Boudou demandó al Estado por su condena

El ex vicepresidente Amado Boudou presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) una denuncia contra el Estado argentino por su condena en el caso Ciccone, al considerar que enfrentó un proceso “amañado y arbitrario en el que no ha habido garantía convencional que no se haya violado”.

En su denuncia, planteó que la primera garantía que se violó en su proceso fue la de la “legalidad, en un contexto de discriminación política y persecución”.

En una presentación de 22 carillas, a la que tuvo acceso Télam, Boudou sostuvo que “junto con quien fue presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y buena parte de su Gabinete de ministros” fue “objeto de una campaña de persecución judicial”, apenas terminó su mandato, en 2015, durante el gobierno de Mauricio Macri.

La presentación, que lleva la firma de Boudou con el patrocinio del abogado Alejandro Rúa, fue realizada por el exvicepresidente al agotarse la vía de reclamo judicial en la Argentina, tras la confirmación de su condena de cinco años y 10 meses de prisión por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diciembre de 2020, que ratificó lo actuado por los tribunales inferiores.

En el escrito se hace un pormenorizado detalle de los pasos que siguió la causa, que se inició, según expresó, “con intervención de los servicios de la inteligencia clandestina”, en un trámite en el cual “irían a desplegarse las maniobras”, mientras las nuevas autoridades “implementaron desde su asunción y en sede judicial una política ilegal de persecución”.

Menciona en su respaldo un informe de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación, denominado “Espionaje ilegal 2016-2019”, en el cual se señaló que hubo “un plan sistemático ideado en lo más alto del gobierno nacional” que buscaba “la extorsión política y económica” y el método que se fue el “’lawfare’ o guerra jurídica”.

“Se trataba de lograr una sentencia anticipada construida mediática y judicialmente, sin que existiera correlación alguna con la verdad de los hechos”, para crear “un clima de odio, rencor y revancha que justificara la intervención judicial sin que importaran las pruebas y mucho menos el debido proceso y las demás las garantías constitucionales”, expresó.

Señaló que “todo eso fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia mediante una simple negativa sin expresión de razón alguna, dejando a este modo agotados los recursos internos y por ende expedita la vía internacional”. “Sigo aún preso. Y en síntesis, el Estado Argentino es responsable por la violación” a las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, concluyó.