Peyer sacó licencia y el lunes asumiría la intendenta interina

En la mañana de ayer, el intendente de Caraguatay, Mario Peyer, presentó un pedido de licencia por 30 días al Concejo Deliberante de la localidad en virtud a la denuncia de abuso presentada por una empleada del Concejo Deliberante el pasado 25 de febrero en la Fiscalía de Puerto Rico. 

 En este sentido, se convocó a una sesión extraordinaria para tratar dicho pedido y la asunción de la intendenta interina para la tarde de ayer. No obstante, sólo dos de los cinco concejales se presentaron.

En el mismo horario, también la Justicia determinó una inspección ocular de las instalaciones del Concejo para seguir sumando elementos a la causa que se investiga.

Cuestión política

El avance de la investigación se da en paralelo al escenario político que atraviesa el municipio.  En el marco de la situación, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, solicitó públicamente que Peyer pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, con el objetivo de garantizar que la causa avance con normalidad. Peyer solicitó dicha licencia durante la mañana de ayer.

En reemplazo de Peyer, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades de Misiones (Ley XV – Nº 5), por la cual se rige la localidad, deberá asumir el cargo de intendente el primer concejal de la lista, que en este caso es la edil Norma Gularte.

Para tratar la licencia y el corrimiento de la lista, se llamó a una sesión extraordinaria para la tarde de ayer. Pero sólo estuvieron Gularte y el edil Gustavo Giménez. Los tres concejales faltantes no se presentaron. Por ello, según informaron, la sesión extraordinaria se trasladó para el lunes a las 11.

Al respecto, la concejal Gularte explicó que “en la última sesión -del miércoles - hubo mucha presión, persecución política y me sentí muy atacada por las mujeres sin saber el trasfondo de todo esto porque hay que dejar en manos de la Justicia, no acusar, no defender, no decir, no divulgar y cuidar la integridad física de ambas familias”. 

Y agregó: “Sentí mucha presión, violencia, y ataque, estando sola e indefensa”.

Consultada sobre por qué no se trató el tema durante la sesión anterior, explicó: “Según el presidente del Concejo, Gustavo Fleitas, no había ninguna información. Hace un tiempo estoy como referente local en el área de violencia de género y familia de la Secretaría de la Mujer de la provincia, por lo tanto, no puedo poner mi vista a un costado, oídos sordos, y como mujer, como madre, como hija, como hermana. Siempre hay que escuchar a la víctima y para eso está la Justicia, y creo que muchos no entienden eso”.

Respecto a la sesión extraordinaria truncada, la edil contó: “Hoy nuevamente me siento muy invadida, me siento atacada, violentada en algo que se tiene que resolver por el bien de la comunidad, para que todo siga funcionando con normalidad. Se hizo caso omiso al pedido del gobernador que es de público conocimiento. El presidente del Concejo con el que me comuniqué dijo que no se podía hacer la sesión por la inspección. Pero eso duró unos minutos y pudimos reunirnos. Me negaron la llave del Concejo y sólo estuvo el concejal Gustavo Giménez; después los otros tres ediles estuvieron ausentes”.

“La sesión era para aprobar el pedido de licencia del intendente y que todo siga funcionando normalmente y recién el lunes se va a terminar de solucionar la situación sobre si asumo o no estos 30 días”, remarcó.

Procedimiento

En tanto, el procedimiento policial comenzó pasadas las 16.30 y se realizó con el objetivo de verificar y confirmar datos aportados por la denunciante en su declaración judicial, particularmente en relación con los espacios físicos del edificio donde la mujer aseguró que ocurrieron algunos de los hechos denunciados.

Presenciando la diligencia estuvieron los dos ediles de cuerpo deliberativo presentes.

La inspección forma parte de las medidas ordenadas por el Juzgado de Instrucción 1 de Puerto Rico, a cargo del juez Manuel Balanda Gómez, quien lleva adelante la causa.

Mientras tanto, desde el Concejo de Caraguatay señalaron que aún no fueron notificados formalmente por la Justicia respecto a la situación procesal del intendente, aunque indicaron que se encuentran recibiendo asesoramiento legal para evaluar los pasos institucionales a seguir.

La denuncia

La denuncia fue radicada por una empleada municipal que cumple funciones en el Concejo Deliberante, quien en sede judicial relató distintos episodios de presunto acoso y un hecho de abuso sexual con acceso carnal agravado, que según su testimonio habría ocurrido el 4 de septiembre pasado dentro del edificio legislativo local.

En su ampliación de declaración, la mujer describió con detalle el lugar donde se habría producido el hecho, señalando que el intendente habría ingresado a su oficina para entregarle un presente por el Día de la Secretaria y que allí se produjo la agresión. Precisamente esos espacios fueron parte de la inspección técnica.

La diligencia se suma a otras medidas dispuestas en las últimas horas por la Justicia, entre ellas allanamientos en el edificio municipal, en el domicilio particular del jefe comunal y en un vehículo oficial, donde fueron secuestrados teléfonos celulares y equipos informáticos que serán sometidos a peritajes.