José Brítez, el docente misionero detenido por abusos sexuales en el Instituto Antonio Próvolo de La Plata, fue trasladado a la Ciudad de las Diagonales, donde seguirá el proceso que tiene en su contra. El hombre fue detenido el lunes, cuando salía de dar clases de un colegio céntrico en la localidad.
Según pudo reconstruir El Territorio en base a fuentes policiales involucradas en la investigación, el procedimiento se concretó el jueves cerca de las 13, cuando los efectivos de la Comisaría Primera entregaron al docente a sus pares de la Policía de Buenos Aires.
Como ya informó este medio oportunamente, la detención fue ordenada mediante un exhorto firmado por el magistrado Jorge Moya Panisello, a cargo del Juzgado de Garantías 2 en lo Penal del Departamento Judicial de La Plata, en el marco de la causa que instruye la fiscal platense Cecilia Corfield.
El misionero Brítez está imputado por los delitos de ‘abuso sexual simple agravado por su condición de guardador o educador; abuso sexual con acceso carnal en cinco hechos y corrupción de menores’. El hombre se había ido a la La Plata acompañado de un cura y con el tiempo pasó de profesor de Informática -misma materia que daba en la actualidad- a cumplir funciones como celador en la década del 90.
Según se pudo establecer, Brítez estaba desde hace doce años en Jardín América, tuvo hijos y dio clases a varias generaciones de chicos, en varios establecimientos. Incluso en otros institutos católicos.

Testimonio clave en su contra
Según publicó Infobae en la jornada de ayer, el testimonio de Daniel Sgardelis, una de las víctimas del Próvolo, permitió la detención del docente.
El hombre habló con ese medio y dio detalles del horror que sufrieron tanto él como otros chicos que allí vivían o se quedaban a dormir. “Voy a hablar del tema José Brítez, quien cuidaba los dormitorios y era profesor de Informática”, arrancó diciendo mediante un video filmado en Salta, donde vive.
“Las noches durante los días de semana eran terribles. Había violaciones y abusos. Era un tema terrible, no tengo palabras para describirlo”, señaló, al tiempo que también reveló que sufrió golpes y castigo por el director del instituto. Los abusos, añadió, se multiplicaron por años en el baño y la habitación.
En la misma publicación se refleja la declaración de Sergio Salinas, abogado de Sgardelis, que pertenece a Xumek, la organización de derechos humanos que participa como querellante y asesora a la gran mayoría de las víctimas en Mendoza y explicó por qué fue tan difícil para Daniel denunciar a sus abusadores.
Otra vez, la causa radica en su paso por el instituto religioso. Daniel se expresa a través de WhatsApp, luego en un video con lenguaje de señas, tiene un discurso quebrado de frases incompletas. El defecto en la comunicación no es suyo, sino una consecuencia del método de enseñanza en el Próvolo, algo común en varios ex alumnos. No enseñarles a hablar a sus víctimas garantizaba que no pudieran denunciar.
“El factor primario es que el Próvolo tiene como característica educativa fomentar el oralismo en los estudiantes sordos: es decir, que la persona con discapacidad tenía que asemejarse a los hablantes. Como no podían hacerlo, los ponían a hacer oficios: pastelería, metalúrgica”, señaló Salinas.
“Y todos comparten una característica: los abusados no saben lengua de señas y sus padres tampoco, por lo tanto no tenían forma de comunicarse, no podían denunciarlos. Y secundariamente, además, elegían a los que estaban o muy alejados de su familia, o no la tenían”.
De esta manera, muchas de las víctimas que denunciaron, ya de adultos, en ambas causas tienen muchas dificultades para comunicarse y declarar ante la Justicia. La mayoría lo hace en lengua de señas (con un interprete personal y otro de control) que algunos incluso aprendieron hace muy poco. Y más allá de eso, el idioma escrito es, para algunos, imposible. 

Los sacerdotes involucrados en la investigación

En el marco de esta causa hay dos sacerdotes involucrados. Uno de ellos es Nicolás Corradi, quien ya está privado de su libertad por delitos similares en Mendoza, mientras que el otro es Eliseo José Primatti, que actualmente reside en un asilo de ancianos en Italia.
Para la Justicia, está probado que el misionero trabajó con ambos cuando existieron hechos abusos y en donde Corradi fue la máxima autoridad desde 1970 hasta 1997.
Corradi está acusado de abuso sexual simple agravado por su condición de ministro del culto católico y encargado de la guarda por el grave daño en la salud de la víctima y reiterado cuanto menos en tres hechos y abuso sexual con acceso carnal agravado reiterado por lo menos cinco hechos en su calidad de partícipe necesario.
Por su parte, Primatti está imputado de abuso sexual simple agravado por su condición de culto religioso en al menos tres hechos, exhibiciones obscenas y promoción de facilitación de la corrupción de menores agravada.
El juez Panisello señaló que “a la fecha de los delitos, las víctimas no sólo eran menores de edad sino incapaces en razón de su condición de sordomudos, lo que los convertía en niños indefensos, algunos de ellos sin familia contenedora”.
La investigación llevada adelante por la fiscalía especial de Corfield inició esta investigación a fines de 2016, luego de que se conocieran que Corradi y Horacio Cobacho, detenidos por los casos de abusos en el Próvolo de Mendoza, también habían.