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El Consejo Nacional de la Vivienda elevó reclamo al gobierno nacional

Reclamo a Nación

Son las que están en etapa de finalización y otras 276 viviendas con hasta un 30% de avance. Como ocurre en el país, están paralizadas por freno a la obra pública
miércoles 10 de abril de 2024 | 6:05hs.

Procurarse financiamiento para la continuidad de las obras de viviendas, es lo que plantearon desde Nación a las provincias, en un encuentro del Consejo Nacional de la Vivienda. De esta manera el gobierno de Javier Milei se desentiende de continuar con obras que en algunos casos están a punto de finalizar.

La primera sorpresa de los asistentes fue la ausencia en el encuentro del secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda del Ministerio de Economía, Rodrigo Aybar Perlender. Es lo que manifestó el empresario Alberto Squillaci, quien, en diálogo con El Territorio, repasó los temas abordados en la asamblea del Consejo Nacional de la Vivienda llevada a cabo el 5 de abril en la ciudad de La Plata.

De ese encuentro surgió un documento donde piden “garantizar la continuidad de los contratos firmados con las empresas. Solicitamos el cumplimiento de los pagos de certificaciones de obra que llevan como mínimo cuatro meses de atraso a la fecha, todo esto a efectos de recuperar las ecuaciones económicas financieras de los proyectos y los más de 150 mil empleos directos perdidos a la fecha, registrados en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric) distribuidos en todo el país”.

De este total de empleados afectados por la paralización de la construcción de viviendas, en el caso de Misiones, se perdieron alrededor de 5.000 puestos de trabajo y están afectados alrededor de un centenar de empresas constructoras que tienen contratos con el Iprodha (Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional de la Provincia de Misiones). Es el dato aportado por el presidente del Iprodha, Juan Carlos Pereira, que fue uno de los firmantes del documento en donde expresan “la preocupación respecto a diferentes variables referidas al desarrollo territorial, vivienda y hábitat, el mercado laboral, el funcionamiento de las economías regionales y la industria de la construcción”.

En ese escrito plantean: “Podemos visualizar objetivamente que transcurrido el primer trimestre del año y luego de que la problemática advertida se empiece a hacer realidad ratificamos lo solicitado razón por la cual consideramos necesario, como prioritario y estratégico: garantizar la continuidad de los contratos firmados con las empresas”.

Además de los pagos requeridos y la cantidad de mano de obra que quedaría definitivamente desocupada, sostienen que “son empleos directos y que en este número no están cuantificados los indirectos que esta actividad de construcción de viviendas genera en otros ámbitos de la economía”.

Al respecto Alberto Squillaci, participante del encuentro y el fundador de la empresa Hormicón SRL, indicó que “está en juego tanto la mano de obra -que brinda el sector- como todo lo que se mueve alrededor de la construcción, que tiene más de 70 industrias bases y la generación de puestos de trabajo”. Dio como ejemplo lo que puede pasar en una pequeña localidad como en Piray Kilómetro 18, cuando se construye una escuela y otro edificio público, “genera gran movimiento económico alrededor desde una ferretería a un almacén”.

Por eso, lamentó esta situación en la que dijo “estamos desprotegidos desde Nación”.  Añadió que la gestión nacional actual, “tiene algunas ideas diferentes a lo que el país viene desarrollando en políticas de viviendas”.

Con presupuesto del 2022

Luego destacó que el futuro de las obras licitadas en el país, está en riesgo de continuidad e indicar que en planes de casas propias en total ascienden a 56 mil y Procrear otras 17 mil. Todas están paralizadas a lo largo del país. Además, el empresario aporta otro dato. Cualquier continuidad de obras están basadas en el presupuesto aprobado en 2022, aplicado en 2023 y que se extiende este año, lo que implica unos 168 mil millones de pesos y sin actualización para el presente ejercicio.

“El planteo de la Secretaría de Viviendas y Hábitat es que las provincias tienen que hacerse cargo de la ejecución de las obras de viviendas, buscar financiamiento y resolver el problema. Porque la Nación no tiene medio para afrontar lo que estaba en ejecución”, añadió Squillaci.

“Las obras licitadas de viviendas, -salvo en Misiones las 2020 con fondos provinciales-, todas están por convenio Nación/provincias. Por eso, envían los fondos y los certificados a las empresas y la provincia debe aportar con infraestructura que representa entre 30 a 40% de cualquier obra. Lo que aporta la provincia es un número interesante”.

Allí insistió que la Nación pide que “las provincias busquen la forma de financiar las viviendas. Desde octubre de 2023 no se cobró más y se trabajó hasta diciembre”.

En definitiva, según el empresario, “Nación no quiere poner dinero en los emprendimientos”, en referencia a las viviendas que estaban en marcha en Misiones, donde este empresario se encontraba ejecutando algunas tanto en Posadas como Oberá.

Así como están paralizadas las obras de viviendas, del mismo modo no se están ejecutando obras nacionales referidas a la provisión de agua potable, cloacas, obras eléctricas-como tendidos eléctricos- y viales.

Respecto a lo que está haciendo el gobierno de Misiones en este contexto añadió “la provincia está haciendo el mayor de los esfuerzos para buscar el camino de reactivar con recursos propios”.

Pero, como se conoció, están también limitados por los recursos propios.

El empresario adelantó que, no obstante, la administración provincial “está armando un programa para salir a trabajar nuevamente”

Finalizar obras avanzadas

En tanto, el presidente del Iprodha, Juan Carlos Pereira, detalló lo solicitado a través del Consejo Nacional de la Vivienda.

Se requiere “ratificar la necesidad de generar políticas públicas a efectos de la no paralización de las obras con su consiguiente deterioro, riesgo de usurpación y vandalización. Todo esto con la intención de proteger la inversión pública nacional en este tipo de proyectos que ya cuentan con un importante grado de avance y están pendientes de finalización”, según el documento que contiene también la firma de Pereira.

Consideró que antes de la paralización total de las obras que se venían ejecutando, debería haber habido “una política de transición, que es lo que estamos bregando”.

Acompañando

Específicamente sobre Misiones, recordó que ante la falta de recursos enviados desde Nación, “nosotros estamos trabajando con fondos provinciales apuntalando y acompañando las inversiones que teníamos en viviendas, pero ralentizado ante esta situación”.

También señaló que se intenta avanzar con la infraestructura correspondiente para hacer entrega de las viviendas, aquellas próximas a finalizar. “Porque también corre en riesgo la inversión ejecutada, como el caso de Misiones donde tenemos 1.449 viviendas próximas a finalizarse, que además debemos resguardar y solucionar el problema habitacional de las familias”.

Indicó que con un grado de avance entre 15% a 30% , hay un total 1.363 viviendas e iniciado en diciembre 276 viviendas.

Consultado sobre el impacto que representó la paralización de obras públicas en el país, señaló “estimamos en la provincia que se perdieron alrededor de 5.000 puestos de trabajo y alrededor de 60 a 70 empresas relacionadas que hacen obras de infraestructuras y equipamiento superamos las cien empresas”. 

La construcción registró baja del 24,6% en febrero según el Indec

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