Especialistas en violencia de género advierten que lo que falla es el control

Desde el 2009 rige en el país la ley 26.485 que protege a las mujeres contra las violencias por motivo de género, sin embargo los femicidios no cesan. ¿Qué es lo que falta hacer? ¿Hacen falta nuevas leyes o que se cumplan las que están en vigencia? ¿Son efectivas las medidas de protección como las restricciones de acercamiento o los botones antipánico?

Ante estos interrogantes, El Territorio dialogó con la periodista Alejandra Benaglia y con la abogada Clara Santamarina, quienes forman de la Casa del Encuentro  sobre cómo prevenir y erradicar la violencia de género. Se trata de una organización no gubernamental que promueve la defensa de los derechos de las mujeres y ofrece talleres de capacitación, asistencia y orientación psicológica para víctimas de violencias y trata.

“Lo primero que hay que destacar es que nuestro país tiene una legislación muy completa. No hacen falta más leyes. Lo que necesitamos es que se aplique en la realidad lo que dicen las letras de esas leyes. Que el Poder Judicial ejecute las medidas concretas para ayudar a todas las personas que hoy son víctimas de las violencias por cuestiones de género”, explicó Benaglia.

A su turno, Santamarina señaló que “la ley 26.485 de protección integral de la mujer es de orden público para todo nuestro país y la pueden aplicar jueces o juezas de cualquier fuero o jurisdicción. Esto significa que está en vigencia en todos los municipios de Argentina y que no importa si es un juez federal, un juez penal, civil o de familia. Todos pueden tomar esta ley y hacer uso de lo que estipula”.

La letrada explicó que “la ley 26.485 contiene las medidas que puede ordenar un juez cuando toma conocimiento de una denuncia por violencia de género, que son muchas y todas apuntan a proteger a la víctima”.

Entonces surge un interrogante clave: ¿Cuánto tiempo se toma un juez para ordenar una medida de protección y una vez que lo hace quien controla que efectivamente se cumpla esa orden judicial? ¿Por qué hay femicidios en casos en los que el femicida tenía prohibición judicial de acercamiento a su víctima? 

“Ahí entramos en un terreno amplio. Porque cada provincia tiene sus propios códigos de procedimiento judicial y en cada Estado provincial rige un sistema local. Por ejemplo, para hacer las denuncias en algunas provincias hay oficinas de violencia doméstica (OVD) y en otras no. En algunas comunidades hay comisarías de la mujer y en otras no. O en algunos juzgados hay fiscalías específicas para este tipo de violencias y en otros no. Todas esas variables influyen al momento de la celeridad que tienen que tener estos casos. Porque obviamente en los lugares donde más organismos de este tipo haya, donde su personal esté más capacitado para abordar estas cuestiones, es lógico que las causas judiciales sean más rápidas y efectivas”, desarrollo Santamarina.

Y ese es un punto central en el análisis que hicieron las especialistas. Afirman que es relativo separar la teoría -que está en el plano de lo ideal- de la realidad. Desde esa mirada se advierte que en la práctica cotidiana de la aplicación de la ley hay muchas falencias que debieran ser atendidas por el Estado nacional y los estados provinciales, que son las autoridades políticas encargadas de abordar este drama social.

No puede ser que una mujer que denunció a su pareja por violencia de género y que logró transitar la burocracia judicial hasta lograr un pedido de prohibición de acercamiento termine después siendo víctima de un femicidio. Y lo que es peor, no debiera suceder que una mujer víctima de violencia no haga la denuncia porque sabe que no será escuchada o que no recibirá protección del estado para superar su situación.

“El foco del debate no se puede poner en la idea que las mujeres no denuncian porque no confían en la Justicia, sino en la exigencia social de que la Justicia y las instituciones estatales monitoreen como corresponde las medidas que dictan. Si no es pura declamación en la teoría y poco resultado en la práctica”, exclamó Benaglia.

Primer paso necesario

“Cuando una mujer está viviendo una situación de violencia de género y no la denuncia, el Estado no se entera. En cambio, cuando esa mujer realiza la denuncia, el Estado toma nota de la situación y debe ordenar medidas de protección”, explicó la periodista.

Por este motivo, las profesionales de Casa del Encuentro promueven la concientización social sobre la necesidad de denunciar los casos de violencia de género. “Es fundamental que la sociedad se organice para funcionar como una especie de red que sepa identificar rápidamente estos casos, denunciarlos y a partir de allí exigir que la Justicia articule todos los mecanismo legales que tenemos en nuestro país para ayudar a esas víctimas”, sumó.

Y siguió: “Nosotras siempre aconsejamos que el primer paso es la denuncia, pero no quiere decir que con la denuncia ya se termina todo. Al contrario, ahí recién comienzan a articularse los distintos mecanismos que tenemos en el país para asistir a esa persona”.

Y una vez que se radica esa denuncia y se comienza a transitar el proceso judicial, hay casos en los que los denunciados a pesar de una tobillera electrónica, de un botón antipánico o de una restricción de acercamiento,  igual deciden ir por sus víctimas. ¿Qué se puede hacer en esos casos?

“En esos casos la solución no es no hacer la denuncia para evitar esa furia descontrolada del agresor, sino que el foco se debe poner en qué pasa con los controles que debe tener esa persona. Por qué si se dicta una medida de restricción, nadie controla o si se da un botón antipánico nadie acude. Entonces, el problema no es la medida de protección, sino la gestión de esa herramienta de ayuda. La falta de personal o de la capacitación del personal que debe estar abocado a esta función”, señaló Benaglia.

Seguidamente destacó que “es obvio que no hay un personal policial para cuidar el domicilio de cada mujer que denuncia violencia de género. Por eso es fundamental la evaluación de riesgo de cada caso. Y quizás algunos sí requieran de esa consigna policial y otros puedan tener otras herramientas”.

Las representantes de la Casa del Encuentro explicaron que “no hay que desalentar a las mujeres para que no denuncien. Hay que acompañarlas a dar ese paso necesario. Y después hay que trabajar mucho para que desde los organismos oficiales se cumpla con lo que dicen las leyes. Y que se controle a los agresores que violan los perímetros de acercamiento o las prohibiciones que se les dictaron para que se cumpla con la ley”.

Crecen femicidios, no denuncias

Según el relevamiento anual que realiza la Casa del Encuentro, el año pasado se produjeron 301 casos de femicidios. De ese total 59 víctimas habían hecho la denuncia por violencia de género y 13 de ellas contaban con medidas de protección. Estas cifras pueden tener distintas lecturas, pero a priori señala que aún hoy muchas mujeres que son víctimas de violencia no hacen la denuncia. Un femicidio es el grado máximo de violencia y no se llega a esa instancia sin antes haber ejercido otro tipo de violencias.

 “La gran mayoría de las mujeres que fueron víctimas de femicidio en nuestro país durante el año 2022 no habían formulado la denuncia por violencia de género. Y esto nos da la pauta de que aún muchas mujeres no confían en el Estado y por eso no hacen la denuncia del infierno en el que viven. Por eso es fundamental fortalecer la conciencia social sobre la necesidad de denunciar estos casos. De no taparlos. De no naturalizarlos”, interpreta Santamarina.

Seguidamente la abogada también puso la lupa en “los casos de femicidios que igual sucedieron a pesar de tener medidas de protección. Aún hay mucho por revisar sobre la práctica diaria de los mecanismos de protección y sobre quién controla que eso se cumpla. Es materia pendiente a fortalecer, si realmente queremos erradicar la violencia de género”, destacó.

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