Cumplió 18 años y ratificó la denuncia por apremios policiales

“Nunca voy a entender por qué me hicieron eso, por qué tanta maldad con un chico de 15 años. Cuatro policías contra un chico. Esa madrugada pensé que me mataban. Me esposaron y golpearon, pero lo peor era cuando me ponían la bolsa en la cabeza. La asfixia es horrible, te desespera”, reconoció Emilio N. (18), quien el pasado 2 de junio ratificó una grave denuncia contra efectivos de la Unidad Regional II.

El joven prestó declaración testimonial ante el juez de Instrucción Dos Horacio Alarcón y brindó detalles estremecedores de la tortura que habría padecido a manos de cuatro policías que prestaban servicio en el Comando Radioeléctrico Centro de Oberá.

El expediente 139020/20 investiga el accionar de los policías César Maximiliano R., Efraín Gustavo Z., Matías Gabriel D. y Lautaro Gustavo H., quienes fueron imputados por abuso de autoridad y lesiones.

El hecho fue denunciado en diciembre de 2020 por la madre de la víctima, quien entonces tenía 15 años y se hallaba bajo tratamiento psiquiátrico y medicado.

En tanto, al cumplir la mayoría de edad Emilio se presentó como denunciante y ratificó la acusación contra los citados funcionarios.

“Pasaron dos años y medio y parece mucho tiempo, pero para mí es como si hubiera pasado ayer. Me cuesta dormir y tengo pesadillas con esa madrugada, que me ponen la bolsa en la cabeza y no puedo respirar. Lo que hicieron está muy mal, me pudieron haber matado. Tiene que haber justicia”, reclamó.

Con relación a los imputados, sólo Matías Gabriel D. Continuó en el Comando Centro, mientras que los demás pasaron a prestar servicio en otras dependencias de la UR II.

Obligado a cantar el himno

Ante el juez Alarcón, el joven reconoció que la noche del 12 de diciembre de 2020 ingirió las pastillas recetadas por su patología y, a la vez, consumió bebidas alcohólicas.

Se dirigió a la casa de un amigo, en el barrio Ecológico, donde la dueña de casa notó que se hallaba desorientado y llamó a los padres del chico para que lo buscaran.

Pero Emilio se retiró del lugar y caminó con dirección hacia la avenida Andresito, donde fue interceptado por una patrulla del Comando Centro.

Según la versión oficial, el entonces menor de 15 años habría tratado de abrir la puerta de un auto estacionado frente a un conocido local bailable. Dentro del coche se hallaba su propietaria, una oficial de Policía que dio aviso a sus camaradas.

Emilio tenía un derrame ocular.

“Eran cuatro policías. Me esposaron, me subieron a la parte de atrás del móvil y me empezaron a insultar, que era una mierda y que me iba a matar. Empezaron a golpearme con golpes de puño y la culata de un arma. Yo iba a atrás con dos policías y adelante otros dos”, detalló.

Según ratificó en sede judicial, el momento más dramático fue cuando los policías le colocaron bolsas plásticas en la cabeza; al tiempo que lo obligaban a cantar el himno y si se equivocaba lo golpeaban.

“Me ponían la bolsa, me sacaban y me decían que cante el himno, y cada vez que me equivocaba me ponían de vuelta la bolsa en la cabeza y me golpeaban. Dos veces intentaron asfixiarme y las dos veces rompí las bolsas con mis dientes porque tenía las manos esposadas”, remarcó.

Mencionó que durante la madrugada lo llevaron a varias comisarías, hasta que a las 6 su familia lo buscó y se desesperaron al verlo golpeado y con un derrame ocular.

Luego del hecho Emilio permaneció internado una semana en una clínica privada.

Desaparición y búsqueda

A pesar de la gravedad de la denuncia, recién en diciembre del año pasado la justicia imputó a los cuatro policías implicados.

El abogado Axel Demonari, querellante en representación de la víctima, opinó que “se trata de una causa que tuvo muchas demoras, fue de juzgado en juzgado y recién cuando nos presentamos pudimos avanzar. Emilio ratificó la acusación y aportó datos concretos”.

En tanto, mencionó que al momento del hecho se hallaban vigentes restricciones por la pandemia y el joven reconoció a uno de los imputados, al tiempo que la identidad de los otros tres surgió por el cotejo del libro de guardia del 13 de diciembre de 2020.

Las lesiones que presentaba el menor fueron constatadas por el médico policial en turno y corroboradas por profesionales del ámbito privado.

Por su parte, una hermana de Emilio recordó que previo al hecho el chico se hallaba en tratamiento psiquiátrico. En ese contexto, la noche del 12 de diciembre de 2020 se escapó y llamaron a la Policía para solicitar ayuda en la búsqueda.

“En primera instancia acudieron dos efectivos de Motorizada, le mostramos una foto para que lo identifiquen y fueron muy amables. A su vez les pasaron la información al Comando y quedamos a la espera”, precisó.

Tras varias horas de angustia, en la madrugada del domingo 13 recepcionaron un llamado solicitando que se presenten para retirar al menor.

“Cuando lo vimos todo golpeado no podíamos creer lo que le hicieron. Tenía los ojos inyectados de sangre, la cabeza y los oídos hinchados”, lamentó.

La CPPT calificó el hecho como “repugnante”

El caso salió a la luz por las páginas de El Territorio y en los días posteriores dos integrantes de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT) llegaron a Oberá para entrevistarse con la víctima y su familia.

En tanto, el presidente de la CPPT, Eduardo Magno Scherer, comentó detalles de un hecho que calificó como “repudiable” y “repugnante”.

“Este chico es un paciente psiquiátrico que fue pasible de un montón de actitudes que son totalmente repudiables, prácticas que estamos tratando de erradicar de la provincia de Misiones y que, de constatarse que esto realmente ocurrió, la verdad que es una violación de los Derechos Humanos de lo más repugnante que nos pueda ocurrir y nos hace acordar a prácticas de la dictadura militar, del gobierno de facto que tanto daño nos hizo a todos los argentinos”, subrayó entonces Scherer.

A su vez, remarcó que “estos hechos no pueden suceder, menos aún cuando tenemos menores de edad. Este tipo de prácticas violentan todas las convenciones internacionales de los derechos del niño, niña y adolescentes, la legislación nacional y provincial que establece claramente que los menores de 16 años no pueden ser detenidos, y que deben ser puestos inmediatamente a disposición de los padres”.

Precisó que los menores no pueden ser detenidos en celdas ni tener contactos con mayores, y al ser demorados se deben considerar una serie de medidas integrales de protección. Nada de ello se cumplió en el caso del joven obereño.