Informe de domingo: Mente siniestra

domingo 13 de septiembre de 2020 | 2:13hs.
Informe de domingo: Mente siniestra
Informe de domingo: Mente siniestra
Griselda Acuña

Por Griselda Acuña interior@elterritorio.com.ar

“El abuso no es algo pasajero. Te destruyen el ‘yo’ para después someterte. Es una cicatriz para toda la vida. Ningún niño del mundo debería sufrir ese daño irreparable”. Es adulto, pero revive en pesadillas fragmentos de su infancia. Desde el anonimato de una red social, el muchacho relata su calvario como una manera crear conciencia, de abrirles los ojos a terceros sobre el cuidado de sus hijos, de sus sobrinos, de sus alumnos, de sus vecinitos. El muchacho accedió a compartir su testimonio con El Territorio para develar el modus operandi de un victimario.

Los niños no mienten. Si señalan a alguien, más vale prestar atención, observar con preocupación. El Observatorio de Derechos que se desempeña en la órbita de la Defensoría de los Derechos del Niño, en Misiones, con la Línea 102 a nivel nacional arroja información sobre las denuncias a nivel país.

“En el 76,8% de los casos, los agresores eran del entorno cercano de la víctima (familiar o no familiar). En el 57,4% de los casos eran familiares de las víctimas. En el 19,4% eran conocidos no familiares. Sólo el 11,4% de las víctimas no conocía al agresor/a”, detalla el análisis de los datos del Programa Las Víctimas contra las Violencias 2018-2019 sobre los casos de abuso sexual que ingresaron al programa mediante las líneas 0800-222-1717 y 137 en el período que va desde el 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019.

“El 46% de los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes sucedió en el hogar de la víctima y el 5% se dio en la vivienda de un familiar de la víctima. El 5,7% de los casos se dio en las redes sociales y el 5% en el ámbito educativo”, enumera el informe al que accedió este medio (ver página 4).

En las próximas páginas el abordaje del drama del abuso sexual infantil será desde los abusadores. ¿Existe un perfil?¿Es una enfermedad?¿Reinciden?¿Qué pasa con aquellos con condena cumplida y en libertad?¿Un abusador condenado puede estar frente un merendero o manejar un transporte escolar?

“Es lógico pensar que una persona que atentó contra la integridad de un niño o una niña no pueda estar de buenas a primera de nuevo en un ámbito donde ejerza poder sobre infancias, pero ese es un campo que se rige por el Código Procesal de cada jurisdicción”, explica Moira Goldenhörn, abogada e investigadora en sociología jurídica con perspectiva de género.

Goldenhörn forma parte de la Asociación de Abogadas Feministas y hace referencia al Código Penal de 1921 que se mantiene en el país y si bien tuvo varias modificaciones, en esencia es el mismo. En tanto, cada provincia cuenta con su Código Procesal, el cual tiene la autoridad de velar por los casos de aquellos condenados por abuso y su reinserción social.

El proyecto de reforma del Código Penal cuyo trabajo concluyó  junio de 2018 y del cual mucho se habló a principios del año pasado, introduce cambios radicales en relación al delito de abuso sexual.

Uno consiste en un seguimiento “sociojudicial” al que el condenado estará obligado a someterse. Ese control, entre otros puntos, prevé “la prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecerle o facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza”. La iniciativa existe, pero la reforma jamás prosperó.

Asimismo, fueron consultadas, Norma Lapuente, magíster en Psiquiatría Forense y perito del Superior Tribunal de Justicia; Sabrina Viola, consultora del área de Protección de Derechos de Unicef Argentina; Hernán Vidales, de la Subsecretaria de la Mujer y la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente; y la licencia en Psicología María Alejandra Redero.

Los baches legales persisten, el drama también. Las cifras son el reflejo de la problemática. Para tener una idea, según estadísticas del Ministerio de Salud Pública de Misiones el año pasado nacieron más de 100 bebés de niñas que tienen entre 10 y 14 años. Son las gestaciones que están vinculadas directamente con una situación de abuso. Según el Código Penal, se presume que toda adolescente menor de 13 años embarazada es víctima de violencia, puesto que el consentimiento sexual no es válido en esta edad.

Que este tipo de casos sea frecuente en las dependencias policiales o en la agenda mediática no significa que deba ser naturalizado. El abuso sexual no es cultural, es un delito.