El gobierno no había detallado la forma y plazo de entrega

Ordenaron allanar galpones donde guardaban alimentos

El juez federal Sebastián Casanello solicitó revisar el Centro Operativo Martelli, uno de los dos en los que el Ministerio de Capital Humano acopió mercadería
domingo 02 de junio de 2024 | 6:02hs.
El juez Sebastián Casanello sigue de cerca la entrega de alimentos.
El juez Sebastián Casanello sigue de cerca la entrega de alimentos.

Luego de que se conociera que el Ministerio de Capital Humano almacenó más de 5.000 toneladas de alimentos con próxima fecha de expiración, la Justicia le ordenó a Sandra Pettovello a que determina un plan de distribución. Ante el incumplimiento de la cartera nacional, y tras el fallo que solicita a Gendarmería a realizar un inventario de un galpón en Tucumán, el juez Sebastián Casanello ordenó un nuevo allanamiento en otro depósito.

Se trata del Centro Operativo Martelli, el otro galpón en donde el Ministerio de Capital Humano acumuló mercaderías que fueron compradas por la anterior gestión nacional que tienen como destinatario a los comedores barriales. El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7 dispuso, en un fallo del sábado 1 de junio, una “orden de presentación con allanamiento en subsidio”.

Fuentes judiciales señalaron para Ámbito que el ministerio “no respondieron la intimación judicial del plan para repartir alimentos. Eso constituye desobediencia y no se puede incumplir, porque sería una especie de alzamiento y confesión del dolo”. Hasta el momento, no existen detalles del la estrategia de distribución que asumirá el Ministerio de Capital Humano con los alimentos acopiados en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo.

Revisión en Tucumán
También ayer el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán ordenó a Gendarmería Nacional que realice un inventario de los alimentos que el Gobierno almacenó en un depósito de la localidad tucumana de Tafí Viejo y que están próximos a expirar.

La intervención judicial del magistrado José Manuel Díaz Vélez ocurre luego de que el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de la Sociedad Civil denuncie a la ministra Sandra Pettovello, quien aún no distribuyó mercadería desde que asumió en su cargo. “Hay un deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía”, argumenta la iniciativa de los organismos sociales.

Por su parte, el titular del Juzgado Federal N°2 de Tucumán ordena una inspección del depósito de Tafí Viejo para el próximo sábado entre las 8 y las 19. En caso de que no se concrete, el juez habilitó un allanamiento de la Gendarmería para que constante la cantidad de mercadería acopiada en el depósito, sus fechas de ingreso y expiración y el destino que tienen programado.

“La medida se requiere con carácter de urgente, atento a la calidad de perecederos de los alimentos, y la urgencia de atender al derecho a la alimentación de los y las peticionantes, reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 como parte del derecho a un nivel de vida adecuado”, rubricó Díaz Vélez.

Compras en duda
Ayer también trascendió que la gestión de Sandra Pettovello también compró alimentos entregados en Villa Martelli y Tucumán a empresas denunciadas por el gobierno libertario de corrupción.

Si bien el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que los productos retenidos en los depósitos eran “alimentos adquiridos por la gestión anterior” basándose supuestamente en datos de Capital Humano, la gestión actual sí compró alimentos. Así lo consignó La Nación tras una investigación.

Las firmas adjudicadas fueron Tanoni Hermanos SA, Valquiria SAS, Nomero SA, Alimentos Fransro SRL y Careaga Hermanos y Teglia SRL. No solo estas empresas resultaron adjudicadas en licitaciones de la gestión anterior, las que el Gobierno cuestionó en general por posibles irregularidades, sino que fueron denunciadas en particular por el Ministerio de Capital Humano por haber descubierto, presuntamente, direccionamiento, sobreprecios, cartelización en las compras y falta de trazabilidad.

De la Torre: “Tengo las manos limpias”

El escándalo de los alimentos no repartidos por el Ministerio de Capital Humano continúa. El exsecretario de Niñez y Familia, Pablo De la Torre, despedido y denunciado “por falta de transparencia” por Sandra Pettovello, se defendió ayer en su cuenta de X: “Tengo la conciencia y las manos limpias”. De la Torre ratificó su inocencia y le echó la culpa a supuestos “kirchneristas infiltrados en el gobierno”. A pesar de la denuncia que le hizo Sandra Pettovello, mantuvo su fidelidad a la ministra de Capital Humano. “Tengo la conciencia y las manos limpias. Me enorgullece haber dado junto a la ministra Petovello la batalla contra los gerentes de la pobreza. No me voy a dejar amedrentar por los kirchneristas infiltrados en el gobierno. Muerto antes que sucio”, publicó en X.

Movimientos sociales presionan por la comida

Mientras el gobierno intenta desactivar el escándalo de las toneladas de alimentos a punto de vencer, crece la presión por parte de la oposición, los movimientos sociales y curas cercanos al papa Francisco. No solo buscan que la comida sea entregada en forma inmediata, sino que además reclaman que la ministra de Capital Humano renuncie a su cargo. Los movimientos sociales anuncian para esta semana en diferentes ciudades del país la implementación de las “carpas del hambre”, una modalidad de protesta encabezada por la Utep (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) que lidera dirigente kirchnerista Juan Grabois y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), con lo cual intensificarán la presión contra Pettovello.

Otros actores en el creciente conflicto son los curas “villeros”, quienes difundieron un comunicado para anunciar la suspensión -”por ahora”, aclararon en mayúsculas- de la huelga de hambre prevista a partir del martes 4, aunque no cesan en un reclamo: “Es necesaria e imprescindible la renuncia de la ministra Sandra Pettovello”, afirmaron.

Francisco “Paco” Olveira, sacerdote en Opción por los Pobres y uno de los firmantes, criticó con dureza al gobierno en diálogo con TN. “Es de una perversión y falta de sensibilidad absoluta lo que hacen. Y también hay un componente ideológico, porque se dedicaron a demonizar a todas las organizaciones sociales, incluida la mía. Nosotros fuimos auditados dos veces y nos aplaudieron, pero hasta ahora no nos entregaron ni un kilo de arroz”, aseguró.

Lorenzo “Toto” de Vedia, sacerdote de la parroquia de los Milagros de Caacupé en el barrio 21-24 de Barracas, formuló declaraciones en un tono similar. “Da la impresión que desde el Gobierno no registran este problema. Viven en una burbuja”.

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