Elevan a juicio la causa por vejaciones contra un excomisario de Capioví

El expediente judicial que investiga el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico por hechos de vejaciones en perjuicio de un conocido escribano de Capioví que denunció a principios de abril de 2020 -durante los meses de aislamiento por el Covid 19- haber sufrido apremios psicológicos y tratos humillantes por parte de un excomisario de esa localidad, tuvo novedades importantes durante los últimos días.

Y es que el titular del mencionado juzgado, el juez Manuel Balanda Gómez, dispuso la elevación a juicio del caso al cumplirse exactamente cuatro años de los hechos denunciados por la víctima.

El uniformado apuntado en este caso es Luis Salazar, efectivo policial a quien la Justicia investiga en otro expediente instruido por el mismo juzgado y que lo tiene en la mira por la supuesta comercialización de motopartes de vehículos judicializados.

Justamente, por este último caso, en su momento se realizaron varios allanamientos en donde tuvo intervención la Gendarmería Nacional (GNA).

En relación al expediente iniciado por la denuncia del escribano de Capioví, la novedad de la elevación se conoció a finales de esta última semana y la defensa del imputado ya fue notificada de lo dispuesto por el magistrado interviniente.

Por este caso, una de las últimas novedades que publicó este matutino tuvo que ver con el rechazo al pedido de falta de mérito que en su momento había solicitado el fiscal de Puerto Rico, Héctor Simon y por el cual el juez Balanda Gómez planteó su disconformidad ante el planteo del representante del ministerio público fiscal.

Ante esta cuestión, el expediente recayó en manos del fiscal del Tribunal Penal Dos de Posadas quien tras analizar las actuaciones realizadas en el caso ratificó el pedido de cierre de instrucción del caso dispuesto por el juez. Y a la vez, desestimó el pedido de falta de mérito solicitado por la fiscalía.

A partir de ello, los cuerpos del expediente cayeron en manos del fiscal subrogante Jorge Fernández, de la Fiscalía de Jardín América, quien fue el encargado de elaborar el nuevo pedido de elevación a juicio del caso.

Fuentes consultadas por este matutino indicaron que a lo largo de la investigación se encontraron elementos para acreditar que el imputado se manejó de manera coactiva y prepotente durante el operativo en cuestión. Lo que se consideró un claro exceso del ejercicio de sus funciones como funcionario público y que derivaron en los distintos tratos humillantes narrados en la denuncia inicial.

Por otro lado, durante la instrucción del caso, el acusado declaró en audiencia indagatoria y se colocó en el citado operativo el día y hora que denunció el escribano. Aunque planteó otro escenario totalmente distinto a los dichos de la víctima y negó haberse manejado de forma violenta.

Pero en medio de las pesquisas, resultó clave para el caso el aporte de las imágenes de una cámara de seguridad de la zona que captaron el accionar del imputado y de los otros efectivos que lo acompañaban ese día. Sumado al aporte testimonial de un amigo del denunciante que también dio su versión de cómo fueron los hechos.

“Tratos humillantes”
Según consta en la causa, el damnificado es un conocido escribano de Capioví que el 16 de abrilde 2020 fue demorado por el excomisario por, en teoría, asistir a su estudio particular y no respetar la prohibición de quedarse en su vivienda en aislamiento obligatorio en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Según el profesional, en primera instancia lo arrojaron contra la camioneta y durante todo el camino a la dependencia lo insultaron.

En medio de los improperios, afirmó que uno de los uniformados le apoyó sus genitales mientras estaba boca abajo y añadió que durante las dos horas que estuvo en la comisaría sufrió distintos tratos humillantes por parte de Salazar.

Incluso trascendió que al escribano lo obligaron a pedir perdón por lo ocurrido antes de ser liberado.“Cuando salí de la comisaría salí llorando. Y cuando lo recuerdo no puedo contener el llanto”, recordó durante su declaración el damnificado sobre el traumático momento que dijo haber vivido por parte de los policías.

Por otro lado, en caso de que en instancia de debate oral el acusado sea declarado culpable podría recibir penas que van desde los 2 hasta 6 años de cárcel.

En cifras

6 En caso de ser declarado culpable en instancia de juicio, el acusado podría recibir penas que van desde los 2 a los 6 años de cárcel.

Venta de partes de motovehículos secuestrados en su comisaría

Además de la denuncia por tratos humillantes contra Salazar, también el exjefe policial es investigado por la presunta comercialización de motovehículos que estaban secuestrados dentro del predio de la comisaría de Capioví. Causa que se inició en abril de 2020.

Por este hecho, en agosto de ese mismo año y tras el pago de una caución real, Salazar accedió a la excarcelación, medida que fue otorgada desde el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico.

Desde el juzgado se le dispuso también una prohibición de acercamiento, tanto a los denunciantes como a los propietarios de los talleres en donde fueron encontrados algunos de los vehículos que habían sido retirados de la comisaría.

Salazar está acusado de incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y sustracción de elemento de prueba.

Por este hecho, se hicieron varios allanamientos por parte de la Gendarmería Nacional (GNA) en la propia comisaría, en la vivienda del uniformado y en otros puntos de las localidades de Capioví y Puerto Rico.

Por esta pesquisa, fuentes de la causa indicaron que el expediente se encuentra avanzado, aunque restan algunos puntos por definirse.