Nuevo frente judicial complica a Macri y a varios funcionarios

Un nuevo frente judicial complica al presidente Mauricio Macri y varios de sus funcionarios por un posible conflicto de intereses entre el Gobierno y una empresa vinculada a la familia presidencial, presunto fraude a la administración pública y tráfico de influencias.
Esta vez no es Correo Argentino SA, pero las acusaciones se repiten y ya activaron una causa penal en los tribunales federales.
El caso se centra en la decisión del Gobierno de renegociar los contratos de concesión de dos autopistas con la compañía extranjera Abertis y sus socias y reconocerles deudas millonarias.
El conflicto con las concesionarias de autopistas nació con la crisis de 2001 por la pesificación y el congelamiento de las tarifas de peaje. Con dos de las concesionarias, el Estado llegó a un arreglo durante el kirchnerismo, pero tanto Autopistas del Sol SA (Ausol, acceso norte) como el Grupo Concesionarios del Oeste SA (acceso oeste) rechazaron las propuestas del Estado en aquel entonces.
Cuando Abertis presentó la demanda todavía era socia de Sideco (principal empresa de los Macri) en Ausol. La empresa de la familia presidencial tenía el 7% de las acciones de la concesionaria. Las vendió en 2017. Hay un punto central que el juzgado debe analizar, de acuerdo a fuentes con acceso directo al expediente: ¿qué posibilidades tenía realmente la concesionaria vinculada a los Macri de ganar un juicio en el Ciadi?”. Las respuestas a estas preguntas son la clave del próximo frente judicial de Macri y sus funcionarios.