La rebelión de los gobernadores

Desde el retorno de la democracia, ningún poder central como el conducido ahora por Javier Milei se muestra tan decidido a avasallar a las provincias y hacerles mendigar a sus representantes por recursos que por antonomasia les corresponde. La muestra de gobernabilidad brindada por muchos gobernadores desde el primer minuto hacia la gestión del gobierno libertario no debe interpretarse como señal de debilidad. Al contrario, fue un gesto de respeto al voto y a la investidura presidencial. Milei no sólo no reconoció tales gestos, sino que viene redoblando con términos despectivos sobre los reclamos genuinos de las provincias. Pareciera estar cada vez más decidido a que la Argentina sea un país federal sólo en los papeles, pero en los hechos, cada vez más centralista y unitario, avasallando acuerdos establecidos y respaldados en leyes.

Por tal razón, por estas horas muchos gobernadores se muestran enérgicamente decididos a defender en los ámbitos correspondientes, como la Corte Suprema de Justicia, la lucha por los recursos para las provincias. Ante el actual destrato de tinte unitario, algunos funcionarios nacionales deberían recordar que nuestro país fue constituido por los gobernadores de provincias. El Preámbulo de nuestra Constitución Nacional nos recuerda que los pactos preexistentes nunca fueron derogados. En el Pacto Federal de 1831 y el Tratado de San Nicolás de 1852 se encuentra todo el andamiaje fundacional donde se origina la Carta Magna; dando nacimiento al Estado Nacional y fijando el rol preponderante de las provincias y sus mandatarios. El espíritu de la ley refleja el poder de las provincias, cuyos gobernantes ahora se muestran dispuestos a defender con firmeza los recursos genuinos. En las últimas semanas, de manera individual o colectiva, los gobernadores fueron fijando posiciones claras para hacerse respetar por el poder central. Se están revisando los contenidos federales, eso no creo que sea negativo para nadie, sostuvo el consultor Gustavo Córdoba, que presentó su último estudio de opinión de febrero donde los números de Milei se están negativizando, mostrando un rápido deterioro de imagen a causa del brutal ajuste llevado a cabo y su forma de gobernar. Otro dato para destacar de la encuesta tiene que ver con la pelea de Milei con las provincias, donde la mayoría de los ciudadanos apoyan a los gobernadores para defender los intereses de la provincia, aunque tenga que enfrentar al presidente.

Una de las primeras acciones del gobierno de Milei fue intentar desentenderse del mecanismo de reparto de los fondos, contemplado en la Constitución Nacional de 1853 que estableció un sistema Federal de Gobierno. Es decir, allí se aceptaban los tres niveles de autoridad de Nación, provincias y municipios. Las dos primeras definían desde entonces las competencias tributarias. Comenzaría a romperse esta lógica durante la crisis de 1930. Por entonces, el más afectado había sido la Nación, al caer la recaudación aduanera que manejaba y seguiría manejando de manera exclusiva. Lo que se acordó cinco años después, en 1935, fue la unificación de los impuestos nacionales y provinciales. Comenzaba lo que en la actualidad conoceríamos como el actual sistema de Coparticipación de impuestos. Desde entonces, se sucedieron los cambios, además de redefinirse los montos considerados coparticipables y no coparticipables. Muchas modificaciones fueron perjudicando especialmente a las provincias. Ahora las administraciones provinciales se muestran decididas a que se cumplan lo establecido desde el origen de la Nación Argentina concebida como representativa, republicana y federal. Así se estableció desde el primer minuto de haberse creado en mayo de 1853 la Constitución Nacional, por parte de representantes de las primeras 14 provincias, con la reforma de 1994, cuando la Ciudad de Buenos Aires pasó a ser un gobierno autónomo. Desde entonces, el país quedó dividido en 24 jurisdicciones, es decir 23 provincias y un distrito federal, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), que, a su vez, con otros 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires, quedaría constituida como la megaciudad conocida como el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), razón y beneficiaria de la mayoría de las decisiones adoptadas por diversos gobiernos nacionales. Para contrarrestar esta realidad, como nunca antes, se habla de la preexistencia de las provincias al Estado nacional, en momentos en que se reclama igualdad de oportunidades y derechos desde las provincias más relegadas como las del NEA y NOA.

Claramente el destrato presidencial y de sus colaboradores no es el camino, como tampoco avasallar derechos. Es cierto que el federalismo no debe ser estanco, sino dinámico, pero consensuado.

La reacción

Las provincias desde hace tiempo vienen demostrando que los elevados aportes que realizan no vuelven de manera proporcional. Mientras ello sucede, todas las inequidades las soportan los ciudadanos, teniendo bienes y servicios cada vez más caros, desde combustibles como sucede en Misiones, luz, transporte, gas, además de cortarse algunas transferencias como el Fondo Docente contemplados en el presupuesto y que algunas provincias no pudieron aún abonar y hasta provocó la acumulación de destrato a provincias como Chubut. Quizás por ese destrato permanente, sumado al desacuerdo en torno a parte de la retención de la coparticipación a Chubut haya desatado una rebelión de mandatarios provinciales sin importar colores políticos contra el Gobierno Nacional. Fue a partir de la reacción del gobernador Ignacio Torres, un dirigente del PRO que como integrante del virtualmente desaparecido Juntos por el Cambio se había acerado en alianza al gobierno de Milei. Pero el maltrato provocó la reacción de esta provincia y al pasar las horas fue recibiendo el apoyo de casi todos sus pares. De manera colectiva, de paso, recordaron lo ya planteado: que las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. En un escrito plantearon que nadie puede someter ni extorsionar a las provincias con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio. A su vez, hacen referencia a la retención del Fondo Compensador de las tarifas del transporte público, que la Justicia tachó de ilegal. El planteo encabezado por Torres, el gobernador más joven del país, fue acompañado incluso por aliados de Juntos por el Cambio, como el santacruceño Claudio Vidal y el neuquino Rolando Figueroa, pero también vinculados a Unión por la Patria como el fueguino Gustavo Melella y el pampeano Sergio Zilloto y el provincial independiente Alberto Weretilnek, al que se sumarían al pasar las horas numerosos mandatarios. En el escrito afirman rechazar a los que se creen patrones de estancia, con comportamiento unitario o de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias. Los planteos de estos gobernadores rápidamente consiguieron la adhesión de sus pares, como el bonaerense Axel Kicillof, quien también sostuvo que todas las provincias están siendo sometidas al modelo de extorsión y recorte de fondos. Recordó que no es una maniobra contra los gobernadores sino contra los ciudadanos de todas las provincias.

