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Medida judicial sobre una resolución del Inym

sábado 27 de noviembre de 2021 | 6:04hs.
Medida judicial sobre una resolución del Inym

Se conoció al cierre de esta edición que el Juzgado Federal de Paso de los Libres, Corrientes, habría hecho lugar a la medida cautelar de no innovar solicitada por la empresa yerbatera La Cachuera Sociedad Anónima.

De ser así, se ordenaría al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) a suspender por ahora la aplicación de la Resolución 170/2021 del Instituto, de la Resolución Nº 152/2021 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de toda norma complementaria de éstas, mientras se sustancia la acción de amparo que también habría sido presentada.

Como se recordará la medida dispuesta por el Inym determina que a partir de enero de 2022 todos los productores inscriptos podrán incorporar sólo hasta 5 hectáreas de nuevas plantaciones e implantar anualmente hasta el 2% de las superficies de yerbales ya existentes y declarados ante el Instituto.

A su vez, por medio de la Resolución 152/2021 publicada en agosto en el Boletín Oficial de la Nación, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP) confirmó la vigencia de tal Resolución 170/2021 aprobada por el Inym el 17 de junio.

El expediente que circuló anoche desde el Juzgado Federal de Paso de los Libres, daba cuenta que el abogado Marcelo Laslo como apoderado de La Cachuera SA más el patrocinio  letrado de Daniel Sabsay habían promovido medida cautelar de no innovar en los términos de los artículos 232 contra el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), con domicilio en Rivadavia 1515, Posadas, Misiones.

Es para que mientras se sustancie la acción de amparo presentada se suspenda la aplicación de la Resolución 170/2021, del Instituto Nacional de la Yerba Mate, de la Resolución 152/2021 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de toda norma complementaria de éstas.

La medida cautelar, que se espera conocer detalles, habría sido planteada de manera conjunta con la acción de amparo que tiene por objeto la declaración de inconstitucionalidad de la normativa impugnada.

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