Designaron al Tribunal que juzgará a policías por desaparición de droga

A poco de cumplirse tres años de la desaparición de un kilo de cocaína de máxima pureza que se hallaba en el depósito de la División Toxicomanía de la Unidad Regional II de Oberá, a principios del mes en curso las partes fueron notificadas de la conformación del Tribunal Oral Federal de Posadas encargado de juzgar a los cinco policías procesados.

Asimismo, fuentes del caso confirmaron que los implicados descartaron la posibilidad del juicio abreviado, puesto que ello implicaría el reconocimiento del delito que se investiga.

El pasado 3 de julio se emitió un oficio donde se menciona que “el Tribunal está constituido por los señores jueces de Cámara doctores Manuel Alberto Jesús Moreira, Fabián Gustavo Cardozo y Enrique Jorge Bosch, y que el presente proceso será presidido por el doctor Manuel Alberto Jesús Moreira, quien ejercerá el juzgamiento de modo unipersonal”.

En representación del Ministerio Fiscal Oral General actuará la doctora Vivian Andrea Barboza, o su subrogante legal. Por el momento no se fijó fecha de debate.

Vale mencionar que a lo largo de la instrucción no se logró establecer las responsabilidades del caso respecto a la desaparición de la cocaína que se hallaba en dependencias de la Seccional Tercera.

A pesar de la gravedad del hecho, el juez Federal de Oberá, Alejandro Gallandat, no pudo probar la autoría material, ya que en el lugar no había cámaras ni se registraban los ingresos, por lo que dictó la falta de mérito para los doce imputados -nueve policías y tres civiles- respecto a la sustracción de la droga.

En paralelo, cinco policías fueron procesados y serán juzgados por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“Groseras fallas”

Como oportunamente indicó Gallandat, las falencias detectadas en la pesquisa fueron tantas que impedirían determinar quién y en qué momento extrajo la cocaína.

Lo cierto es que el personal de “la División de Toxicomanía (hoy Drogas Peligrosas) estaba a cargo de la conservación y mantenimiento de los elementos confiados a su custodia, lo que requería adoptar las medidas necesarias para su seguridad y evitar su sustracción o destrucción, como parte del cumplimiento de sus funciones”, señaló el magistrado.

En ese sentido, concluyó que “existieron al menos las siguientes falencias: no existía una guardia constante en el depósito, no fue designado un responsable directo del depósito, la llave estaba al alcance de cualquiera de los agentes de la División en un lugar de fácil acceso en sus oficinas, se podía ingresar de la Seccional Tercera al depósito por la parte del estacionamiento o garaje sin ser visto”.

Aunque parezca inverosímil, a la largo de la instrucción se probó que no había ningún registro ni se dejaba asentado el ingreso al depósito de forma alguna ni en el libro de novedades de la División Toxicomanía ni en la Tercera.

“La enumeración de la cantidad de medidas que podían haberse tomado y no se tomaron, habla con claridad de que el control fue muy deficiente, detectándose groseras fallas en la seguridad del depósito, lo cual favoreció en gran medida la posibilidad de extraer -como ocurrió- estupefaciente resguardado en ese lugar, con el consecuente perjuicio a la institución policial, al Poder Judicial y a la sociedad toda”, expresó Gallandat al respecto.

Dos con prontuario

Con relación a los implicados, a fines de mayo la Jefatura de la Policía de Misiones levantó la disponibilidad que pesaba sobre dos oficiales que se desempeñaban como jefe y segundo a cargo de la División Toxicomanía.

Se trata del subcomisario Carlos Ariel Lentini y del oficial auxiliar Hugo Ariel Basaraba, quienes fueron destinados a la Unidad Regional 14 de San Pedro.

Ambos citados, más tres subalternos, fueron procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público por el juez Gallandat, al tiempo que les dictó la falta de mérito por la sustracción de la droga.

De todas formas, la situación de los dos oficiales parece más complicada por el rango que ostentaban.

