Apuntan a que hubo actuaciones que fueron respondidas con desinterés o indiferencia
Caso de violencia familiar caratulada por la Justicia como conflicto parental
Uno de los casos preocupantes y que volvió a poner en debate el accionar de la Justicia trascendió en las últimas semanas cuando se tomó conocimiento de que una mujer se mudó de Buenos Aires a Misiones junto a su hija por presunta violencia de género perpetrada por su expareja, quien ante esto presentó una denuncia y logró que el juzgado interviniente multe a la mujer por los días que la menor está lejos de su padre.
Pedidos de entrevista de la niña con profesionales para que escuchen sus necesidades y amparos para que la Justicia de Misiones actúe en la causa fueron algunas de las presentaciones realizadas por Alejandra junto a su abogada particular. Actuaciones que fueron respondidas con desinterés o indiferencia, según detalló la mujer en diálogo con El Territorio.
La denuncia inicial que la madre radicó data del 23 de octubre de 2025, “un día posterior a lo que yo consideré que secuestraron a mi hija, tanto su padre en complicidad con la abuela paterna”, contó. Agregó que solicitaron el botón antipánico, pero nunca les fue dado, ya que “siempre minimizaron, por más que la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) lo consideró como riesgo medio”.
En ese marco, Alejandra aclaró: “Siempre diferencio lo que viví como mujer al lado de mi expareja y lo que mi nena vivió como hija. Una cosa es lo que yo conozco como madre y otra es lo que ella padeció en sí misma, que al día de hoy todavía no tenemos conocimiento de cómo fue”.
De su expareja está separada hace cinco años, luego de estar casi diez en relación. “Cuando uno conoce a alguien, se enamora, modifica su vida y no mide las consecuencias. Tiempo después de haber salido de la relación fue que descubrí que había sido víctima de violencia de género”, reconoció.
Sobre esa violencia padecida, contó que “para mí era algo que se marcaba en la piel. Tiempo después me di cuenta de que lo que habían ejercido sobre mí era una violencia psicológica, una violencia que no se veía a simple vista y que por eso es tan fácil de desestimar”.
Violencia psicológica
En ese contexto, contó que lo que ella sufrió comenzó con la desvinculación de su entorno cercano, con el menosprecio a su familia. Eso escaló incluso hasta volverse una molestia su trabajo.
“Si bien nunca me levantó la mano, sí hubo gestos de violencia, como cuando, estando embarazada, me descomponía, quedaba tirada en el piso teniendo contracciones y él se iba de la propiedad cerrando un portazo para luego volver como si nada”, reveló Alejandra, quien hizo el click cuando se vio al espejo y no se reconocía: “Careces de la autovaloración que antes tenías, porque todo se modifica a un nivel de profundidad en la cabeza que no te das cuenta”.
Sobre lo último, confió que es una sensación que aún mantiene. “Me cuesta identificar un montón de situaciones que viví, no puedo comprender el cómo no las identifiqué porque siempre la información estuvo ahí. Siempre había una descalificación”.
En 2021 tomó la decisión de separarse y mudarse con su pequeña hija de 3 años a un vivero de Capital Federal, cuyo depósito se transformó en un monoambiente para vivir, sin posibilidad de alquilar por ser una zona muy cara.
“Las carencias se vivían, tenía que bañar a mi hija en una palangana calentando agua y el progenitor la traía sucia a propósito para mostrar las carencias o las diferencias que hoy siguen existiendo. La marcación hacia su propia hija que él le da todo y mamá no está a la altura. Nunca pensé que mi hija iba a ser víctima también de estas situaciones”, explayó.
En relación a los distintos gestos preocupantes y propios de una violencia, la entrevistada enumeró que hubo rastreo de celular; no le devolvía sus pertenencias, lo que la terminó dejando en un estado crítico junto a su pequeña, a tal punto de que “tuve que pedir plata en la calle durante más de cinco meses, prácticamente sin ingresos, enfrentando acciones judiciales”.
Intento de arreglo
Tiempo después, Alejandra contó que intentó arreglar las cosas con su expareja y ella con nuevos noviazgos, y con un proyecto en mente: mudarse a Misiones y tener una familia ensamblada para que su hija pueda estar con los dos. Sin embargo, esto cayó cuando el acusado de violencia se habría arrepentido 15 días antes. Acto que fue definido por la mujer como estafa emocional.
