La violencia electoral dejó 11 personas asesinadas

El informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) registró 41 casos asociados a los comicios regionales a tener lugar en 2023, entre ellos 11 homicidios. En dicho documento se advierte sobre prácticas “dañinas para la democracia colombiana que aún persisten en el sistema político” en el marco de los comicios por las gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y juntas administradoras locales.

“Laviolencia político-electoral es una subcategoría de la violencia política que se define como aquella ejercida contra un individuo o un colectivo debido al ejercicio de sus derechos políticos en el marco de la contienda electoral. En Colombia, ésta se ata no sólo a las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, sino también a las dinámicas políticas clientelares y corruptas”, explica.

Durante los cuatro meses que van del calendario electoral se registraron 64 víctimas de violencia electoral en 41 hechos asociados: 11 fueron asesinadas, 10 sufrieron un atentado y 43 fueron amenazadas.

Y aunque en este periodo se registraron menos hechos de violencia, se observa “un repertorio de victimización más agresivo”, según Pares, quien alertó que “sigue existiendo correlación entre violencia y corrupción”. Entre los hechos más graves que destaca el informe está el atentado contra la congresista Aida Quilcué el 29 de octubre de 2022, que se suma a múltiples amenazas que recibió en el pasado en su contra, y el asesinato del periodista y denunciante de corrupción Wilder Alfredo Córdoba en noviembre de 2022 en Nariño.

También dos asesinatos en la misma semana de miembros del Pacto Histórico en el departamento de Bolívar y los explosivos hallados cerca de la antigua vivienda de la vicepresidenta, Francia Márquez, en Suárez, Cauca, días antes de una visita.

La mayor parte de víctimas, un 66 %, son personas electas por voto popular, mientras que el segundo perfil más afectado es el de los militantes de partidos políticos, que cuentan con ocho víctimas, y después exmiembros de cargos de elección popular, de los que se han contabilizado siete víctimas.