El gobernador peronista disidente de Córdoba, Martín Llaryora, al solidarizarse con el reclamo federal de los gobernadores patagónicos, pidió diálogo, consensos y respeto para enfrentar la crisis. Luego aparecería otro comunicado reclamando al Gobierno Nacional cumplir con la Constitución y enviar los recursos coparticipables que le pertenecen a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país.

Desde la oficina de presidencia no hubo gestos de conciliación; al contrario, ante el reclamo de fondos de la coparticipación, el transporte y la educación y ante la adhesión de otras provincias a que Chubut no entregaría petróleo y gas, Milei hizo lo que hasta ahora mejor le sale: descalificar. “Buena suerte con esa amenaza pedorra”, fue lo más suave de su expresión. Luego siempre posteando en su cuenta de X, calificaría de “sorete golpista” al gobernador Ignacio Torres. Ratificando tal posición desde la Oficina del presidente de la República, “se le comunicó” al gobernador Torres que no existe la necesidad de que ponga ningún plazo a lo que denominaron “plan de extorsión” e indicaron que proceda con la amenaza -del no envío de petróleo y gas- haciéndose cargo de las consecuencias en la Justicia.

Dirigentes expuestos

En el medio del conflicto con las provincias quedaron expuestos algunos dirigentes como Mauricio Macri, que originalmente como sucedió con los dirigentes misioneros del mismo espacio había defendido las ideas del libertario pero ahora nadie sale a defender a Milei que de momento está pagando solo el tremendo ajuste que prometió que haría y lo está haciendo sin contemplaciones. El PRO tiene un problema de identidad y de futuro político. El coqueteo con la Libertad Avanza los puede arrastrar a la catástrofe política si el gobierno no mejora, o si a Milei le va bien terminará absorbiendo ese espacio. Milei ya avisó que el año que viene va por representación en las provincias, esto es candidatos propios en todas las categorías nacionales y provinciales, como preludio de contar con candidatos libertarios para las gobernaciones. Por eso los gobernadores del espacio, virtualmente disuelto, Juntos por el Cambio, corren riegos en sus distritos ante las amenazas de construcción política de Milei.

El caso Misiones

El gobierno de Misiones había adelantado que estaba dispuesto a ir a fondo con los reclamos, por la falta de envío del Fondo Compensador Docente (Fonid) y otros recursos para el sector que la Nación dejó de girar. En el caso del Fonid, durante 26 años estuvo vigente el Fondo Nacional de Incentivo Docente, más conocido como Fonid. Representó durante todos estos años un aporte económico que el Ejecutivo Nacional brindaba a las provincias para equiparar sueldos de maestros y profesores en todo el país. No fue un logro gratis. Lo consiguieron los docentes con aquella histórica Carpa Blanca que duró más de mil días, en el gobierno de Carlos Menem. Siendo un triunfo de la Ctera, este gremio de los docentes también se sumó al reclamo presionando con un paro en el arranque del ciclo lectivo. El Fonid se venía actualizando en forma periódica mediante leyes y decretos, pero esta vez venció a fin del año pasado y Milei no lo renovó. Por eso dijeron desconocer los reclamos, aunque la particularidad es que el presupuesto nacional 2023 lo tenía contemplado y como se prorroga para este año, tiene las mismas previsiones presupuestarias y desde Misiones esperan que se cumpla con el compromiso asumido por la nación. Por el incumplimiento actual, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua dio a conocer la decisión de promover una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, para que el Gobierno nacional asegure la continuidad del pago tanto del Fonid, que en este caso fue cubierto con fondos provinciales. El gobierno provincial destaca que producto del equilibrio fiscal se pudo hacer frente con recursos propios, los fondos que debían enviarse por ley por parte de la Nación. Del mismo modo debió la gestión provincial hacer frente a los fondos del transporte que ahora no quiere reconocer la Nación, siendo un esquema que hasta ahora permitió cuidar el bolsillo de los usuarios.

Ante la Corte

Lo cierto es que Misiones recurrió a la Corte por el reclamo del pago del Fonid, como los recursos correspondientes a Conectividad y Garantía Salarial. En forma previa se había realizado la solicitud formal, ante el atraso del pago de deudas correspondientes a los años 2023 y 2024. En tal sentido se conoció que solo en el caso del Fonid, según consignó la provincia, la apropiación de la Nación representó $1.574.950.605 correspondiente al período 2023 y $1.394.678.871 por este año. Como esta presentación tal como hizo público el gobernador Hugo Passalacqua se pretende dar continuidad y asegurar el pago a los docentes, como contemplan leyes que Nación pretende desconocer.

Con este reclamo, Misiones suma su segunda presentación este año ante la Corte Suprema. En forma previa, recurrió a una similar medida cautelar solicitando que se deje sin efecto los artículos del DNU de Milei, que le quitan atribuciones regulatorias al Inym. Por lo tanto, se esperarán resoluciones de los jueces sobre estos dos reclamos concretos.