Tampoco es menor otro dato: ambos fueron juzgados en el marco del homicidio de Hugo Miguel Wasyluk (38), hallado muerto en una celda de la Seccional Primera de Oberá el 27 de abril de 2011, donde resultaron absueltos.

“Posible impunidad”

El faltante de cocaína fue detectado el 11 de agosto del 2020 y desde un primer momento las sospechas se enfocaron en los funcionarios encargados de la custodia, ya que la puerta de acceso al depósito no fue forzada, por lo que quien o quienes tomaron la droga disponían de las llaves del resguardo.

En el fallo de procesamiento dictado por Gallandat se dejó constancia que “los policías incumplieron las disposiciones legales propias de sus funciones, inclusive dieron directivas que alivianaron el control de entrada al depósito de la Seccional, y que el accionar de los involucrados produjo un perjuicio a las fuerza y a los bienes del Estado, dando lugar no solo a la extracción de la droga, sino que además colaboró con su posible impunidad”.

En este último párrafo, se explicitó abiertamente las dificultades planteadas para probar la autoría material del hecho, al punto que reconoció que el crimen podría quedar impune.

En cuanto a las responsabilidades, se precisó que los agentes procesados son el ex jefe y el ex subjefe de la ex División Toxicomanía de Oberá en su carácter de máximas autoridades a cargo de la dependencia.

La medida también alcanza a un suboficial -tercero en la cadena de mando con casi 15 años de servicio en la dependencia- y dos subalternos que pocos días antes de detectarse el faltante ingresaron al depósito sin anunciarse en la guardia de la comisaría y sin estar acompañados por los jefes de la División, detalló el dictamen.

Penas atenuadas

Con relación a las posibles penas, el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público establece una pena de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial por doble tiempo.

Oportunamente, la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas notificó a las partes que no hizo lugar a los respectivos recursos de apelación, por lo que confirmó el procesamiento de los citados. El dictamen lleva la firma de los camaristas Mario Osvaldo Boldu y Ana Lía Cáceres de Mengoni.

Con relación a la apelación de la defensa de Lentini y Basaraba, para la Cámara no es un dato menor el rol jerárquico que ostentaban, ya que eran el jefe y segundo a cargo, respectivamente.

“De las declaraciones prestadas por los imputados y testigos, se advierte que el oficial Lentini no concurría con frecuencia al depósito, evidenciando una omisión y falta de interés. Que en coincidencia con lo señalado por el juez, se observan irregularidades en el manejo de los registros”, indica el dictamen.

Dicha irregularidad “generó la imposibilidad de establecer con certeza cuántos fueron los ingresos del personal al depósito de estupefacientes, quiénes ingresaron, así como el motivo de ese ingreso, las fechas, si se dieron cumplimiento a medidas de seguridad, entre otra información relevante para la presente causa. Deficiencias que no podían desconocer el personal a cargo, en especial las máximas autoridades de la división”.

Origen de la cocaína y posterior fuga

La cocaína desaparecida del depósito de la UR II pertenecía a un lote de 4,213 kilos secuestrado el 28 de septiembre del 2019 en Campo Viera, procedimiento que incluyó la detención de Luis L. (51), quien luego fue beneficiado con prisión domiciliaria y se fugó.

Este hecho, sumado a la desaparición de la droga, constituye un escándalo sin precedentes en el ámbito local que expuso serias falencias institucionales.

Tampoco se descarta que Luis L. haya contado con algún tipo de cobertura que favoreció su escape, ya que la Policía de Misiones era la encargada de controlar el cumplimiento de la prisión domiciliaria.

El implicado fue detenido en Campo Viera, tras lo cual permaneció internado dos días en el hospital Samic de Oberá debido a inconvenientes de salud derivados de la diabetes.

En ese contexto, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria y fijó residencia en la misma localidad donde fue capturado por la Policía.

Se instaló con su pareja, y una vez al mes personal policial concurría al domicilio para constatar la presencia del imputado. Llamativamente no usaba tobillera electrónica y hacía una vida absolutamente normal, al extremo que logró fugarse.