La vida convertida en un activo financiero

Desahuciar a Maricarmen, una mujer de 87 años, de la casa en la que ha vivido durante siete décadas porque un fondo de inversión quiere multiplicar el precio del alquiler no es una anomalía del mercado. Es el retrato de un sistema que ha aprendido a poner precio a casi todo. Y debería preocuparnos. No sólo por lo que ha significado para ella, incluido su lamentable fallecimiento, sino por lo que revela de la sociedad que estamos construyendo.

Hemos aceptado que una vivienda pueda valer más como activo financiero que como hogar. Que su valor se mida por la rentabilidad que puede extraerse de ella y no por la vida que sostiene. Detrás de cada operación inmobiliaria hay metros cuadrados y expectativas de beneficio, pero también familias, relaciones, barrios, historias y algo más difícil de medir: estabilidad, vínculos y la posibilidad de hacer planes.

Hemos construido una economía extraordinariamente eficaz para privatizar los beneficios y repartir los costes entre quienes tienen menos capacidad para evitarlo. Y quienes concentran más poder económico y político cuentan también con más capacidad para decidir qué costes se asumen, dónde recaen y quién acaba pagándolos.

Quizás una de las mayores victorias de este modelo haya sido, además, convencernos de que las consecuencias de problemas estructurales son responsabilidades individuales. Que quien no puede pagar el alquiler piense que simplemente no gana suficiente; que quien no encuentra oportunidades crea que no se ha esforzado bastante; que quien vive en la precariedad cargue con la sensación de haber tomado malas decisiones. Así, quien sufre las consecuencias termina cargando también con la culpa, mientras las reglas que producen y reproducen esas desigualdades quedan fuera de foco.

Por eso la pregunta no puede ser únicamente cómo corregimos los excesos del mercado. Es más incómoda: ¿qué ocurre cuando dejamos que la lógica del beneficio decida sobre aquello que debería estar protegido de ella?

Al final, también la economía consiste en decidir qué protegemos del mercado, qué derechos consideramos irrenunciables, qué responsabilidades asumimos colectivamente y cómo repartimos la riqueza y los costes que generamos. Es decir, decidir para quién queremos que funcione la sociedad que estamos construyendo.

Por Franc Cortada
Para Ethic (extracto)