Duro informe de una comisión argentina en ese país
Piden investigar la violencia institucional en Colombia
En 37 días de crisis en Colombia las autoridades del Estado habrían incurrido en “desaparición forzada de persona, delitos contra la vida (homicidios, lesiones), delitos contra la integridad moral (torturas) y delitos contra la integridad sexual (abuso sexual)”, entre otros, de acuerdo con un duro balance preliminar difundido por una delegación argentina de defensa de los derechos humanos que visitó el país.
El listado forma parte del documento presentado por la delegación argentina en Bogotá y difundido en redes sociales, a manera de balance preliminar de toda la información recolectada en más de 15 ciudades durante una semana por sus integrantes, representantes de organizaciones sociales y políticas argentinas.
El trabajo pide también que se investigue si un número no precisado de personas detenidas fue llevada de manera irregular a locales particulares y relata diversos casos de secuestros y abusos sexuales cometidos contra estudiantes, en su gran mayoría mujeres, que ofrecieron su testimonio a la comisión.
El informe, de 13 páginas, consta de las siguientes capítulos: “Presentación, El despliegue represivo del estado colombiano, Las víctimas, Rol de la institucionalidad, Acerca de los delitos cometidos”, y “Violaciones de los DDHH en territorios recorridos por la misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos”, que a su vez hace foco en: “Departamento del Cauca-Popayán, Bogotá, Pereira, Cali, Medellín”.
Para cumplir su misión, la delegación se trasladó a Cali, Medellín, Pereira, Siloé, Yumbo, Timbío, Popayán, Santander de Quilichao y Bogotá, entre otras ciudades.
El reporte concluye que “el Estado colombiano debe ser investigado porque en el marco del paro nacional y a través de sus fuerzas de seguridad regulares e irregulares, habría desaparecido, asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a vastos sectores del pueblo colombiano”.
“La represión desatada impidió, limitó y condicionó la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta”, añade el informe.
Asimismo, afirma que “el Estado colombiano debe ser investigado por haber desplegado sobre población civil indefensa, prácticas inscriptas en la lógica bélica, disponiendo para ello de armamento sofisticado y letal y de conductas brutales e inhumanas por parte de sus efectivos”.
Las conclusiones del trabajo, de carácter preliminar –ya que el informe definitivo se presentará en Buenos Aires- denuncia que el Estado colombiano “debe ser investigado por haber determinado como enemigo interior a la mayoría de su pueblo”.
También consigna que “los testimonios recogidos han sido abrumadores” y confirman “la significativa violencia represiva desplegada sobre población civil indefensa”.