“Fue en el 2023, y mi nena ya sabía que iba a venir a colegios de Oberá, entonces esa violencia que también se ejerce cuando hay una estafa emocional, el sistema no la mide como tal. Los jueces de distintas jurisdicciones me dicen ‘lo que ustedes vivieron no es violencia, es un desacuerdo parental’”, lamentó la denunciante.
Respecto a la violencia que vivió su hija de hoy 9 años, Alejandra contó que “la nena se dio cuenta que fue llevada de un establecimiento con mentiras, vivió la violencia cuando trata de separarse de su padre, cuando se logra escapar y se intercepta la situación con un patrullero. Ella lo vivió de primera mano”.
Otra de las situaciones que habría denotado la manipulación por parte del progenitor y de la familia de ésta, se dio en reuniones familiares. “Hoy ella certifica que vivió situaciones que yo no puedo confirmar, como que ha sido grabada en audios en varias reuniones familiares recibiendo presiones para que llorando diga ‘no quiero ir a vivir a Misiones’”.
La justicia
Ante esto, la mujer apuntó que a pesar de ser víctima de violencia de género, no pudo tener la contención de la justicia. “El Juzgado Civil 85 de Buenos Aires me obliga a volver a un lugar donde no tengo casa, no tengo familia que pueda alojarnos mientras siga el proceso que la justicia quiere manejar con los tiempos que son de la justicia, pero no los de la nena ni los míos, porque uno tiene que comer, poder dormir en un lugar y Buenos Aires no representa esas cuestiones”, remarcó.
A esta situación se le suma que tampoco aceptan que la menor pueda hablar del caso para evidenciar lo que realmente padecieron. “Mi hija tiene una indignación por no ser escuchada. El año pasado hizo terapia por problemas que parecía tener un origen orgánico y resultó ser todo emocional, como sus autolesiones, porque se pellizcaba, me pellizcaba, se golpeaba y se descalificaba”, describió Alejandra.
“Mi hija decidió, pero ahora no está siendo escuchada ni por el padre ni por la justicia. Se nota que no puede contar con sus derechos de niño ni sus derechos humanos”, lamentó, añadiendo que “más allá de la demanda que me iniciaron estratégicamente para que los jueces digan que no vivimos violencia y que es un desacuerdo parental, es muy doloroso que se aprovechen de lo que vos construís y cedés, porque hay una hija en el medio”.
Violencia vicaria
La entrevistada contó que actualmente comprende lo padecido, identificando esas actitudes como parte de la violencia vicaria. “Es tan nuevo que la Justicia ni siquiera se actualiza en estos nuevos conceptos y hoy estoy siendo perseguida como en una cacería de brujas por proteger a mi hija, que es una menor que está pidiendo ser escuchada”, señaló.
En relación a la causa, Alejandra contó que en los últimos días fue informada por parte del Juzgado 85 de Buenos Aires que la petición de un abogado del niño fue denegada, además de que la carta que su hija hizo de puño y letra para solicitarle al juez ser escuchada también fue denegada. En esa línea, manifestó que “siguen todas las medidas vigentes para mí, es decir la multa diaria de 600 mil pesos y la extracción de mi hija para que vuelva con su progenitor, aún con él teniendo denuncias por violencia”.
“Parece que de víctima pasé a ser la victimaria, pero ese es el sistema que tenemos”, expresó indignada, indicando que le quieren iniciar una causa penal y exponerla a una pericia psiquiátrica. “Yo no tengo problema de hacer la pericia pero si él tiene la denuncia de violencia, ¿por qué no le piden una pericia psiquiátrica a él o por qué la obligan a la nena a vivir en un lugar que ya ha dicho varias veces que no quiere?”.
En Oberá también buscó respaldo de la justicia, a través del juzgado de familia de esa jurisdicción, aunque la respuesta fue considerarse incompetente de la causa.
“Lo que me dolió realmente es que apelamos y el titular del juzgado de menores dijo que no hubo violencia sino una diferencia parental, es fuertísimo”, analizó.
Informe de domingo
- Cuando los tiempos de la Justicia no van de la mano con los de las víctimas
- Denunciar y sostener: el proceso invisible que atraviesan las víctimas
- El calvario de las víctimas de violencias en el sistema judicial
- Caso de violencia familiar caratulada por la Justicia como conflicto parental
- A 7 años de la muerte de una bebé, su padre sigue reclamando justicia
- Una puñalada, 37 puntos en el abdomen y secuelas que siguen