Senasa, 30 años después

miércoles 10 de julio de 2024 | 6:00hs.

P
ara achicar costos, mejorar la coordinación de tareas y brindar mayor eficiencia en el rol que cumple en el país, el Senasa (Servicio Nacional de Calidad Agroalimentaria) eliminó 20 oficinas del territorio nacional, aclarando que el sistema no se resentirá al quedar 355 plazas que cumplirán iguales funciones.

De esta manera el Ente Autárquico rediseñó un modelo operativo y de administración más eficiente de las oficinas locales, integrándolas a otras de jurisdicciones cercanas.

Publicada en la Resolución 683/2024, da cuenta de que en el NEA se cierran 74 oficinas, y de ellas 8 corresponden a nuestra provincia, Misiones.

Una muestra de sobredimensión se da en la ciudad de Buenos Aires. Se mantenía operativa la oficina en el viejo Mercado Nacional de Hacienda de Liniers, cuando la misma se mudara hace unos años a localidad de Cañuelas.

Del por qué el título ‘Senasa 30 años después’, explicó:  En el año 1992 (el Servicio contaba con alrededor de 1330 empleados) el Gobierno Nacional puso en práctica el Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) programado sobre la base de datos de los agentes de la Administración Pública. Dependía el control técnico de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Programa se denominó Renata. Consistía específicamente en determinar las funciones de los agentes evaluados y estipular posteriormente las bonificaciones por desempeño. Por otro lado, el creado Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (Sinapa) sería el lugar de encasillamiento del personal una vez evaluado.

El sistema tenía la finalidad de regular la carrera de los agentes del Estado, permitiendo obtener el perfil y antecedentes de todos y cada uno de manera que obrara en archivo sus actitudes y cualidades en el servicio. Se pretendía dar inicio a la carrera técnica y administrativa a partir de ese año y tras la calificación premiar anualmente al mejor 10% de cada sector. En contrapartida, el 10% reprobado sería dado de baja y sustituido por una nueva camada concursada. Era pues, una suerte de premio a los mejores y castigo para los otros.

Con este diseño se idealizó un formato del personal ubicado en forma piramidal, donde las categorías más bajas fueran la base y así en forma escalonada llegar al vértice con las principales autoridades. El inconveniente residía en que la tarea resultaba imposible realizar en todos los estamentos del Estado, motivo por el cual se eligió al Senasa para tal fin, organismo que recientemente adquiriera su autarquía.

Como experiencia fue importante. Permitiría tener el perfil y antecedentes de todos y cada uno del personal, de manera que obrara en archivo sus actitudes y cualidades en el servicio.

Puesto en práctica la evaluación resultó un fracaso, pues falló el evaluador a quien jamás se le dio instrucción de cómo realizar la operatoria. 

Con la incorrecta evaluación la idealizada pirámide se transformó en un rombo, y en el medio de la nueva figura se reubicó la mayor cantidad del personal. Este reacomodamiento general pesó en el rubro sueldos y ladeó excesivamente hacia el costado negativo el equilibrio presupuestario del Servicio, ya que la ley no considera aumentos de sueldos y muchos menos de la magnitud que resultaron en el Senasa, cuyo costo pasó de $1.338.167 a $2.521.985.

Se debe comprender que, si este intento de encasillamiento resultó fallido, no es óbice para poner en práctica la carrera del empleado público, único modo de lograr eficiencia en la Administración Pública. Sobre todo, en el ámbito oficial de los Estados provinciales y municipales, convertidos en cotos de ubicación política y en donde entran más inútiles que personas calificadas al influjo del gobernante de turno. Cuando este se va al término de su mandato se quedan todos, y al compás de la asunción del nuevo mandatario ingresan otra camada, y así, madurando el tiempo, año tras años, se van acuñando empleados.

 Politicólogos y economistas cuando formulan teorías sobre reforma del estado, rotulan a esta sobredimensión de empleados con el genérico nombre de subsidio encubierto, cuya finalidad es contener una cantidad considerable de gente que en la actividad privada le sería difícil encontrar trabajo. Tal vez lo sea, en tal caso se crea una situación injusta y sufren los buenos empleados que deben multiplicarse para cubrir las tareas de otros con iguales sueldos. Ellos pertenecen al grupo que a su vez subsidian al Estado por cumplir mayor tarea sin que se les reconozcan mejores sueldos. Es la contracara, sin duda, de una forma de explotación encubierta que merece resolverse.

Con el afán de solucionar el problema se contrató en forma paralela a la Consultora RUM TIME, empresa que al utilizar modernos medios de procesamientos electrónicos, sustituyó la lenta tarea realizadas a mano por el SED y permitió agilizar la tarea curricular de cada agente con el siguiente informe: “Los problemas específicos del agente público por categoría curricular expone que las irregularidades más comunes y de mayor gravedad, se resume en liquidaciones de sueldos a empleados dados de baja por renuncias, cesantías, o no prestar servicios, o por licencias sin goce de haberes e inclusive a sujetos desconocidos. Pero sin discusión lo más urticante fueron las bonificaciones por títulos inexistentes o inventados. Situación irregular que se acompañaba con los respectivos depósitos en cargas sociales, jubilaciones, sindicatos, mutuales y seguros que, juntos, representan el 50% del sueldo bruto y que el Estado tuvo que pagar”.

Al comienzo del año dos mil el Senasa contaba con 2.200 empleados, en la actualidad contiene a 5.534.

Se puede concluir que la reforma del Estado es necesaria. A la par, el Estado debe crear los medios suficientes para que la actividad privada crezca y de trabajo a la mano de obra desocupada.

El autor es ex subadministrador general del Senasa

 

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