Envío de armas a Bolivia: Macri fue imputado por contrabando agravado

El titular de la Fiscalía en lo Penal Económico, Claudio Navas Rial, imputó al ex presidente argentino Mauricio Macri, a su ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, en la causa que investiga el envío de material represivo a Bolivia en noviembre de 2019, cuando se desarrollaba el golpe de Estado en contra del gobierno de Evo Morales.

En un dictamen entregado al juez a cargo, Javier López Biscayart, el fiscal Navas Rial dictaminó a favor de abrir la investigación en base a la denuncia presentada por funcionarios del gobierno nacional por el posible delito de contrabando agravado y en paralelo pidió medidas de prueba.

Además de Macri, Bullrich y Aguad, quedaron imputados bajo sospecha de haber tenido distintos grados de participación en el mismo delito el entonces embajador argentino en ese país, Normando Álvarez García, y tres ex miembros de Gendarmería Nacional con cargos jerárquicos al momento de los hechos investigados.

Se trata del ex jefe de la fuerza, Gerardo Otero, y otros dos oficiales de menor rango: Rubén Carlos Yavorski, que fue quien tramitó la salida del armamento del país, y de Carlos Miguel Recalde, quien buscó justificar hace algunos días que no había vuelto ni una sola bala de las 40.000 que habían mandado a Bolivia meses antes diciendo que las habían usado en entrenamiento los gendarmes del grupo Alacrán, lo que fue rebatido por el instructor de la Gendarmería afirmando que no habían realizado prácticas de tiro y mucho menos con postas de goma.

Presunto contrabando
La fiscalía impulsó la pesquisa en lo vinculado a posibles infracciones al código aduanero, que es materia de investigación del fuero penal económico.

En cuanto a Macri, quedó imputado en el rol que como presidente le correspondía en carácter de comandante en jefe de las fuerzas armadas, por lo cual “no podía desconocer el presunto hecho”, precisaron las fuentes.

Bullrich fue acusada como supuesta autora de la orden para mandar el material represivo y Aguad como responsable del envío del avión militar hacia el vecino país.

La denuncia impulsada por el actual gobierno argentino menciona como posibles delitos el “contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, la calidad de funcionarios públicos, la participación de un funcionario aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la nación”.

Presentación judicial
La denuncia formal a los funcionarios de la gestión anterior hecha a principios de esta semana llevó la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; de la administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.

En el texto se hace referencia al “envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia ocurrido el 12 de noviembre de 2019 por el gobierno nacional encabezado por el ex presidente Macri, con la participación de otras altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”.

El objetivo habría sido “poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez Chávez, tras el golpe de Estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales”, que como consecuencia buscó asilo en Argentina.

“El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero”, se indicó en la presentación.

Según documentación revelada por el gobierno boliviano el material puesto a disposición del gobierno de Áñez habría consistido en, por lo menos 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógenos en spray MK-9; 5 gases lacrimógenos en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC.

“Pleno convencimiento”
Sobre la grave acusación el ministro de Defensa, Agustín Rossi, dijo tener “pleno convencimiento” de que el ex presidente “estaba al tanto” del envío de material represivo a Bolivia y añadió que los hallazgos de los últimos días van “conformando un hecho” que “van a comprobar la responsabilidad de los entonces funcionarios” en esa maniobra.

Rossi juzgó además que “claramente ha habido contrabando agravado de armas, de pertrechos, de municiones y de elementos antitumulto destinados a la dictadura boliviana y que fueron utilizados para reprimir al pueblo” de ese país y confió en que las acciones llevadas adelante por la justicia boliviana y la argentina “van a terminar de comprobar todo lo que estamos diciendo”.

“Operación política”
A pesar de las evidencias que van surgiendo, desde Europa, el ex presidente Macri volvió a despegarse de la cuestión y lo adjudicó a una “operación política”.

“Hubo un estallido social en Bolivia después de elecciones en donde había fuertes cuestionamientos a Evo Morales por presunto fraude”, dijo en un medio radial y justificó que en ese contexto “un grupo de la Gendarmería fue a proteger a la embajada, a los argentinos que estaban ahí, periodistas, funcionarios de Evo que habían pedido asilo”.

Bolivia busca saber el rol de sus funcionarios

La Fiscalía General del Estado, a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, determinó iniciar una investigación penal contra el ex comandante de la Fuerza Aérea Bolivia (FAB) Jorge Terceros y otros involucrados en la adquisición e internación irregular de material antidisturbios y agentes químicos, en noviembre de 2019, desde Argentina, informó el director de Gestión Fiscal, Supervisión y Evaluación, Roberto Almendras.

Explicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo llegar a la Fiscalía Especializada Anticorrupción de la ciudad de La Paz documentación en la que Terceros agradece al entonces embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez García, el envío del material.