Formalizaron denuncia penal por las pensiones de Santo Pipó
Se hizo efectiva la denuncia penal por la presunta entrega de Pensiones No Contributivas (PNC) de manera irregular en Santo Pipó. Los numerosos beneficios truchos involucrarían a por lo menos 48 familiares y allegados de la intendente de Santo Pipó, Mabel Cáceres.
Por ello, el diputado provincial y candidato a gobernador por la Unión Cívica Radical (UCR), Gustavo González, radicó la denuncia ayer en la Fiscalía Federal de Oberá, cuya jurisdicción abarca al municipio administrado por Cáceres.
En ese sentido, también Luis Pastori, diputado nacional de la UCR, adelantó que hoy -a primera hora- presentará ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación un pedido de auditoría para todas las pensiones entregadas en Santo Pipó. Ello, con el fin de obtener alguna respuesta por parte de las autoridades.
El diputado radical dejó asentado que según su investigación, se habrían verificado graves y reiteradas irregularidades en el otorgamiento de las Pensiones No Contributivas por invalidez en Santo Pipó.
Cabe destacar que las Pensiones No Contributivas por invalidez están dirigidas a quienes presenten un porcentaje de incapacidad igual o mayor al 76 por ciento, comprobable por Certificado Médico Oficial (CMO) de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales.
En la denuncia escrita, se especifica que entre los beneficiarios estarían incluidos el esposo de la intendente, parientes consanguíneos, como su hermana y sobrina, y otros parientes por afinidad, como su cuñado y su consuegra.
De la misma manera, aparecen involucrados parientes consanguíneos de Guillermo Romero, secretario de Deportes municipal.
Sin embargo, la lista sigue y nombra como favorecidos a allegados de Cristian Borja y Elba Benítez de Brítez, que integraban la lista de concejales perteneciente a la renovación local. Además los casos se repiten con familiares de otros empleados municipales.
Por su parte, Pastori había indicado que “los ciudadanos de Santo Pipó aseguran que hay alrededor de 3.000 viviendas en la ciudad y 1.100 discapacitados. Sobre estos datos queremos información. Si tuviéramos una ciudad donde un tercio de la población tiene problemas de discapacidad, estaríamos frente a una catástrofe en materia de salud y seguridad pública”.
No obstante, aclaró, “si ese fuera el caso deberíamos estar arbitrando todos los medios del Estado para estudiar y contener alguna epidemia focalizada que, desde ya, no creemos que lo sea”.
Para avalar lo expuesto ante la Fiscalía, González se valió de recortes periodísticos de este medio, que certifican la investigación llevada a cabo en dicho municipio.
Cabe destacar que en esa oportunidad, el director del hospital local, Ricardo Pereyra, había radicado una denuncia alegando que al menos 300 expedientes correspondientes a los trámites de Certificados Médicos Oficiales, tenían su firma falsificada.
De hecho, en la antigua capital de Misiones, hay dos imputados por las mencionadas falsificaciones.
En tanto, la entrega de pensiones en Santo Pipó seguiría los mismos carriles judiciales, con la declaración y la reciente denuncia de los dos legisladores.
De acuerdo a lo planteado por ambos legisladores, los beneficiarios estarían cobrando 2.400 pesos mensuales; y en la mayoría de los casos, desde el 2010.
De esta manera, en total, serían 1.400.000 pesos por año lo destinado a pensiones fraudulentas en la citada localidad.
