El trabajo, como elemento que expresa la dignidad del hombre, tiene rango constitucional en Argentina a través de distintas leyes y tratados que firmó el país con organismos multilaterales.

“Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”, dice la  Declaración Universal de  Derechos Humanos en su artículo 23 inciso 1. Sin embargo, más allá de la letra escrita, la realidad es otra. En un país en crisis y con recesión económica, la desocupación avanza. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), subió al 10,6% en el segundo trimestre del año, un punto porcentual por encima del igual período de 2018, cuando se ubicó en el 9,6%. Se trata de la cifra más alta de los últimos 13 años.

A su vez, la subocupación, que refleja a quienes están empleados pero desearían trabajar más horas, tuvo una fuerte suba y llegó al 13,1%. En el primer trimestre había sido del 11,8%, de acuerdo con las cifras oficiales. Son 2.530.000 personas que trabajan pocas horas aunque están dispuestas a trabajar más. Y representan 420.000 más que un año atrás. Y detrás de cada número, una historia, una familia, una persona.

Allí también se inscribe una realidad muchas veces invisibilizada. La de las personas con discapacidad que luchan por ingresar al mundo del trabajo.

Así lo afirma el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad publicado en 2018 por el Indec. Para las personas con discapacidad en la Argentina, el derecho a un trabajo es uno de los más vapuleados, sólo un 32,2% de esta población en edad laboral logra acceder a un empleo. Los más afectados son los jóvenes de hasta 29 años.

Según el documento, en el país hay más de 3.500.000 personas que sufren algún tipo de limitación física o intelectual, lo que implica que más del 25% de los hogares tiene, al menos, a un integrante con esta condición. Representan un 10% de la población total de 6 años en adelante y casi el 17% está en edad de trabajar. La tasa de inactividad entre estas personas es del 64,1% y el desempleo llegaba en 2018 al 10,3%.

Y aunque por ley el Estado nacional esté obligado a tener en su plantel a un 4% de personas con discapacidad (ley 25.689) y las empresas tengan beneficios impositivos, no siempre se cumplen esos cupos.

“La persona con discapacidad, a la hora de querer insertarse en el mundo laboral, se encuentra con muchas barreras, desde las aptitudinales a las urbanísticas o arquitectónicas”, dice en diálogo con El Territorio Martha Guimaraes, directora de Discapacidad de la Municipalidad de Posadas, organismo que funciona en la sede comunal.

Otro miedo, asegura la funcionaria, es el de perder la pensión si obtienen un trabajo registrado, dada la incompatibilidad de ambas cuestiones, porque el beneficiario de una pensión no puede tener un salario con relación de dependencia, tampoco vivir con una persona que ya tenga una pensión porque esa familia, entiende la ley, ya está teniendo un ingreso que ayuda a la subsistencia de esa persona con discapacidad.

Ante este panorama es que comenzó a funcionar, en conjunto con la Oficina de Empleo, el programa Promover la Igualdad de Oportunidades, donde pueden participar personas mayores de 18 años con discapacidades físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD). La idea del trabajo conjunto entre ambos organismos es la de capacitar y formar en lo que para muchos será la primera experiencia laboral, que en la mayoría de los casos se da a través de un emprendimiento personal.

“La verdad es que no hay empresas que estén tomando a personas con discapacidad. Y si bien hay un cupo laboral que tiene que cubrir el Estado, no se está cumpliendo tampoco. Y ahí es cuando les digo que tienen otra opción, la de sumarse al Promover y en la Oficina de Empleo, donde se hacen las inscripciones y capacitaciones, nosotros colaboramos en la parte de accesibilidad comunicacional, interpretación en lengua de señas o braille, para que la comunicación les llegue a todos”, señala Guimaraes.

“La idea es satisfacer la demanda de las personas con discapacidad que quieren trabajar. Es importante considerar la inserción en el ámbito laboral, está difícil pero no es imposible”, agrega.

Enriquecedor

Y sostiene que “es realmente enriquecedor trabajar con una persona con discapacidad, porque sus puntos de vista son diversos y la diversidad enriquece. En el equipo de la Dirección de Discapacidad tenemos a tres personas ciegas y tres sordas, con quienes aprendemos cada día”.

De eso se trata el informe de domingo de El Territorio y las distintas historias que cuentan en primera persona cómo es la inserción laboral de las personas con discapacidad, con qué barreras se encuentran y qué falta por hacer para que la inclusión sea algo más que una palabra.

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