La crisis se profundiza y las respuestas no alcanzan

Una de las formas en que se manifiesta la crisis social es el avance sostenido de la violencia escolar. Desde hace más de tres décadas, estas situaciones se han vuelto cada vez más frecuentes dentro de las instituciones educativas, La problemática demanda respuestas integrales: las brindadas por el Estado resultan insuficientes y hacen recaer la responsabilidad sobre los propios docentes, sobreexigidos en sus obligaciones.

De 1990 a la actualidad

Durante la etapa de 1990-2001, se revelan como casos habituales actos de vandalismo, robos a las instalaciones educativas y enfrentamientos físicos y verbales entre alumnos, en los que los docentes intervienen para intentar separarlos y contenerlos. Los casos más extremos se expresan en agresiones con armas blancas entre los propios alumnos, ataques de estudiantes o padres a docentes, la explosión del automóvil de una maestra en Montecarlo, abusos sexuales hacia docentes e incluso el asesinato de una maestra en el patio de una escuela de Bernardo de Irigoyen (El Territorio, 16/03/2002:22). Según un informe del 2001, la recurrencia de estos hechos comenzaba a afectar de manera directa el normal desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes (El Territorio, 12/08/2001:6).

Ante esta situación, en el año 2001 el gobierno provincial impulsó la creación del Observatorio Provincial de Violencia en las Escuelas y sancionó la Ley para la Mediación Escolar (Ley VI- N°90), mediante el cual recomendó la capacitación de docentes en la mediación de conflictos, y estableció la creación de Gabinetes de Mediación y Técnicas de Resolución Alternativa de Conflictos Escolares. La ley trasladaba la responsabilidad principal a los propios docentes, quienes debían participar de talleres, incorporar medios de resolución alternativa, promover medidas pedagógicas y conformar los gabinetes.

Sin embargo, la legislación propuesta por el Ejecutivo no logró resultados significativos. La prensa local señalaba que, entre el 2001 y el 2015, los casos de inseguridad, vandalismo y violencia interna en las escuelas continuaron notificándose de manera reiterada. Se puede observar una escalada de casos entre los años 2007 y 2010, entre los cuales algunos fueron de extrema gravedad. Se destacan acontecimientos donde un estudiante fue con un revólver a clases en una escuela de Aristóbulo del Valle (El Territorio, 11/11/2007:11), episodios de peleas con armas blancas (El Territorio, 10/06/2009:6), la agresión de padres a maestras y situaciones con consecuencias letales, como el fallecimiento de un estudiante de 16 años tras ser apuñalado con un cortaplumas por otro a la salida de una escuela de Wanda (El Territorio, 14/5/2008:30). A este escenario se sumó otro flagelo, el consumo juvenil de Sustancias Psicoactivas (SPs), en que los docentes se veían obligados a intervenir, ampliando una vez más sus funciones más allá de lo pedagógico.

En este contexto, el gobierno provincial afrontó la problemática con la misma receta, delegando a los docentes la solución. Desde el 2005 se incrementó la capacitación de los docentes a través de talleres de mediación. En el 2008 se crea la Red de Prevención de la Violencia y Promoción de la Libertad Responsable. En el 2009 se incorpora la problemática de la violencia escolar como materia en las escuelas. Dichas políticas se consolidan a partir de la sanción de ley nacional 26.892 (“Ley para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad en las instituciones educativas”) en septiembre del 2013, cuando la violencia se convierte en un eje de trabajo en las escuelas y es abordada en todas las materias.

A pesar de la creación de estas herramientas legales, la violencia escolar siguió apareciendo en los medios de prensa como un tema frecuente. La falta de resultados para solucionar los conflictos escolares causó que las instituciones educativas se vieran obligadas a improvisar respuestas ante situaciones que excedían sus posibilidades y funciones. Entre ellas, se encuentran reclamos por presencia policial a la salida de los colegios de Montecarlo, donde, además, en 2013 se dispuso que los estudiantes utilizaran mochilas transparentes para prevenir el ingreso de armas blancas (El Territorio, 17/07/2013:2-7). Otras estrategias adoptadas consistieron en la modificación de los regímenes de convivencia y la realización de talleres de “prevención”, mecanismos que, en la práctica, trasladaban nuevamente la responsabilidad a los docentes. A pesar de estas medidas, un informe hecho por una ONG en 2014 advertía, a nivel nacional, sobre la persistencia e incremento de la violencia en el ámbito escolar, situándose Misiones entre las jurisdicciones con los índices más elevados.

