Familiares misioneros son parte de la querella judicial
Los familiares misioneros de las víctimas del submarino ARA San Juan son parte de la querella en la causa penal que investiga las responsabilidades por el hundimiento de ese sumergible ocurrido el 15 de noviembre del 2017 que ocasionó la muerte de sus 44 tripulantes, entre los que se encontraban dos personas nacidas en la tierra colorada: la teniente de navío Eliana Krawczik y el cabo principal Jorge Isabelino Ortiz.
Como suele ocurrir en este tipo de tragedias, no todos los familiares de las víctimas tienen la misma postura frente al desarrollo de las investigaciones judiciales y en este caso las dos familias misioneras que tenían un familiar directo dentro de ese navío decidieron ser parte querellante en la causa judicial que investiga el hecho, es decir son parte iniciadora de la acción penal con activa participación en el proceso investigativo.
La causa judicial se está desarrollando en el Juzgado Federal de la ciudad santacruceña de Caleta Olivia, a cargo de la jueza Marta Yáñez, donde además de investigar quiénes son los responsables del hundimiento del submarino, también se investiga si hubo ocultamiento de la ubicación del submarino por parte de la Armada Argentina y del gobierno nacional que en ese entonces era presidido por Mauricio Macri.
Esa investigación referida a determinar si hubo encubrimiento de información sobre la ubicación del transporte militar está relacionada al hecho de que se tardó un año en dar con el paradero del ARA San Juan, lo que además de agravar el dolor de los familiares de las víctimas encendió todo tipo de sospechas sobre por qué motivo las autoridades del gobierno nacional no dieron las precisiones sobre su localización y su estado.
La denuncia que dio origen a la causa por encubrimiento remarcaba que la información sobre el conocimiento de la ubicación del ARA San Juan surgía de lo manifestado por el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo -del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada- en su declaración indagatoria ante la Justicia, en orden al dato aportado por el buque chileno Cabo de Hornos, durante la colaboración internacional en la búsqueda del submarino ARA San Juan.
Recién luego de un año del hundimiento y de la pérdida de contacto con la tripulación, la nave fue encontrada por una empresa privada, con toda su tripulación muerta, muy cerca del punto de desaparición y en el lugar en el que se suponía que se encontraba, a 907 metros de profundidad al este del golfo chubutense de San Jorge.
“No fue fácil todo lo vivido, pero como padre de una de las víctimas y como abogado haré todo por llegar a la verdad sobre lo que ocurrió. No es fácil con la Justicia que tenemos, pero no voy a bajar los brazos”, explicó a El Territorio el letrado Luis Tagiapietra, que lleva adelante la querella de doce familias y que también es padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra, una de las 44 víctimas mortales.
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