La identidad de los misioneros en manos de nadie

Cómo desaparecieron los DNI del Registro de las Personas. La Justicia Federal analiza el caso.
domingo 22 de julio de 2007 | 1:00hs.


La Justicia Federal analiza investigar el caso. Los peligros del robo de identidad como modalidad delictiva

Los ciudadanos de Misiones, en la actualidad, tienen todos los motivos del mundo para dudar sobre la identidad que refleja su DNI. Su documento, falsificado u original, puede estar en manos de otras personas dispuestas a utilizarlo para un sinnúmero de operaciones, que en definitiva, recaerían sobre la inocencia de su nombre y apellido.
El robo de documentos ocurrido en una de las oficinas del Registro de las Personas el pasado 16 de febrero de 2006 y que fue denunciado por El Territorio en su edición del jueves generó una catarata de incertidumbre sobre las garantías institucionales que otorga la cuestionada dependencia provincial dirigida por Iván Lambert Navarro, que a su vez se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, capitaneado por Claudia Gauto.
Fragilidad en los controles, desidia y silencio oficial por ocultar una información de carácter público, y respuestas evasivas ante las solicitudes de los usuarios, son algunas de las anomalías que atentan contra toda una sociedad que percibe el estado de indefensión por donde se lo mire.
Por su parte, fuentes tribunalicias le aseguraron a Territorios que en el transcurso de la semana algunos damnificados por el ilícito estarían dispuestos a presentar una denuncia ante la Justicia Federal para solicitar la urgente intervención. “Esto es un escándalo sin precedentes. Se robaron documentos desde adentro del Registro hace un año y medio y si no fuera por la prensa nadie se enteraba. Esto es un delito muy grave. El director tendría que haber dado un paso al costado una vez que se hizo pública la noticia. Por lo menos, lo podrían acusar por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Si ninguna víctima del ilícito se presenta durante los próximo siete días a efectuar una presentación, no sería descabellado adelantar que la Fiscalía podría actuar de oficio”, confirmaron funcionarios judiciales.
En consonancia con el proceder habitual del gobierno rovirista, los máximos responsables, Lambert y Gauto, se encerraron en un pronunciado silencio. Sin embargo, ambos funcionarios están entre ceja y ceja de la Justicia Federal por la desaparición de 30 mil documentos producida en la víspera de los comicios que determinaron el rechazo a la pretensión reeleccionista del saliente mandatario provincial, Carlos Eduardo Rovira.
Usted, estimado lector, espere, y ruegue que nadie tenga un DNI idéntico al suyo…

La sospechosa desaparición
Viviana Cabello fue a trabajar como cualquier otro día a la División Centralizadora de DNI, oficina que nuclea todos los documentos que luego deben remitirse a las distintas delegaciones provinciales del Registro de las Personas. Corría el caluroso miércoles 16 de febrero de 2006. Al llegar se topó con una desagradable sorpresa: la guardia policial le comunicó que durante la tarde del martes habían detectado una ventana interna violentada por la que ingresaron desconocidos. Tragó y temió lo peor. Junto al personal a cargo, y ante el desorden de papeles con el que se chocaron, se dispusieron a fiscalizar los trámites de los usuarios. Allí, confirmaron parte de las malolientes presunciones que merodeaban alrededor de su nariz: se habían robado documentos.
Nerviosa, pero decidida, actuó como correspondía. Elaboró un listado de los DNI desaparecidos y lo remitió junto a los detalles del caso hacia el despacho de Iván Lambert Navarro, director general de la dependencia encargada de certificar la vida y la muerte de los misioneros, donde adelantó que concretaría una presentación en la policía. A partir de esa instancia, reinó el mutismo. Según pudo indagar Territorios, Cabello habría mantenido reiteradas reuniones con Lambert tras el insólito episodio, donde en términos no del todo amables, habría sido invitada a que guardar el secreto bajo cuatro llaves. Nada fue igual desde entonces. “Tuvo que dejar su lugar por las diferencias que la separaban de la dirección”, aseguraron varios empleados.
“Increíblemente Lambert primero, y Gauto después, por ser la jefa directa y porque debiera estar al tanto de una hecho de tamaña magnitud, no presentaron ninguna denuncia. Cuesta creer que no hayan barajado la opción que esos DNI sustraídos desde adentro pudieran ser utilizados por sus flamantes dueños. Por acción u omisión incurrieron en una falta grave, porque si se hubiera admitido el robo y publicado la lista de los perjudicados, todo sería diferente. Pero se equivocaron mal, y pusieron a la pobre gente en manos de delincuentes. Tienen que ser investigados ya, y en todo caso, renunciar”, detallaron, con precisión de cirujano, informantes que habitúan merodear por los pasillos de Tribunales.

“El” negocio
Los riesgos de “perder” una identidad son muchos. Según la empresa Veraz, especializada en información comercial, “el robo de identidad se ve facilitado en nuestro país, por la suma de factores que muestran fragilidad en el conjunto de las medidas de seguridad que debieran existir en el proceso de producción de los documentos de identidad. En la opinión de especialistas, debería ser revisado integralmente teniendo como punto de partida la misma emisión del documento de identidad (asegurando los controles de impresión, almacenamiento, etcétera) hasta la puesta a disposición del titular del documento emitido”.
“Se denuncian grandes cantidades que no son retirados del organismo emisor y no se tienen precisiones sobre el destino final de estos. A la vez se debería facilitar el acceso a las denuncias de robo producidos para permitirle al mercado desarrollar mecanismos de prevención acordes con las diversas modalidades”, explicaron en un informe sobre el tema. En el estudio, los investigadores dieron cuenta de que el tráfico de documentos y la cesión de datos personales “elevan peligrosamente los casos de estafas a través del uso de esta información confidencial”. Según los especialistas, el robo de identidad en la Argentina genera un negocio que moviliza millones, dado que cerca de un centenar de casos de apropiación de identidad que por día se registran en la Argentina, una cifra superior al 40 por ciento desemboca en intrincadas estafas donde el principal damnificado es el portador “original” de dicha identidad.
“El robo o la pérdida de documentos de identidad, el no retiro de ellos cuando son renovados y la cesión indiscriminada de los datos personales están contribuyendo a elevar peligrosamente los casos de robo de identidad en la Argentina”, destacó la organización.
Las pérdidas, desde la óptima de la calificadora de riesgo Veraz, son cada vez más elevadas, y las estafas se concentran en la obtención de créditos en entidades bancarias y en comercios de distintos rubros.
Representantes de las empresas dedicadas al manejo de información comercial consideraron que al no existir una tipificación específica de este tipo de delitos en el código penal argentino “la sustanciación de las causas genera demora y casi nunca prosperan”. “En el mejor de los casos pasan años hasta que se pueda probar algún tipo de ilícito”, describió Roberto Laterra, gerente de la consultora Veraz.
D. A.


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