Daniel D. necesita un trasplante de riñón porque padece de insuficiencia
renal grave; actualmente está sujeto a diálisis y se encuentra tercero
en la lista de espera nacional de trasplante de órganos. Existe un
posible donante, en tanto su situación se dirime en instancia judicial.
En el 2013, cuando todo comenzó, Sandra C., concubina del padre de
Daniel, fue quien se ofreció a realizar la donación pero en aquel
momento se encontraba en estado de gestación (dos meses), por lo que el
pedido caducó.
Ahora, la mujer está en condiciones de someterse a los estudios de
compatibilidad para acceder a la ablación del órgano pero necesita
obtener la autorización judicial, por lo que reactivó el trámite legal.
El expediente se encuentra en la Cámara Federal de Apelaciones de
Posadas. El Territorio accedió a la información a través del sitio web
del Centro de Informacion Judicial (CID).
Marco legal
La cirugía en cuestión consiste en extirpar el órgano -en este caso un
riñón- del cuerpo de Sandra y trasplantarlo a su hijastro. El
procedimiento médico está contemplado en la familia, hasta la tercera
línea sanguínea, según el Centro Único Coordinador de Ablación e
Implantes de Misiones (Cucaimis). Para cualquier otro tipo de casos,
debe mediar la Justicia.
En este sentido, el responsable del Cucaimis, Richard Malán, afirmó en
diálogo con este matutino: “Habitualmente si un familiar quiere donar,
puede hacerlo, igualmente el equipo de trasplante valora que no haya
ningún tipo de presión sobre el donante y en caso de que no sea
familiar, siempre se necesita autorización judicial”.
Desde este punto de vista, el funcionario añadió que “hemos tenido
autorizaciones judiciales de madrinas, amigos, y han habido casos que
los jueces rechazan cuando no está bien clara la motivación del
donante”.
Por otra parte, el documento reza que “(...) la señora hace saber que le
restan practicarse dos estudios complementarios de compatibilidad para
lo cual la obra social solicita la autorización judicial previo a la
realización de los mismos”.
Sin embargo, la cuestión conlleva complicaciones médicas que exceden los
plazos judiciales y “que al momento de lograr que estén dadas las
condiciones para llevar adelante la ablación no podrán retomar esta
acción”.
En noviembre de 2018, sin que se hubieran realizado actos a los fines de
llevar a cabo dicha diligencia, el juez decretó la caducidad de
instancia de oficio.
Motivación
El trámite necesario para que pueda autorizarse la ablación, requiere de
múltiples estudios médicos, pericias psicológicas e informes
socioambientales. “Con un perito psicológico el juez determina cual es
la motivación y si realmente puede ser donante o no, y que no haya
ningún tipo de presión o coacción, que a veces puede haber incluso si es
un familiar”, aclaró Malán y añadió que “por eso siempre se valora que
sea un verdadero acto de amor”.
En tanto, “la señora Sandra C. sostiene que ha arribado a esa
determinación de manera meditada y que la misma deriva de su propia y
deliberada voluntad. Que la decisión se da en el marco de la relación
solidaria que tiene con el señor Daniel D. por ser hijo de su concubino
el señor Héctor D. y está inspirada en altos valores cristianos y se
constituye en un verdadero acto de amor”.
La cuestión a resolver es si la caducidad de instancia decretada,
procede en este tipo de procesos. Por eso la Cámara pidió anular la
resolución que decreta de oficio la caducidad de instancia de estas
actuaciones a Sandra C., dada la conformidad de los fundamentos; y la
autorización para proceder a la ablación.
“(...) En este tipo de procesos –voluntarios- no se produce la caducidad
máxime cuando la peticionante ha manifestado en reiteradas
oportunidades su voluntad de donar”, declara el escrito.
Ley Justina en Misiones
Misiones adhirió en septiembre del año último a la Ley Nacional 27.477,
también conocida como Ley Justina, que modificó el sistema de regulación
para trasplante de órganos. Como principal cambio incluido al sistema
por parte de esta ley nacional, se encuentra el considerar a todos los
ciudadanos mayores de edad como donantes de órganos, salvo que
expresamente se haya opuesto a ello.
En el caso de Misiones, se crea en el ámbito del Cucaimis una Unidad
Central de Coordinación. En esta modificación a la norma en la provincia
se decidió darle forma al Fondo Misionero de Trasplantes (Fomit),
destinado a “universalizar la cobertura de acceso a prácticas
trasplantológicas jerarquizando a la población sin cobertura formal”.
La ley adoptó el nombre de Justina Lo Cane, la niña de 12 años que
falleció el 22 de noviembre de 2017, por no recibir un trasplante de
corazón a tiempo. Por eso regula las actividades vinculadas a la
obtención y utilización de órganos, tejidos y células de origen humano
en la Argentina. Prevé que los establecimientos de salud habilitados
para hacer trasplantes cuenten con servicios destinados a la donación,
que permitirán detectar, evaluar y tratar al donante. La ley, que
modifica la normativa anterior, establece la donación cruzada en el caso
de trasplante de riñón (con donante vivo).
