“Es necesario pero no resuelve el tema”: apuntan fallas en pesquisas

El proyecto legislativo que apunta a modificar el Código Penal Argentino y agravar las penas por falsas denuncias “no va a terminar con el problema: va a ayudar a que se evidencie que lo que falla son las investigaciones”. Así lo sostuvo el perito psicólogo e investigador forense privado Pablo Soares de Lima, para quien la iniciativa “es necesaria en este momento”, aunque advirtió que la discusión central debería enfocarse en las falencias estructurales del sistema judicial argentino, especialmente en la calidad de las investigaciones.

Desde su experiencia en el ámbito pericial, Soares De Lima planteó que el sistema actual deposita expectativas que consideró desmedidas en la psicología, en detrimento de otras herramientas probatorias. “Hoy existe una ‘psicologización’ de la Justicia: se le ha otorgado a la psicología un poder mayor del que realmente tiene, y se esperan respuestas que no puede dar”, argumentó.

En ese sentido, fue contundente al desmentir la creencia de que un informe psicológico puede determinar si una persona miente. “Hay un mito instalado de que se puede ‘descubrir’ si alguien dice la verdad o no. Y eso no es así. La ciencia psicológica no puede hacerlo. No podemos saber si alguien miente con intención”, explicó.

El especialista diferenció además entre pericias psicológicas y psiquiátricas, dos herramientas que suelen confundirse en el ámbito judicial. “El psiquiatra se enfoca en la patología, en la enfermedad mental, generalmente a partir de una entrevista. En cambio, la pericia psicológica implica entrevistas más técnicas, cuestionarios y distintos instrumentos de evaluación”, detalló.

“Hoy en casi todas las causas penales se pide una pericia, tanto a sospechosos como a presuntas víctimas. Pero la pericia nunca es esclarecedora del hecho que se investiga. Lo que puede aportar es un perfil de personalidad o características de comportamiento, que después podrán vincularse o no con el caso”, amplió.

Cabe recordar que las pericias psicológicas no son obligatorias para las partes implicadas en un proceso penal. “La persona tiene que dar su consentimiento. El perito debe explicarle en qué consiste y puede negarse. Eso muchas veces no se tiene en cuenta”, observó.

El valor de los protocolos periciales

Otro de los ejes de su análisis estuvo puesto en lo que consideró una falta de rigor científico en muchas pericias.

“Para que tenga valor, una pericia debe ser multimétodo: no sólo una entrevista, sino también instrumentos psicotécnicos y psicométricos con validez y confiabilidad. Sin embargo, en el país, en la mayoría de los casos, eso no ocurre. Se utilizan métodos subjetivos, como entrevistas e interpretaciones de dibujos, sin respaldo numérico. Eso es riesgoso”, advirtió.

En esa línea, alertó sobre las confusiones frecuentes entre conceptos clave, como la mentira y la fabulación. “Fabular es un problema del pensamiento, en el que la persona no distingue entre fantasía y realidad, y ahí no hay intención de engañar. Eso sí puede detectarse. Pero la mentira implica una intención deliberada de engañar, y eso no se puede determinar en una pericia”, explicó.

Al referirse a las investigaciones en casos que involucran a niños, niñas y adolescentes, destacó el rol de la cámara Gesell, aunque aclaró que no se trata de una pericia psicológica. “Es una entrevista testimonial. Ahí se puede analizar el relato desde la psicología del testimonio, que estudia la memoria. Permite evaluar si lo que se dice se condice más con una experiencia vivida o con algo aprendido, pero tampoco puede afirmar si el hecho ocurrió o no”, cuestionó.

Sin embargo, advirtió que muchas de estas entrevistas se realizan sin los protocolos adecuados o fuera de tiempo. “El testimonio es extremadamente frágil y fácil de contaminar. Si no se siguen protocolos, como el NICHD, o si se toma la declaración meses después, pierde valor. La memoria se modifica con el tiempo, se agregan o se olvidan cosas, y eso no siempre se tiene en cuenta”, señaló.

También cuestionó que, en muchos casos, antes de la entrevista en Cámara Gesell, los niños sean derivados a tratamiento psicológico, algo que, según el perito, puede alterar su relato.

“Incluso con la mejor intención, esa intervención ya es contaminante”, dijo.

Para el especialista, estas deficiencias impactan directamente en la calidad de las investigaciones, que considera el principal problema del sistema. “En otros delitos investigan especialistas en criminalística. Pero en casos de abuso, muchas veces se recurre a profesionales que no son investigadores. Y la diferencia es clave: el investigador trabaja con hipótesis y evidencia; en estos casos, se busca trauma en lugar de analizar testimonios como corresponde”, sostuvo.

Lo que queda

Sobre las consecuencias de las falsas denuncias, Soares De Lima apuntó que quienes se ven afectados por eso atraviesan daños psicológicos “irreversibles”.

“Aunque la persona logre demostrar su inocencia, queda el estigma, la pérdida de vínculos, de trabajo, el temor permanente. Es una marca de por vida”, marcó.

Para el perito, el debate legislativo no debiera perder de vista el problema estructural. “Hoy hay víctimas reales que quedan invisibilizadas y también personas inocentes que terminan detenidas por malas pericias o malas investigaciones. El problema está en la calidad de las investigaciones. Las leyes pueden ayudar, pero si no se mejora eso, el riesgo de injusticias va a seguir existiendo en ambos sentidos”, sostuvo.