Reglamentaron la ley para el desarrollo de la producción de cannabis y el cáñamo industrial
La producción de cannabis y del cáñamo tiene marco regulatorio en Argentina. Mediante el decreto 405/2023, el Gobierno delineó los alcances y detalles de la Ley N° 27.669 con el propósito de fomentar el desarrollo de estos cultivos en el país.
Una de las claves es la diferenciación entre el cannabis “psicoactivo” y el cáñamo “industrial y/u hortícola”. Se estableció que el cannabis psicoactivo es aquel cuyo contenido de tetrahidrocannabinol (THC) supera el 1% de su peso seco, siguiendo estándares y procedimientos de medición certificados a nivel nacional. Por otro lado, se define el cáñamo como aquel que no excede este límite de THC.
La normativa también designa a la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame) como el organismo encargado de supervisar la implementación de la ley. Ariccame tendrá la responsabilidad de regular y controlar aspectos como almacenamiento, transporte, distribución y trazabilidad de semillas de cannabis, cannabis y sus derivados para fines medicinales, nutricionales, cosméticos e industriales.
La colaboración interinstitucional será esencial para asegurar el cumplimiento efectivo de la normativa, afirmaron. Ariccame trabajará en conjunto con entidades estatales como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), los Institutos Nacionales de Semillas (INASE), Tecnología Agropecuaria (INTA) y Tecnología Industrial (INTI), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP).
El directorio de Ariccame asume un rol esencial en la evaluación y aprobación de solicitudes de autorización y licencias. La normativa subraya la prioridad dada a personas jurídicas que cumplan con requisitos específicos. Estos incluyen que el capital social sea mayoritariamente de origen nacional, que la sede social se localice en la misma jurisdicción donde se desarrolle la actividad económica, y que al menos el 50% de los puestos de toma de decisiones y del personal estén ocupados por mujeres o personas trans.
