De la butaca al banquillo

En septiembre y noviembre, en la ciudad de Posadas hubo tres juicios por siniestros viales y las coincidencias entre todos son muchas: casos sumamente mediáticos -incluso seguidos a nivel nacional-, con el alcohol como factor determinante y condenas altas para este tipo de delitos a los distintos imputados.
Ellos son Gonzalo Slamovits (34), ex empleado de la Dirección Nacional de Migraciones que actualmente está en silla de ruedas por el siniestro por el cual se lo juzgó; Cristóbal Barboza (56), ex intendente de la localidad de Arroyo del Medio que chocó y mató con un vehículo municipal sin documentación; y, por último, la abogada y ex Miss Argentina Rocío Santa Cruz (33), quien continuó con su marcha después de chocar mortalmente a un motociclista tras una noche de fiesta en la Costanera.
Slamovits fue condenado el 12 de septiembre a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo en la Unidad Penal I de Loreto, por las muertes de Yanina Claribel Galarza (20) y Gladys Mabel González (27), ocurridas en febrero del 2015.
Por el momento, permanece con prisión domiciliaria y custodia policial hasta que en la cárcel se genere un espacio de reclusión acorde a sus necesidades médicas.
El 8 de noviembre, en tanto, el ex alcalde recibió la misma condena, con la diferencia de que ya cumple con su sanción en una celda de la UP I. Barboza fue declarado culpable por provocar la muerte de Mario Alberto Andersson, un remisero de su misma edad a quien impactó tras conducir alcoholizado e invadir el carril de la víctima sobre la ruta nacional 14, el 19 de junio de 2016.
Por su parte, Santa Cruz fue condenada a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo el último 26 de noviembre por haber provocado la muerte del inspector de tránsito municipal Ramón ‘Topo’ Cabrera (53), a quien atropelló mientras manejaba alcoholizada un automóvil sobre la avenida Quaranta de Posadas, el domingo 31 de enero de 2016. En su caso, irá a prisión solamente cuando su fallo quede firme.
Todos fueron considerados por la Justicia penalmente responsables por el delito homicidio culposo.
El debate oral contra el ex trabajador de Migraciones empezó el 7 de septiembre. Allí se leyeron las pericias accidentológicas que determinaron que el vehículo Volkswagen Golf que conducía circulaba a una velocidad de al menos 142 kilómetros por hora hasta que comenzó a derrapar y que el impacto contra las víctimas se produjo a una velocidad de 114 kilómetros por hora.
El estudio leído por un profesional estableció además que el siniestro se produjo como consecuencia de una “falta de dominio” del rodado provocada por la velocidad y por el nivel de alcohol que registraba (1,16 gramos del alcohol por litro de sangre) el conductor.
En sus alegatos, la fiscal de juicio, Yolanda Mazal, fue muy cruda, haciendo primero hincapié en cómo quedaron los cuerpos de las víctimas.
“Nadie le ordenó que haga lo que hizo en ese auto que, según las pericias, estaba preparado para correr a más de 200 kilómetros por hora. Conjugó (por el acusado) los condimentos más perversos al manejar ebrio y a excesiva velocidad un auto preparado ¿Qué podría pasar? Está a la vista el resultado de su terrible accionar”, expresó Mazal.
Antes de recibir la sentencia, el acusado dijo que estaba arrepentido de haber “generado tanto daño”, que no se consideraba un mal tipo y que le hubiera gustado “remediar lo que hice aunque sea de forma económica, pero yo también estoy sufriendo. Perdí el laburo inmediatamente después del accidente, tuve muchos problemas con la obra social y ahora soy un discapacitado que depende de otros”.
En el caso de Barboza, si bien la causa se elevó a juicio en tiempo récord, el proceso estuvo marcado por las medidas dilatorias, artilugios e incluso artimañas, ya que pese a que una junta médica estableció que estaba en condiciones de ser juzgado, la noche anterior a la fecha inicial del debate se internó en una clínica privada, donde estuvo solamente unas horas por una dudosa patología que hizo que los médicos que firmaron el certificado ahora estén siendo investigados.
Para que comparezca ante los estrados tuvo que ser detenido y aunque su defensa cuestionó todos los procedimientos y buscó anularlos, las pruebas en su contra fueron contundentes. Tras la única jornada de debate, el 8 de noviembre, fue sentenciado.
En sus declaraciones, los peritos dejaron en claro que Barboza conducía por la mitad de la ruta nacional 14 y que por eso el choque fue “en la zona media de la calzada y en este caso está clarísimo que abarcó ambos carriles”.
La increíble marca de alcohol en sangre del funcionario también fue un punto a desarrollar. El policía que le hizo la prueba dijo que el acusado no se negó y “sopló siete segundos. Marcó 2,14, pero visiblemente se notaba que estaba borracho. Le pregunté si iba a firmar el resultado que había dado y me dijo que sí, que él era intendente y no tenía problemas”.
En su alegato, la fiscal María Laura Álvarez ponderó éstas declaraciones: “Circulaba por el medio de la calzada ocupando los dos carriles. Es imposible que por su estado haya tenido una perceptibilidad real de lo que estaba pasando, por lo que se debe tener en cuenta su desprecio por la vida. Como ser humano, jamás llamó a la familia de la víctima y eludió cada vez que pudo la acción de la Justicia, obligando a postergar cinco veces el juicio. Se creía omnipotente”.
Por último, el fallo impartido contra Rocío Santa Cruz se conoció el 26 de noviembre. Postergado con anterioridad dos veces, el debate llegó a ese punto después de cuatro jornadas en las que los peritos fueron los protagonistas principales y en las que desde el entorno de la acusada expusieron que fue víctima de una persecución mediática.
Se reconstruyó que la abogada circulaba a 68,58 kilómetros por hora, cuando la máxima sobre la avenida Quaranta es de 60, y no guardó la distancia prudencial para con la moto de Cabrera.
En su contra también fue considerado importante el test de alcoholemia que se le practicó a la imputada cinco horas después del hecho y el cual arrojó 0,88 gramos de alcohol por litro de sangre.
La fiscal Álvarez también intervino en este debate y en su alegato apuntó: “Si viajaba sin intoxicación etílica, guardando distancia reglamentaria y a la velocidad permitida, el hecho no se hubiera producido”.