  Además, dejó en  claro que, si prosperase el planteo de inconstitucionalidad pretendido por Horacio Rodríguez Larreta, le seguiría el mismo camino el decreto de Macri cuando le duplicó los recursos en detrimento de las provincias.

En lo político, nadie duda de que con esta movida, el Frente de Todos subió al ring a Rodríguez Larreta –que, según las encuestas, de manera aplastante tiene mejor imagen que Macri- erigiéndose como dirigente nacional. Al kirchnerismo le salió mal en el pasado elegir a otro intendente capitalino como adversario. Es cierto, falta mucho para el cambio de gobierno y la economía va a ser la gran ordenadora social, pero con estos movimientos Larreta desplaza a Macri como líder en la oposición. También es verdad que al peronismo le conviene confrontar mientras se gestiona contra un dirigente moderado que combatir en varios frentes a la vez contra los radicalizados como Macri, Patricia Bullrich o Elisa Carrió.

Al límite de la sedición
Momentos de zozobra vivió la ciudadanía argentina la semana que culmina con la protesta policial de la provincia de Buenos Aires. Haber rodeado la Quinta de Olivos, donde reside y se encontraba el presidente, con patrulleros y armas, resultó a todas luces intolerable y cercano a una sedición. Por tal acción de la fuerza de seguridad, en lo que era un reclamo legítimo por los salarios estancados desde la gestión de María Eugenia Vidal, perdieron legitimidad con la tensión provocada por la fuerza. Llamó la atención la demora de las fuerzas políticas opositoras en condenar este método de protesta.

Fuera del default
Oficialmente se cambiaron esta semana los títulos que entraron al canje de la deuda privada bajo ley extranjera y con ello la Argentina salió del default selectivo en que estaba el país desde la gestión de Cambiemos. Otra consecuencia positiva con la nueva calificación fue la baja en 1.000 puntos del riesgo país. Otro claro contraste de gestión, porque Macri dejó el gobierno con incumplimiento de pago de deuda y 2.188 puntos de riesgo país. Ni siquiera le sirvió el polémico y abultado préstamo conseguido ante el FMI para equilibrar las cuentas. Este viernes, el riesgo país cerró en 1.083 puntos básicos.

Negociaciones salariales
En Misiones, esta semana la administración provincial se centró en buscar una solución a los reclamos salariales, como lo hizo de manera previa con la policía. En cuanto a educación, el pasado lunes se terminó sellando un acuerdo con los gremios con personería gremial que son los avalados para este tipo de convenios, como terminó ratificando en un nuevo fallo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El acuerdo establece que para el cargo de maestro de grado de todos los niveles, se estableció un piso que pasa de 25.000 a 27.500 pesos. Sin embargo, grupos de autoconvocados de la provincia no estuvieron de acuerdo en cómo se había cerrado tal convenio y plantean otro esquema de distribución de aumentos.

Los autoconvocados salieron a reclamar un básico de 12.800 pesos. De concretarse ese pedido, desde la administración provincial afirmaron que terminaría perjudicando a los de menor ingreso. Es lo que justamente se intenta corregir y en ellos está fundamentado el incremento. Los autoconvocados definieron nuevas medidas de protesta para la semana que se inicia y desde el gobierno entienden que el desafío es que siga primado el diálogo para encontrar soluciones, como resultó el nuevo encuentro del pasado viernes. Ello sin descuidar que el Estado debe seguir atendiendo a todos los sectores y ser cuidadoso en mantener el equilibrio financiero de la provincia. Afirman que en el país se transita por un contexto extremadamente difícil por la inflación, que devora el salario, pero también provoca decaimiento de la economía y de la recaudación.

Mientras en igual situación el Estado nacional cuenta con la facultad para la emisión de billetes, la provincia no lo puede hacer, solamente podría tomar deuda como de hecho lo hicieron otros distritos, pero desde la administración de Misiones rechazan tal posibilidad al plantear que resultaría catastrófico y desordenaría la estructura económica y social. Ello sin olvidar los efectos de la pandemia y las dificultades que implica afrontar la nueva normalidad.

En tal contexto, dentro del gobierno entienden que no se puede poner en riesgo el equilibrio, porque ello implicaría condenar la economía del futuro y desatender otros sectores como la obra pública, donde también trabajan miles de obreros. Menos aún desatender la asistencia social que necesitan miles de misioneros, incluidos los productores primarios o la salud pública gratuita y de calidad que presta Misiones. Este es el análisis que realiza la mesa de decisión de la provincia, al analizar cada paso reiterando que los recursos no son infinitos, tienen límite y el Estado tiene obligaciones de toda índole que atender en beneficio de los misioneros.

En la frontera
Esta semana se conoció la decisión del presidente de Paraguay de encarar un proyecto piloto para permitir el reinicio de vuelos burbuja a concretarse desde ese país hasta el Uruguay, por razones comerciales o muy excepcionales, y hasta se planteó en la resolución la posibilidad de reabrir fronteras. Pero está claro que la nueva normalidad llegó para quedarse. Esto incluye las conexiones fronterizas que, todo indica, no volverán a ser como antes en cuanto al cruce casi diario o varias veces al mes. Es que a esta altura hay una situación sanitaria claramente diferente tanto en Paraguay y Brasil como en la Argentina, en cuyo contexto Misiones aplicó protocolos sanitarios adecuados para cuidar de que no ingrese la enfermedad. Tal control permite a su vez a Misiones que esta provincia se convierta en una pequeña isla, al permitir a sus ciudadanos seguir trabajando y viviendo sin tanto estrés, como sí están padeciendo otras provincias muy golpeadas por la pandemia y envueltas en un caos en la salud pública y la economía.

Igualmente, la batalla no está ganada hasta tanto llegue la ansiada vacuna. De allí la necesidad de la responsabilidad que deben asumir todos los sectores, defendiendo sus derechos de ser necesario, pero no poniendo en riesgo con las aglomeraciones al conjunto de la sociedad, como instaban a reflexionar desde la Confederación Económica de Misiones, que nuclea a las principales cámaras y asociaciones que son conscientes de este delicado equilibrio que genera en todos los estados la pandemia por el coronavirus.

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