Cómo sigue la causa contra Cristina Fernández y para cuando se espera la sentencia

El pedido de 12 años de prisión, inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos y un embargo millonrio contra Cristina Fernández de Kirchner fue el cierre de los alegatos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Alegatos que demandaron nueve jornadas de presentaciones, divididas a lo largo de tres semanas. Ahora, desde el 5 de septiembre, comenzarán los alegatos de las defensas de los 13 acusados que tiene la causa que investiga un supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, entre ellos la Vicepresidenta. 

El Tribunal Oral Federal N°2 presidido por Rodrigo Giménez Uriburu definió ayer un cuerto intermedio hasta el lunes 5 de septiembre a ls 8:30, momento en que comenzarán los alegatos de las defensas. A esta altura, aún no está definido el tiempo que le llevará a cada abogado defensor desarrollar sus alegatos, pero se estima que podrían llegar hasta bien entrado el mes de diciembre. 

Según lo dispuesto por el Tribunal, hasta el momento, el orden de las presentaciones serán el siguiente:

1 - Héctor Garro, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz. Para él los fiscales pidieron 3 años de prisión en suspenso, por administración fraudulenta.
2 - Mauricio Collareda, exresponsable del Distrito N°23 "Santa Cruz" de la DNV. Para él los fiscales pidieron 6 años de prisión por administración fraudulenta agravada.
3 - Raúl Daruich, exresponsable del Distrito N°23 "Santa Cruz" de la DNV. Para él los fiscales pidieron 6 años de prisión por administración fraudulenta agravada.
4 - Julio De Vido, exministro de Planificación Federal. Para él los fiscales pidieron 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargo público, como organizador de la asociación ilícita y por administración fraudulenta.
5 - Abel Fatala, el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala. Para él los fiscales pidieron 4 años de cárcel.
6 - Cristina Fernández de Kirchner, exmandataria y actual vicepresidenta. Para ella los fiscales pidieron 12 años de prisión e inhabilitación especial perpetua como supuesta jefa de la asociación ilícita en concurso real con el delito de administración fraudulenta agravada.
7- Lázaro Báez, empresario. Para él los fiscales pidieron 12 años de cárcel por ser organizador de la asociación ilícita y también por el concurso con el delito de administración fraudulenta, en calidad de partícipe.
8 - Carlos Kirchner, exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal. Para él los fiscales pidieron la absolución por el delito de asociación ilícita y pedido de condena a dos años de prisión en suspenso por supuesto abuso de autoridad.
9 - José López, exsecretario de Obras Públicas. Para él los fiscales pidieron 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como organizador de la asociación ilícita, en concurso real con la administración fraudulenta.
10 - Raúl Pavesi, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz. Para él los fiscales pidieron 5 años de prisión.
11 - Nelson Periotti, extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Para él los fiscales pidieron 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como organizador de la asociación ilícita en concurso con la administración fraudulenta.
12 - José Santibañez, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz. Para él los fiscales pidieron 4 años de prisión.
13 - Juan Carlos Villafañe, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz. Para él los fiscales pidieron 6 años de prisión por administración fraudulenta.

Una vez finalizada esta etapa, será el turno de que los jueces Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorin, como integrantes del TOF 2, se expidan acerca de la sentencia. Esto podría ocurrir recién a partir de febrero o marzo de 2023, luego de la feria judicial de verano. 

Una vez conocida la decisión del Tribunal existe la posibilidad de que alguna de las partes, no satisfecha con lo resuelto, recurra a otras dos instncias. Solo si ninguna de las partes apela la decisión del Tribunal la causa se considerará juzgada. Si existe alguna apelación, entonces se deberá esperar la decisión de las demás instancias, para que la decisión esté firme. 

Así, vez conocida esa sentencia del Tribunal Oral, los tiempos judiciales se definirán por las posibles apelaciones y recursos de queja, que deberán ser analizados por la Cámara de Casación Penal. Ese plazo se podría extender durante casi todo el año 2023, si es que la Justicia recorre los caminos habituales de los procesos y no acelera por motivos políticos o electorales. En esta instancia se puede abrir un abanico innumerable de opciones, con recusación de jueces, pruebas, procedimientos, etc, lo que podría, incluso, extender los tiempos al 2024.

Esto echa por tierra cualquier posibilidad de que se le impida a Cristina Ferández de Kirchener su participación en las elecciones del próximo año, ya que mientras el proceso siga su curso, no existirá un impedimento para su presentación, incluso cuando los jueces del TOF 2 decidan avalar el pedido de inhibición planteado ayer opor los fiscales. Existe jurisprudencia de la Corte Suprema que indica que las inhibiciones no se aplican hasta tanto la causa esté completamente terminada, esto es, cuando ya no existan recursos que presentar, o cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida. 

Así, un vez que se conozca el fallo del la Cámara de Casación, los acusados tendrán la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema, última instancia judicial del país. Si esto sucede, en los pasillos de Comodoro Py estimaron que la sentencia definitiva podría llegar a fines del 2024 o principios de 2025.