Durante el período 2015-2026, los episodios de violencia escolar no solo persisten, sino que evidencian una tendencia creciente, con datos poco alentadores. En 2016, un informe de la organización Bullying Sin Fronteras ubicó a Misiones entre las provincias con mayores niveles de acoso escolar. En 2019, la situación alcanzó extrema gravedad, con casos como el ocurrido en Garupá, donde un preceptor fue apuñalado por un estudiante de 14 años tras haber repetido el año. Posteriormente, la irrupción de la pandemia no solo alteró las dinámicas escolares, sino que también dio lugar a nuevas formas de violencia, especialmente en el ámbito digital. A través de las redes sociales se registraron modalidades de agresión que complejizan aún más el escenario, ampliando los espacios y las formas en que se manifiestan estos conflictos.

No es una novedad, entonces, que se produzcan hechos tan lamentables como las amenazas de tiroteos. Estos episodios se inscriben en un clima social atravesado por la incertidumbre, la fragmentación y el deterioro de las condiciones de vida. Más aún, tienen lugar en una sociedad marcada por una conducción política que expresa y profundiza la crisis económica y el desgaste institucional que atraviesa la Argentina. Y, nuevamente, la respuesta del Estado nacional y provincial parece limitarse a la promoción de talleres de concientización o a la difusión de guías de prevención, delegando una vez más en las familias y en los docentes la responsabilidad de un problema que los excede.

Repensar el rol de la escuela hoy

La proclamación de principios como la inclusión, la permanencia y la equidad pierde sentido cuando no está acompañada por una asignación real de recursos humanos y materiales que permitan afrontarlos. En ese escenario, la escuela —ya tensionada por múltiples demandas— continúa sosteniéndose como puede frente a una realidad social que ofrece pocas perspectivas a los jóvenes y ante un Estado que exige resultados, supervisa y evalúa, pero no garantiza las condiciones necesarias para alcanzarlos. De allí surge, en gran medida, la sensación de desamparo que atraviesa a muchos docentes, frente a las responsabilidades que recaen sobre su tarea cotidiana. Se trata de una sensación compartida por miles de trabajadores de la educación que enfrentan desafíos similares.

Si se pretende comprender el fenómeno de la violencia escolar —y, sobre todo, construir una salida— resulta insuficiente recurrir a explicaciones reduccionistas. Es necesario partir de un diagnóstico más profundo: no se tarta de un fenómeno aislado, sino de una de las múltiples expresiones de la crisis educativa general y de un entramado social atravesado por tensiones y desigualdades. En este sentido, la degradación educativa se manifiesta en el debilitamiento de las relaciones pedagógicas, que dejan de estar mediadas por el conocimiento y el sentido formativo.

La escuela está limitada a cumplir con indicadores y estadísticas, mientras que los estudiantes la transitan con la expectativa, incierta, de obtener una acreditación para acceder a un mercado laboral precarizado.

En ese marco, la violencia entre estudiantes, entre estudiantes y docentes, e incluso entre familias y la institución escolar, no puede comprenderse como un hecho meramente conductual, sino como parte de un escenario más amplio que requiere respuestas integrales, sostenidas y estructurales, en lugar de intervenciones superficiales o delegaciones de responsabilidad.

Si se aspira a una solución de fondo frente a estos problemas, resulta imprescindible restituir a la escuela su verdadero papel formador. Pero eso sólo será posible en el marco de una transformación mayor, que permita recuperar condiciones de vida plenas para el conjunto de la sociedad. Se trata de reconstruir un horizonte en el que no solo estén garantizadas las necesidades materiales, sino también aquellas vinculadas al desarrollo del conocimiento y la participación crítica. En definitiva, avanzar hacia un proyecto social que ponga en el centro la vida humana en todas sus dimensiones.

Lucas Ruiz Moreno
Licenciado en Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales