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Se tratará en el Congreso en sesiones extraordinarias

Milei envió la ley ómnibus: le da superpoderes durante dos años

El Ejecutivo envió ayer al Congreso un proyecto con 664 artículos que suman más reformas al Estado y desregulaciones a las ya establecidas en el reciente DNU

jueves 28 de diciembre de 2023 | 6:06hs.
Milei envió la ley ómnibus: le da superpoderes durante dos años
Guillermo Francos entregó ayer a Martín Menem el proyecto de ley ómnibus.
Guillermo Francos entregó ayer a Martín Menem el proyecto de ley ómnibus.

El presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación el proyecto de ley ómnibus, que contiene 664 artículos que suman más reformas en el Estado y desregulaciones a las ya establecidas en el reciente DNU, y que será tratado durante las sesiones extraordinarias. En el nuevo paquete se busca nutrir de superpoderes al presidente para que pueda tomar decisiones que son pertinentes al Congreso, sin la necesidad de que pase por allí.

“Se propone que el Congreso haga efectiva la delegación legislativa prevista en el artículo 76 de la Constitución Nacional, declarando la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025”, indican los considerandos del proyecto de ley.

La delegación legislativa podrá ser prorrogada por dos años más, hasta 2027, lo que implica la totalidad del mandato de Javier Milei.

Muchos cambios

Ayer se conoció que el proyecto que envió el presidente Javier Milei al Parlamento impulsa los juicios por jurados en materia penal y establece que los magistrados deberán usar toga negra y martillo para la conducción de los debates.

De acuerdo con la iniciativa, serán obligatoriamente juzgados por jurados todos los delitos que en el Código Penal y las leyes complementarias que tengan prevista una pena máxima en abstracto mayor a los cinco años de prisión o reclusión. En el artículo 52 del proyecto, incluido en un anexo y referido a las “facultades del juez técnico”, se establece que “el debate será dirigido por el juez que resulte designado, quien ejercerá todas las facultades de dirección, policía y disciplina del Código Procesal Penal Federal. El juez o jueza vestirá toga negra y usará un martillo para abrir y cerrar las sesiones o cuando resuelva una incidencia”. El jurado estará integrado en todos los casos por doce miembros titulares y, como mínimo, por dos suplentes y será dirigido por un juez. El panel de jurados titulares y suplentes deberá estar obligatoriamente integrado por mujeres y hombres en partes iguales, quienes deberán residir en la circunscripción judicial donde se produjo el hecho.

Pero, cuando un hecho hubiera conmocionado a una comunidad de tal modo que no pudiera obtenerse un jurado imparcial, el juez podrá disponer, que el juicio se lleve a cabo en una diferencia circunscripción judicial.

El fin del Inadi

El Gobierno nacional propuso también ayer al Congreso la eliminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) mediante un artículo que impulsa la derogación de la ley que lo creó en julio de 1995.

A través del artículo número 348 del apartado de Justicia de la denominada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, el Poder Ejecutivo expone la derogación de la Ley 24.515 que tenía por objeto la creación Inadi como entidad descentralizada y que durante la gestión pasada se ubicó bajo la órbita del entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.


Poder para vender empresas

Uno de los puntos que plantea la ley ómnibus es que declara sujeta a privatización las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado, entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Aysa, Banco Nación, YPF, y los medios públicos Canal 7, Radio Nacional y Télam. En ese sentido señala que se “faculta al Poder Ejecutivo nacional a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en toda empresa privada, que no le otorguen la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de tales entidades, para lo cual se aplicarán en lo pertinente los procedimientos previstos en el Capítulo II de la Ley N° 23.696”.


Algunos de los cambios a implementar

Se declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.

Dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años.

Delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo en las materias a las que se declaró en emergencia.

Se ratifica el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica 70/23 que firmó el presidente Javier Milei la semana pasada.

Se pide autorización para privatizar 41 empresas públicas entre las que figura Banco Nación, YPF, Aysa, Aerolíneas Argentinas y la agencia de noticias Télam.

Se suspende la fórmula previsional utilizada para actualizar los haberes de los jubilados y se establece que el Gobierno dará aumentos por decreto.

Se establecen sanciones de prisión para los organizadores de protestas que corten calles o rutas o obstaculicen el espacio público.

n También tendrán penas quienes generen disturbios y daños durante las manifestaciones, siempre que no estuvieren previstos en otros tipos penales.

Se concentra en un solo régimen el sistema nacional de contrataciones públicas.

El proyecto establece criterios para la transparencia en las concesiones, los mecanismos de monitoreo, arbitraje y extinción de las concesiones.

Los empleados públicos que realicen protestas sufrirán el descuento en sus salarios.

Se prevén los instrumentos legales para llevar adelante la reorganización de la Administración Pública nacional y se habilita a eliminar reparticiones cuya finalidad replica la de otros organismos o incluso de la justicia, como el Inadi.

Se dispone el pase a disponibilidad de los empleados estatales cuyos cargos sean eliminados por la reestructuración del Estado y se les pagará el sueldo durante 12 meses hasta su desvinculación.

Se propone la eliminación de las Paso y las primarias las tendrá que hacer cada partido político.

Se propone la eliminación de las listas sábanas estableciendo un sistema de elección de diputados nacionales con base en circunscripciones uninominales.

Se propone que, para el financiamiento de las campañas, los partidos políticos deberán crear una cuenta corriente única por distrito en donde se deberán depositar los fondos del partido político.

Se propone eliminar las elecciones Paso

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