Denuncian a penitenciarios por cobro de coimas para otorgar visitas íntimas

domingo 02 de diciembre de 2018 | 4:30hs.
Hace casi cuatro meses, la unidad penitenciaria obereña fue noticia nacional ante el intento de copamiento para rescatar a un interno.
Hace casi cuatro meses, la unidad penitenciaria obereña fue noticia nacional ante el intento de copamiento para rescatar a un interno.
Daniel Villamea

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

Autoridades del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) recepcionaron una seria denuncia que apunta a funcionarios de la Unidad Penal II de Oberá sospechados de cobrar coimas para otorgar visitas íntimas con privilegios a reclusos alojados en dicha dependencia.
Fuentes del caso mencionaron que habría varios implicados, entre personal subalterno y superiores, aunque hasta el momento sólo fueron sancionadas una oficial y una suboficial.
Al respecto, El Territorio averiguó que ambas penitenciarias fueron notificadas de sus respectivos traslados a otras unidades de la provincia, al tiempo que se instruye un sumario administrativo interno.
A su vez, las implicadas insisten en su inocencia y apuntan las responsabilidades hacia otros uniformados. Incluso, trascendió que en su defensa contarían con pruebas como ser capturas de mensajes de WhatsApp entre la esposa de un interno y otra penitenciaria que le ofreció ciertos beneficios a cambio de una suma de dinero.
Si bien las visitas íntimas están contempladas en el régimen carcelario, para ello los interesados deben cumplimentar con una serie de requisitos y normas preestablecidas por las autoridades judiciales y del SPP.
En cambio, según la denuncia radicada por el mismo personal de la cárcel de Oberá ante la cúpula de la fuerza, el disparador de la investigación habría sido el testimonio de un interno que aseguró que a su esposa le pidieron dinero para otorgarle ciertos privilegios.
La propuesta incluía mayor frecuencia y flexibilidad en los horarios de las visitas íntimas. En tanto, para evitar problemas con la requisa, indicaron que el pago se concretaría afuera del penal.
Ante la gravedad del caso, la esposa del recluso también se habría asesorado con un letrado para radicar la correspondiente denuncia penal.

Prueba clave
Los pormenores del caso se manejan con sumo hermetismo y son objeto de un sumario administrativo interno, al tiempo que trascendió que las únicas dos penitenciarias sancionadas hasta el momento realizaron sus respectivos descargos ante las autoridades del SPP.
“Las dos fueron sancionadas porque estaban afectadas al sector de visitas íntimas, pero no son las únicas que estaban en ese lugar. El interno comentó lo que estaba pasando y ellas dieron aviso a la dirección del penal, pero las terminaron sancionado. Es todo muy injusto”, reclamó un oficial con amplia experiencia.
La misma fuente avanzó en presuntas complicidades de la superioridad, lo que ya habría sido denunciado ante la cúpula del SPP por las mismas penitenciarias apuntadas.
Además de reclamar ante la cúpula de la fuerza, también pretenderían avanzar en una denuncia penal por acoso laboral y difamación, puesto que consideran que son víctimas de una maniobra tendiente a apañar a los verdaderos responsables del cobro de coimas.
Por su parte, la esposa del interno que disparó la investigación tendría en su poder una prueba clave para desentrañar las responsabilidades del caso: los mensajes de WhatsApp que intercambió con el personal implicado.
Al respecto, la mujer habría entablado el diálogo para contar con pruebas para una posterior denuncia. Luego contrató los servicios de un conocido abogado del foro local para que la asesore en una posible demanda penal por cohecho.


Perfiles falsos e intento de rescate

En los últimos meses la cárcel de Oberá fue noticia por la difusión de hechos graves, aunque continúan los mismos directivos al frente de la institución.
Primero trascendió el escándalo de presos que se dedicaban a la compraventa de objetos por internet, cuando para la población carcelaria está absolutamente prohibido el uso de celulares u otros aparatos que permitan el contacto con el exterior.
Así, se conoció el caso de Ángel Preste (20), un interno condenado por “homicidio en concurso real con tenencia y portación ilegal de arma de fuego de uso civil”, quien contaba con por lo menos dos perfiles de Facebook, con datos falsos sobre su identidad, con los cuales se dedicaba a la comercialización de celulares.
Su interacción en las redes sociales dejó en claro la fragilidad de las requisas y la complicidad de algunos guardias, tal como reconocieron desde la justicia ante la consulta de este medio.
Pero el caso más grave se registró el 30 de julio pasado, cuando una banda de delincuentes brasileños trató de copar la cárcel de Oberá con intención de rescatar por la fuerza a Vanderlei “Vando” Lopes (32), un peligroso ladrón de bancos del vecino país.
Luego se estableció que el contacto con los brasileños fue Yonatan Andrés S. (22), alías Yoni, quien tiene varios parientes en el SPP.
Precisamente, su madrastra se desempeñaba en el sector de requisa de la UP II, lo que generó innumerables suspicacias. Por ello, las autoridades del SPP ordenaron su inmediato traslado a otra dependencia, en tanto avanza la investigación judicial.