Opinión

Ley de Inocencia Fiscal: Qué cambia en los delitos tributarios

Por: Dr. Luis Miguel Palma De La Garma Abogado.especialista En Derechio Aduanero y Tributario Docente Universitario

La nueva Ley de Inocencia Fiscal promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional en fecha 2 de enero del corriente año 2026 y por ende con actual vigencia, contiene 3 títulos con sus respectivos Capítulos. La cuestión en primer término, claramente y según se desprende del texto de la norma es lo referido a la reforma de la Ley Penal Tributaria en la cual se han aumentado considerablemente los montos de las distintas clases o tipos de evasiones de tributos y de recursos de la seguridad social y es a lo que me referiré más abajo. Las otras cuestiones no menores de las que trata el texto de la ley en comentario es lo referido al procedimiento tributario de fiscalización y de determinación tributaria que regula las infracciones tributarias y también con un criterio de aumento de montos en distintas situaciones con sus consecuentes efectos. También se introducen cambios en el Código Civil relacionados con la prescripción de las acciones. En el tema Previsional se producen cambios y por último se crea la figura de la declaración jurada instaura el Régimen de Declaración Jurada Simplificada en el Impuesto a las Ganancias

Por una cuestión de espacio y tiempo consideré en primera instancia y de manera atinada tomar el punto relacionado a los cambios en la Ley Penal Tributaria para considerar delito a la evasión tributaria en la Argentina, lo que excluye del sistema penal a miles de causas de baja cuantía e introduce mecanismos que priorizan el cobro administrativo y la regularización voluntaria por encima de la persecución judicial. Antes de seguir me gustaría hacer una aclaración para los lectores y que esto sea más entendible. Lo que se menciona como montos mínimos o máximos es lo que en derecho penal se denomina Condición Objetiva De Punibilidad, que es una cantidad determinada de pesos objeto de la evasión tributaria. Esta condición objetiva de punibilidad funciona de tal manera que si la evasión de determinado tributo supera ese monto establecido por la ley la conducta se considera delito, así tenemos que la ley nueva en comentario elevó la Condición Objetiva De Punibilidad. No hace falta decir que la inflación se comió a los montos y por ende a los delitos cometidos y a las causas en trámite. Algunos tribunales, junto con Arca y el Ministerio Público Fiscal, sostuvieron que los cambios en los montos eran simples actualizaciones nominales, sin impacto en la valoración penal de la conducta. En buen criollo dicen que el monto de la Condición Objetiva De Punibilidad no forma parte del delito, sino que es una actualización.

Por el contrario, y a esta postura me adhiero, la mayoría de la jurisprudencia y, finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Vidal”, adoptaron una postura distinta. El Máximo Tribunal entendió que los nuevos montos integraban los elementos esenciales del tipo penal y que correspondía su aplicación retroactiva en virtud del principio de la ley penal más benigna, para evaluar la existencia de un delito fiscal, debe considerarse el monto vigente al momento de su comisión.

Además, la ley definió que ese momento coincide con el vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada o instrumento equivalente. De este modo, el Congreso resolvió una cuestión que hasta ahora quedaba en manos de la dogmática penal.

A ver, este ejemplo resulta claro. Para el Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2025, cuyo vencimiento opera en mayo, rige el umbral de $100 millones fijado por la Ley 27.799. En consecuencia, todas las causas en trámite por supuestas evasiones que no alcancen ese monto deberían concluir con el sobreseimiento por atipicidad, en aplicación de la ley penal más benigna.

Lejos de tratarse de un ajuste menor, la norma redefine cuándo una evasión pasa a ser delito penal y cuándo debe quedar circunscripta al ámbito administrativo infraccional

El objetivo declarado es concentrar los recursos judiciales en los grandes evasores y dejar atrás la criminalización de conductas de escasa entidad, en gran parte licuadas por la inflación.

Con la nueva ley, los montos se elevan de manera sustancial. Evasión fiscal: el piso pasa de $1,5 millones a $100 millones; mientras que para el supuesto de la evasión fiscal agravada, el monto mínimo se incrementa de $15 millones a $1.000 millones. En los casos con testaferros o uso indebido de beneficios fiscales, el umbral sube de $2 millones a $200 millones, y cuando se utilizan facturas apócrifas, el monto mínimo pasa de $1,5 millones a $100 millones.

Apropiación indebida de tributos: para agentes de retención o percepción, el piso se eleva de $100.000 a $10 millones.

Delitos vinculados a la seguridad social: La evasión básica mensual pasa de $200.000 a $7 millones. La evasión agravada se incrementa de $1 millón a $35 millones, y de $400.000 a $14 millones según el supuesto. Para empleadores y agentes de retención, el umbral mensual sube de $100.000 a $3,5 millones.

Delitos fiscales comunes (simulación fraudulenta de cancelación de obligaciones).

En materia impositiva, el monto pasa de $500.000 a $20 millones, mientras que en lo relativo a la seguridad social, de $100.000 a $3,5 millones.

Otro eje importante de la ley es la ampliación de los mecanismos para extinguir la acción penal mediante el pago de la deuda. En los hechos, se refuerza la idea de que el derecho penal debe ser la última herramienta, no la primera

En cuanto a elemento temporal de los cambios, la ley establece un mecanismo que ya existía para las infracciones tributarias, por ejemplo, antes de la denuncia penal: si el organismo recaudador detectó una deuda y el contribuyente cancela el total adeudado (capital e intereses), la ley ordena que no se formule denuncia penal. Este beneficio puede utilizarse una sola vez. Durante el proceso judicial: si la causa penal ya está iniciada, el imputado cuenta con un plazo de 30 días hábiles desde la citación a indagatoria para pagar la deuda más un adicional del 50%. Si cumple, la acción penal se extingue y el proceso se cierra.

Aunque coloquialmente podría resumirse como “pagar para evitar el juicio”, lo cierto es que el esquema no es una amnistía general

La ley también introduce cambios que impactan directamente en la cantidad de causas que llegarán a los tribunales.

Por un lado, se reducen los plazos de prescripción: el Estado pasa de tener cinco a tres años para reclamar y sancionar penalmente a aquellos contribuyentes que hayan presentado correctamente sus declaraciones juradas.

En conjunto, la Ley de Inocencia Fiscal redefine el alcance del derecho penal tributario en la Argentina. Al elevar de manera sustancial los umbrales de punibilidad, facilitar la regularización voluntaria y limitar las denuncias automáticas, el nuevo régimen desplaza el foco hacia los casos de evasión verdaderamente relevantes.

El desafío ahora será ver cómo estos cambios se traducen en la práctica administrativa y judicial, y si logran el equilibrio que la norma promete entre eficiencia fiscal y respeto por la presunción de inocencia.

Bueno, hasta aquí llego con una básica nota que merece ser ampliada y además abundar sobre los otros aspectos de la nueva ley, haciendo una reflexión. ¿El problema será la inflación o será el sistema administrativo y judicial? El tiempo lo dirá.

¿Que opinión tenés sobre esta nota?