Las redes sociales y un problema que no es generacional sino político
Desde 2009, cuando Barack Obama transformó su campaña presidencial en un caso paradigmático del uso político de internet, las redes sociales dejaron de ser un complemento de la comunicación electoral para convertirse en un escenario central. Lo que entonces parecía una innovación tecnológica terminó redefiniendo la relación entre dirigentes y ciudadanos, ya que la política descubrió que podía hablar de manera directa con la gente, sin intermediarios, sin filtros y sin tiempos muertos.
Con los años, ese uso se profesionalizó. Aparecieron consultores digitales, equipos especializados y estrategias cada vez más sofisticadas para disputar la atención en un espacio que se volvió tan influyente como impredecible. También, como suele pasar en este tipo de actividades, aparecieron muchos vendedores de humo. Al mismo tiempo, las redes dejaron de ser una extensión de la calle para convertirse, en muchos sentidos, en la nueva plaza pública. En este entorno digital se discute, se reclama, se celebra, se condena y se construyen climas de época. Esto quien mejor lo entendió en el último tiempo fue el presidente Javier Milei, que desde esta plaza pública llegó a la Casa Rosada.
En este contexto, la tentación de los dirigentes de intervenir permanentemente en ese espacio es enorme. Y los filtros para evitar que lo hagan cuando no es necesario no dan abasto. Es que las redes funcionan con una lógica de inmediatez que empuja a reaccionar rápido, a opinar sobre todo, a estar siempre presentes en la conversación. La presión por no quedar afuera de la agenda digital puede llevar a que muchos políticos sientan que deben pronunciarse sobre cualquier tema que esté circulando.
Y ahí aparece el problema.
No todo lo que ocurre en la vida pública puede o debe ser convertido en contenido para redes sociales. La lógica de esas plataformas —breve, emocional, instantánea— no siempre es compatible con la complejidad que requieren ciertos temas. Mucho menos cuando se trata de asuntos sensibles, que afectan la intimidad, la salud o la dignidad de las personas. Ahí deben aparecer los límites.
Durante años se instaló la idea de que el mal uso de las redes sociales por parte de la dirigencia política tenía que ver con una cuestión generacional. Dirigentes mayores que no comprendían los códigos del mundo digital o jóvenes que crecieron con el celular en la mano y que, por lo tanto, supuestamente sabían manejar mejor ese terreno. Pero la evidencia demuestra lo contrario. El mal uso de las redes sociales en política no es una cuestión generacional. Es una cuestión política. No depende de la edad de quien publica, sino de la comprensión —o la falta de comprensión— de lo que significa ejercer una responsabilidad pública en un espacio donde cada palabra tiene un alcance potencialmente masivo. Gobernar o representar a la sociedad implica entender que no todo se puede decir, que no todo se puede exponer y que no todo puede transformarse en material para una publicación.
Esto lo exige la misma sociedad. Volviendo al ejemplo del Presidente de la Nación, muchas de las publicaciones que se le celebraban antes del 10 de diciembre del 2023, por sus formas y contenidos, hoy son rechazadas por buena parte de la comunidad digital. Hoy está en un punto en el que sus arrebatos sólo son celebrados por un grupo minúsculo de séquitos digitales. Lo muestran las estadísticas de tendencia y clima digital, que desde hace algunos meses le resultan negativas.
Las redes sociales, por su naturaleza, tienden a reducir los matices. Allí se busca la frase contundente, la reacción inmediata, la simplificación extrema. La política, en cambio, debería aspirar exactamente a lo contrario, a explicar, contextualizar, cuidar las palabras y comprender el impacto que pueden tener. Por eso el desafío no es aprender a usar una plataforma o dominar un algoritmo. El verdadero desafío es político y ético. Es entender que las redes no son solo un canal de propaganda ni un escenario para ganar visibilidad. Son, hoy, un espacio real de la vida social. Lo que allí se dice no queda encerrado en una pantalla. Circula, se reproduce, se amplifica y puede afectar de manera concreta a personas de carne y hueso. En ese sentido, la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos debería ser incluso mayor que en otros ámbitos de comunicación.
Durante siglos, la política se expresó en plazas, parlamentos y actos públicos. Cada uno de esos espacios tenía reglas implícitas sobre qué se podía decir, cómo decirlo y en qué circunstancias hacerlo. Las redes sociales, en cambio, parecen haber suspendido esas reglas. Quizás sea momento de recuperarlas. No para limitar la discusión pública, sino para recordar algo elemental, que la comunicación política no consiste sólo en hablar, sino también en saber cuándo callar. Y, sobre todo, en comprender que detrás de cada tema que se convierte en tendencia hay personas reales, con historias reales, cuyas vidas no deberían transformarse en un episodio más del ruido digital.
