Opinión

Un año de “ajuste” en el Sistema Universitario Nacional: “¿Y a mí qué?”

domingo 08 de diciembre de 2024 | 6:05hs.

Javier Gortari. Ex rector de la Unam

Como es propio del sistema capitalista, las crisis sirven para “desprenderse” de los lastres con menor capacidad financiera y concentrar la actividad en los actores con “mayor espalda” económica, tecnológica y/o política. Para el sistema universitario eso aplica en el sentido de que en la “crisis” se fortalecen las propuestas privadas y se debilitan las públicas. Y que se trata de una decisión de política gubernamental, más allá de la opinión que nos merezca. Es decir, el “ajuste” no es un tsunami de la naturaleza, es un plan de destrucción de la universidad pública.

La herramienta fundamental del ajuste fue la repetición de un presupuesto que quedó desactualizado con la inflación. A partir de ahí se recuperaron con cuentagotas las partidas presupuestarias para garantizar el funcionamiento básico de las instituciones universitarias: servicios básicos (agua, luz, internet, seguridad, limpieza), combustible y mantenimiento de vehículos, sostenimiento de la infraestructura instalada y de los equipos, algunas becas estudiantiles y no mucho más (cabe destacar el sostenimiento del boleto estudiantil gratuito por el gobierno provincial, más allá del comportamiento de sus legisladores nacionales de “darle gobernabilidad” al ajuste presupuestario).

Quedaron sin financiamiento nuevas carreras, extensiones aúlicas en municipios del interior y obras edilicias. También proyectos de investigación/extensión, acciones de vinculación tecnológica con organizaciones sociales y privadas, y propuestas de internacionalización de la educación superior (como la cancelada Fiesa 2024 a realizarse en Puerto Iguazú). Todos rubros generadores de una articulación social de saberes diversos que enriquecen la cultura y potencian calidad de vida y capacidad productiva, y que hacen a la esencia misma de la educación pública: diferenciándola de los enseñaderos tecnocráticos en serie.

La reducción más importante se produjo en los salarios de los trabajadores docentes y no docentes, que perdieron el 25% de su capacidad adquisitiva frente al proceso inflacionario. El componente sueldos representa el 90% del presupuesto universitario. Y la misma pauta prevé el presupuesto 2025.

Uno podría pensar que para un país azotado por el flagelo de la guerra, la opción sería de hierro. Y que es necesario priorizar. Pero acá la única catástrofe es política. Y la decisión presupone una mirada del mundo actual y del universo que viene, y digámoslo claramente: para el actual gobierno la prioridad son los negocios. Como corresponde al sistema capitalista. En eso le reconocemos coherencia. Pero entonces cabe parafrasear: “Si la educación le resulta cara pruebe con la ignorancia…”

Se trata de una brutal transferencia de ingresos desde los trabajadores y los jubilados para pagar una deuda pública que otros (hoy en el gobierno) capitalizaron y fugaron. Con una concepción de la Argentina y de su inserción en el mundo muy primaria: exportación de alimentos, energía y minerales sin agregado de valor. Para eso no se necesita ni ciencia ni tecnología propias. Se compra hecho y más barato en China, Europa y/o EE.UU. ¿Para qué entonces invertir en educación superior que van a capitalizar otros países vía “fuga de cerebros”? Esa Argentina “cimarrona” que nos deparan la Ley Bases y el Rigi, cierra como modelo social con 9 millones de compatriotas privilegiados disfrutando la bonanza (20% de la población), otros 14 millones que más o menos se acomodan (30%), y la mitad restante de la población, 23 millones de pobres, rebuscándoselas para no morir de inanición, subsistiendo con planes sociales, trabajo precarizado y “changas” varias con creciente injerencia y prosperidad del crimen organizado (cualquier semejanza con el “ejército de mano de obra de reserva” del que hablaba Marx, es pura coincidencia).

Dato mata relato: las universidades, fundamentalmente las públicas donde se hace investigación, resultan claves socialmente para la producción y transferencia de conocimiento significativo, es decir, aquel que aplicado a los problemas de la comunidad y a la producción de bienes y servicios, mejora la calidad de vida de las personas y el desempeño productivo sustentable. Son además escuelas de ciudadanía y fortalecimiento democrático. Desde ese lugar podemos evaluar el desempeño positivo de la educación superior en las últimas décadas (ver cuadro 1).

En 40 años (2022/1980) mientras la población total creció en un 66%, los estudiantes universitarios se incrementaron en un 502% y los graduados/as en un 575%. Sumando ambos grupos, estudiantes y egresados, en 1980 representaban el 3% de la población total argentina y el 6% de los mayores de 25 años: cuarenta años después esos porcentuales habían alcanzado un 12% y un 18 % respectivamente. Con un dato no menor que no aparece en el cuadro: a partir de la última oleada de creación de nuevas universidades nacionales de principios de siglo, funciona por lo menos una universidad nacional en cada provincia. Podemos afirmar que el derecho a la educación universitaria se amplió y se federalizó en democracia. Incorporando definitivamente a las mujeres como protagonistas principales: de 171 mil profesionales y técnicas universitarias que había en 1980, pasamos a una cifra 10 veces superior en 2022 (1.828.000), casi un 60% del total de graduados universitarios censados ese año en la Argentina.

Otro tanto ocurrió en la provincia de Misiones. En 30 años la suma de estudiantes y graduados universitarios/as pasó de 13.200 en 1991 a 89.000 en 2022: un incremento del 600%. Muy por encima del crecimiento poblacional del 60%.

También las mujeres mejoraron su perfomance universitaria: las 2.900 graduadas registradas en 1991 se multiplicaron por 10 en 30 años, llegando a 2022 con 29. 790 graduadas censadas. Hoy en Misiones funcionan dos universidades nacionales (Unam y Unau) y tres universidades privadas misioneras (Ucami, UGD y Unisud) con regionales en distintos municipios, tiene sedes de otras universidades (Cuenca del Plata, Católica de Santa Fe, Unne) y propuestas a distancia nacionales e internacionales.

Provincia de Misiones: relación entre estudiantes y graduados/as universitarios/as y población. (Ver: Cuadro 2)

Esos logros nos hablan de una perspectiva de largo plazo y de una mejora lenta pero firme como tendencia. Y de todo lo que aún falta recorrer para aproximarnos a países desarrollados donde el porcentaje de graduados universitarios en la población mayor de 25 años se acerca al 30% (informe Ocde). Ante ese hecho, y ya que los vientos que soplan no dan para discutir teoría científica, deberíamos aplicar el sentido común scaloneta: “equipo que gana no se toca”. Y bienvenidas todas las auditorías que correspondan.

Por Javier Gortari
Ex rector de la Unam