Las repercusiones por la quita del Fondo de la Soja no tardaron en llegar al Concejo Deliberante posadeño, que marcó una postura firme contra la suspensión de dichos recursos.
Pero pese a que se aprobó el proyecto de resolución presentado por el bloque de concejales renovadores, los ediles de Cambiemos se mostraron en contra y lo reflejaron en sus votos.
No obstante, la particularidad es que luego de un extenso debate, la abstención de uno de los concejales radicales y la ausencia a la hora de votar de otro dieron los números justos para que la iniciativa sea aprobada sobre tablas con dos tercios de los votos.  
Tras una serie de emotivos homenajes, la sesión se volvió tensa con la presentación de la resolución en voz del presidente del bloque renovador Manuel Sánchez.
En números, dijo que Misiones perderá con la eliminación unos 1.163 millones de pesos correspondientes a 2018 y 2019; en tanto, Posadas dejará de percibir en 2019 unos 82 millones de pesos, sumado a lo que dejará de llegar este año, contabilizando un total de 132 millones de pesos.
“Debido a la urgencia y preocupación que tenemos, esta resolución requiere al Ejecutivo nacional la inmediata restitución del fondo. O en su defecto, se implemente un mecanismo de compensación que permita mantener las inversiones realizadas con este dinero para Posadas y que esa medida sea implementada a la brevedad”, dijo Sánchez respecto al proyecto.
A eso, añadió: “Cada vez nos preocupa más el transcurrir de la economía del país, y el hecho de que no despegamos mientras hablan de déficit fiscal y cada vez nos endeudamos más. Nos estamos endeudando de forma descomunal y los municipios estamos siendo muy olvidados, sobre todo en Misiones que venimos peleando a las asimetrías con Paraguay y jamás fuimos escuchados”. 

Debate
Maximiliano Florindo fue el principal orador de Cambiemos y se mostró en contra, pese a que en la instancia de votación se abstuvo y posibilitó con esto la aprobación por dos tercios del proyecto. Cuestionó la competencia del Concejo Deliberante ante las decisiones nacionales y apuntó contra los vecinos que “llenan el recinto cuando hay proyectos de declaración, pero cuando hay que discutir temas importantes, queda vacío”.
“Hablar desde el Concejo Deliberante sobre este tema es realmente mentirle a Posadas y olvidar los reales problemas como el conflicto del toque de andén, estamos trastocando los conceptos y perdiendo tiempo”, manifestó.
El edil Pablo Velázquez apuntó a que firmaría si los pares renovadores acompañaran un proyecto para que la provincia modifique los índices de coparticipación hacia los municipios, con una nueva ley”.
“No miremos para otro lado porque parece que queremos plantear cosas con hipocresía y demagogia”, afirmó.
En tanto, la concejal Natalia Giménez insistió en que “como representantes no podemos no sentar posturas”.
“Este gobierno nacional dio marcha atrás otras veces cuando se daba cuenta de que una decisión afectaba a la ciudadanía, por eso venimos con la esperanza de que eso pase esta vez”, exclamó al respecto.
A su vez, el concejal Miguel Acuña afirmó que “se habla mucho de plata, pero en la realidad todo está más caro. No creo en la panacea del país perfecto que vuelve a nacer y preocupa que este tipo de resoluciones no estén bien explicitadas, reclamamos que esto vuelva a tomar su cauce natural, porque en la retórica hablamos de millones pero en la práctica no se ve esa mejoría”.
Pese a la discusión, el proyecto fue tratado y aprobado sobre tablas. Los votos renovadores más los de Acuña y Juan Rossberg, dieron los números, ya que los integrantes de Cambiemos votaron en contra, salvo Martín Arjol que se ausentó justo en el momento de la votación y Florindo que se abstuvo. 

Defensores del Pueblo de todo el país repudiaron la medida

La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) manifestó su “profunda preocupación” por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo Nacional que dejó sin efecto la distribución del Fondo Federal Solidario, conocido como Fondo de la Soja, a las provincias y municipios.
La medida fue explicada en el Concejo Deliberante posadeño por el defensor Alberto Penayo, quien además dejó en claro su postura a favor de la restitución de dichos recursos a los municipios.
Según el documento firmado por las defensorías del país, esos  recursos “equivalen al 30 % de lo recaudado en concepto de derechos de exportación, y significaría un monto aproximado a los 1000 millones de dólares”.
“Tiene como finalidad financiar obras provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que contribuyan a la mejora de la infraestructura edilicia, sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial de las distintas reparticiones y/u organismos públicos; como así también, solventar infraestructura e inversión productiva”, añaden.
Por esa razón, consideraron que la medida “reviste una singular gravedad institucional, económica y política, vulnerando el derecho humano de vivir en condiciones dignas” y generando un “ahogo” para las economías regionales.
Y solicita al Ejecutivo nacional que “reconsidere la citada medida en pos de la paz social”.